Lo contó el propio Mauricio Macri en una reunión con colaboradores del gabinete económico: Cristina Kirchner sigue llamando a diputados y senadores para endurecer el perfil opositor de las bancadas del Frente para la Victoria.

Tanto para Macri como para sus interlocutores lo llamativo es que haya legisladores que sigan acatando las órdenes de la expresidenta, más allá del núcleo de ultras que ella misma ubicó estratégicamente en las listas del FPV.

Tal como dio cuenta Agencia NA, uno de las últimas intervenciones de Cristina desde El Calafate fue en la Comisión Bicameral del Congreso encargada de dictaminar sobre los DNU presidenciales, cuerpo para el que pidió con éxito que la camporista Anabel Fernández Sagasti reemplazara a Pedro Guastavino.

Esa comisión está repartida en ocho legisladores por el nuevo oficialismo y ocho por la oposición y todavía no pudo acordar su conducción. Los del Frente para la Victoria, camporistas o de provincias no gobernadas por el PJ, responden a Cristina Kirchner.

Precisamente, la dama de hierro argentina se afirma en el estado de virtual acefalía del PJ, donde aquellos legisladores que no tienen a un jefe político al que responder siguen acatando sus directivas por las dudas de que termine conduciendo al peronismo fuera del poder o para evitar una fractura anticipada.

En el partido fundado por Juan Domingo Perón no todos están dispuestos a seguir bajo la conducción férrea de Cristina y ya se prevén divisiones como ocurrió en el Senado bonaerense.

El más claro en esa oposición es el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien advirtió que si la exmandataria quiere continuar liderando al partido deberá ir a internas.

En principio, el PJ convocó a un congreso partidario en febrero para definir la fecha de elecciones -sería a mediados de abril- en las que podrían votar todos los afiliados.

Con la duda sobre qué hará la ex jefa de Estado, Urtubey y Jorge Capitanich -ahora intendente de Resistencia- aparecen como aspirantes al cetro. Daniel Scioli, como Cristina, tampoco está dispuesto a aceptar una jubilación política anticipada.

Muchos dirigentes plantearon la necesidad de que el nuevo PJ integre a todas las vertientes, incluyendo a José Manuel de la Sota, Sergio Massa y los gobernadores Mario Das Neves (Chubut) y Carlos Verna (La Pampa), enemistados con el kirchnerismo.

Macri satura la agenda

Macri mira con atención este proceso, sabiendo que la oposición del PJ puede ser más dura o más dialoguista de acuerdo con quien se erija en conductor. Mientras tanto antagoniza todo lo que puede con la etapa precedente.

La cruzada económica, especialmente la salida del cepo cambiario, salió inicialmente como esperaba. Todavía hay una pulseada en ciernes para evitar que la devaluación se traslade lo menos posible a precios y que luego las paritarias no terminen por moldear una caída del poder adquisitivo de los salarios.

Los gremios están en guardia. No se vislumbra un escenario de conflictividad manifiesta, pero tampoco parece sencillo el acuerdo social entre empresarios y sindicalistas al que el Gobierno apuesta para controlar la inflación y lograr cierta estabilidad económica en su primer año en el poder.

El conflicto con los trabajadores de la avícola Cresta Roja puso a prueba al nuevo elenco gubernamental. Por un lado intervino para dar contención a los 3.200 empleados que quedaron sin paraguas, pero por otro liberó con represión el acceso al Aeropuerto de Ezeiza que los manifestantes mantenían cortado.

Cresta Roja es el reflejo de la peor herencia K. Creció al calor de acuerdos opacos con Venezuela y luego se mantuvo con subsidios oficiales sin control.

Ahora, la solución pasa por la absorción de la marca declarada en quiebra por parte de otra empresa del sector. El Gobierno de Cambiemos ya dijo que no habrá más financiamiento público.

Mientras, la nueva administración busca hacer pie en una cuestión sensible: la de los cortes de ruta. La ministra Patricia Bullrich dijo que trabaja en un protocolo para que un derecho a la protesta no colisione con el de circulación. Es un reclamo histórico de un sector importante de la sociedad, pero no deja de ser riesgoso sobre todo porque a la hora de reprimir suele haber excesos por parte de las fuerzas encargadas de hacerlo.

La avanzada macrista contra el legado K alcanzó a la autoridad de aplicación de la Ley de Medios, AFSCA, después de que su titular, Martín Sabbatella, se negara a dejar el cargo, amparado en la ley que descentralizó su funcionamiento del Ejecutivo.

La pelea configura el reino de la hipocresía. El cristinismo se ampara en una ley que aplicó de manera arbitraria desde su sanción y Macri, supuesto custodio de la institucionalidad perdida, actúa con un decreto para intervenir el organismo por encima de una norma votada por el Congreso.

El ariete para avanzar judicialmente sobre la AFSCA fue el fiscal federal Carlos Stornelli, quien tiene una relación con el macrismo por haber sido jefe de Seguridad de Boca Juniors e imputó a Sabbatella por "abuso de autoridad".

Stornelli, además, pidió esta misma semana al juez Daniel Rafecas una serie de medidas para reactivar la causa Hotesur, que involucra seriamente a la ex familia presidencial.

A partir de estos movimientos, el kirchnerismo le cuestiona a Stornelli lo mismo por lo que el macrismo pide la renuncia de su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó: falta de imparcialidad.