Siempre bajo la lupa por su oportunismo político, la Justicia Federal activó en las últimas horas una repentina arremetida contra la corrupción del gobierno pasado, que en simultáneo trepa hacia las principales figuras del kirchnerismo.

En apenas dos días quedaron detenidos el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y el empresario emblema del kirchnerismo, Lázaro Báez, pero también se estrechó el círculo en tres causas sobre el exministro Julio De Vido, en un preludio que desembocará la semana próxima en la indagatoria de Cristina Kirchner por la venta de dólar futuro.

La multiplicidad de definiciones judiciales coincidió con el debate surgido la semana pasada a partir de los cuestionamientos de la diputada Elisa Carrió contra la pasividad de los jueces con la supuesta complicidad del gobierno para evitar que la jefa del kirchnerismo pueda victimizarse.

La detención de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín en la causa por lavado de dinero es quizá la más resonante en esta saga por las conexiones societarias que el dueño de Austral Construcciones tiene con la ex familia presidencial.

En verdad, el juez interviniente, Sebastián Casanello, relativizó hace unas semanas la responsabilidad de Cristina en esta causa, pero el principal riesgo para la exmandataria pasa ahora por lo que puedan decir Báez y el resto de los implicados.

La relación del exgerente del Banco de Santa Cruz con sus exsocios se desgastó sensiblemente luego de que surgiera la investigación periodística por la "ruta del dinero K" y terminó de quebrarse con la salida del kirchnerismo del poder.

Los vínculos entre Báez, Cristina y Máximo Kirchner también son investigados en la causa Hotesur, aunque ese expediente todavía no tiene juez definitivo, luego de que fuera removido Claudio Bonadio y que Daniel Rafecas se declarara incompetente.

Pese a ello, Bonadio volvió a aparecer en el horizonte judicial de la exjefa de Estado: quedó a cargo de la investigación por otra denuncia en su contra que hizo la diputada Margarita Stolbizer por supuesto lavado de dinero a través de otra de sus sociedades hoteleras, Los Sauces.

También Jaime, definido desde hace muchos años como el emblema de la corrupción durante el kirchnerismo, aseguró que su decisión de comprar material rodante en mal estado y con presunto

sobreprecios a España y Portugal fue por orden de sus superiores, léase: Néstor Kirchner, Cristina y De Vido.

Luego de esos dichos, el exsuperministro, ahora diputado nacional, fue citado a indagatoria por el juez Julián Ercolini, quien investiga ese expediente.

Paralelamente, Bonadio lo citó por su presunta responsabilidad en la Tragedia de Once, en respuesta a un reclamo del tribunal que llevó adelante el juicio oral y este martes allanó el estudio jurídico del exministro menemista Roberto Dromi, en una causa por asociación ilícita contra De Vido por la compra de gas licuado. Y la Corte Suprema dejó sin efecto la prescripción de la causa por la valija de Guido Antonini Wilson, cuya terminal sería el exjefe de Planificación.

También Ricardo Echegaray sumó dolores de cabeza en las últimas semanas y Amado Boudou espera turno para volver a desfilar por tribunales en varias causas, entre otros exfuncionarios.

Este despertar judicial vuelve a poner en la mira la actuación de los mismos jueces que hasta diciembre, a excepción de Bonadio, se movían con suma cautela.

En ese contexto, la resonante detención de Báez —por presunto riesgo de fuga cuando había sido citado a declarar el jueves—, sirvió para llevar a un segundo plano el escándalo de filtraciones de "Panamá Papers" que alcanzó al presidente Mauricio Macri.

La coincidencia no debería despertar suspicacias si no fuera por el siempre latente oportunismo judicial.