El FPV sigue insistiendo en victimizarse. Lo hacía ya Cristina Fernández cuando controlaba prácticamente todos los resortes del poder y los usaba para perseguir y silenciar al periodismo independiente. Es lógico que dicha estrategia patológica persista cuando sus ejecutores han pasado a ser oposición.

Desde el punto de vista del pluralismo, lo correcto es que en una sociedad haya diversidad de opinión. Pero no una diversidad inflada artificialmente desde el Estado, con recursos públicos, para favorecer a los que opinan de una manera o adhieren a determinada ideología. Este tipo de diversidad esconde una discriminación (el uso arbitrario y partidista de los fondos públicos) y por eso no es sustentable y es autoritaria. Se trata en verdad de una diversidad artificial y pasajera, que es parte de un proceso de distorsión que, prolongado en el tiempo, acaba en censura completa.

Por eso en Venezuela hoy en día los opositores no tienen prácticamente ninguna presencia en los medios. También es a causa de ello que en Santa Cruz, luego de que Néstor Kirchner fuera gobernador durante 12 años, en 2003 ya no quedaban voces disidentes en pie y los medios pertenecían a testaferros del gobierno o al Estado.

El FPV discriminó sistemáticamente a los medios independientes o críticos desde el mismo instante en que asumió la conducción del Estado nacional. Lo hizo primeramente a través de una distribución arbitraria y extorsiva de la pauta oficial, incluso desoyendo a la Corte. Esto permitió que una ideología autoritaria como el neomarxismo populista, que era enarbolada por el kirchnerismo como excusa para concentrar abusivamente el poder, tuviera una sobre-representación en el sistema de medios.

Algunos dirán, ¿cómo va a tener una sobre-representación la ideología del partido que había ganado las elecciones? Pues si no fuera así esa ideología no necesitaría fondos públicos ilegítimos y hostigamiento hacia el periodismo independiente para poder tener el espacio correspondiente en la prensa. Además, el gobierno nacional nunca escatimó el uso arbitrario y partidista del aparato público para inflar el resultado de las elecciones a su favor y está sobradamente comprobado que la mayoría de la población no suele votar con criterios ideológicos. A esto hay que agregarle que Néstor Kirchner accedió al gobierno por primera vez, y al manejo discrecional del Estado, con el 22% de los votos, apoyado por Duhalde y su aparato clientelar y con un discurso moderado y republicano que, a partir de 2005, cuando pudo plebiscitarse y adquirir poder político propio, contradijo sistemáticamente con su accionar gubernamental.

Si a la enorme mayoría del pueblo los periodistas y programas oficialistas no le resultaban atractivos o creíbles y los mismos sólo podían sostenerse con favores y tratamiento privilegiado de parte del Estado, entonces no había pleno pluralismo ni completa libertad de expresión. Y este proceso de distorsión del sistema de medios, por su propia tendencia y fundamentos autoritarios, en caso de prolongarse hubiera generado en la Argentina lo mismo que esa misma ideología y metodología produjo en su momento en Venezuela y en Santa Cruz: la ausencia total de prensa independiente. Recordemos que de no ser por la cautelar avalada por la Corte, que detuvo la adecuación de oficio, el Grupo Clarín ya hubiera sido desguazado.

Lo que ocurre ahora en Argentina es que el proceso autoritario de distorsión del sistema de medios por parte del FPV está empezando a revertirse debido al resultado de la última elección presidencial. Es decir, la privilegiada prensa kirchnerista está empezando a perder sus privilegios, y a tener que ganarse sus espacios a fuerza de trabajo, esfuerzo y credibilidad, como debió haber sido siempre. Su alineamiento incondicional durante años no la ayuda. La credibilidad se construye de a poco, día a día, pero se pierde de un día para el otro. En muchos casos van a tener que arrancar desde abajo.

Es natural que, en este marco, la prensa kirchnerista pierda espacios como está ocurriendo. Los empresarios sin escrúpulos que en su momento le dieron posiciones exageradas en función de su rating porque esperaban recibir a cambio cuantiosas y desproporcionadas sumas de dinero de parte del gobierno nacional, están haciendo lo que siempre hicieron: maximizar sus beneficios económicos sin ninguna consideración hacia el contenido de su medio. Son las reglas de juego que la propia prensa kirchnerista promovió al usar y abusar de ese tipo de empresarios y cargar contra los empresarios independientes y profesionales, fueran grandes o chicos.

En definitiva, en una sociedad democrática no debe haber privilegios para nadie. Si alguien recibe algún beneficio debe ser sólo en virtud de la aplicación regular de una regla general no discriminatoria. Esta es un principio básico de toda república, según lo entendieron destacados de la ciencia política como Aristóteles, Locke, Montesquieu o Rousseau, entre otros. El FPV nunca cumplió con ese estándar elemental. La prensa kirchnerista aceptó voluntariamente privilegios discriminatorios cuya pérdida genera ahora la protesta irrisoria y la auto-victimización ilegítima que vemos.

Sólo así se entiende lo que ocurre actualmente con Víctor Hugo Morales. Dicho periodista fue despedido de un medio privado como Radio Continental, el cual le ofreció, según reconoció él mismo, una indemnización de siete millones de pesos. De inmediato, Luis D’Elía le ofreció incorporarse a AM740 “Radio Rebelde”. El dueño de Radio Continental y de canal 9 es el testaferro de un empresario mexicano, apodado “el fantasma”, a quien el gobierno kirchnerista le perdonó el incumplimiento de la ley de medios a cambio de su alineamiento con el discurso oficial. Víctor Hugo Morales ha estado cobrando en los últimos años cifras siderales (según denunció Jorge Lanata, U$S 1,2 millones únicamente por el programa “De Zurda” de la televisión pública) sólo por su obsecuencia. El muy caradura, que jamás movió un dedo por la censura explícita ejercida contra sus colegas por el kirchnerismo, ahora osa denunciar “censura” en su contra porque está perdiendo las mieles de un poder ilegítimo que se diluye.

¿Mauricio Macri censura porque quita privilegios discriminatorios arbitrariamente otorgados por el FPV como parte de un proceso de distorsión del sistema de medios que apuntaba en última instancia a la censura completa? ¿Radio Continental censura porque, al dejar su dueño de percibir pauta desproporcionada y privilegios varios, se ve obligado a adoptar criterios estrictos y realistas de gestión empresarial al efecto de mantener la rentabilidad y viabilidad de su medio?

Si el nuevo gobierno adoptara una política de censura sería tan condenable como cualquier otro que lo haya hecho. Pero que los periodistas kirchneristas aleguen censura porque el sistema de medios se está normalizando tras perder ellos los privilegios que aceptaron sin tener derecho mientras a sus colegas independientes los perseguían y censuraban en serio es, cuanto menos, una tomada de pelo.