Las discusiones y reflexiones que surgen en torno al tema de la inseguridad que padecemos a diario, eluden un tópico fundamental: La ausencia de políticas de prevención, investigación y represión delictual, o —dicho de otra forma— la inexistencia de una “política criminal” sostenida en el tiempo en el seno de los tres poderes del Estado.

El constante aumento del delito, a nivel nacional en general y a nivel provincial en particular y el terrible dolor que causa a las víctimas, familiares y allegados el accionar de los delincuentes, han servido a gobernantes, dirigentes políticos, operadores, sus respectivos asesores y a los aspirantes a todas esas actividades, para la construcción de miles de discursos y posturas, para la confección de plataformas electorales, pre-electorales o post-electorales, para aparecer en diarios, revistas y canales de televisión, para medir y medirse en las encuestas de opinión y los sondeos de imágen (los modernos oráculos de los políticos), etc.

En la provincia de Buenos Aires, desde hace muchos años, se plantean absurdas dicotomías tales como “mejor policía del mundo vs. maldita policía”; “mano dura/tolerancia cero vs. abolicionismo penal”; “jueces de instrucción vs. fiscales de instrucción”; “excarcelación para todos vs. excarcelación para nadie”, "cárceles vs. escuelas y fábricas", entre otros disparates...

Es decir, los movimientos ideológicos pendulares, espasmódicos y esquizofrénicos, típicamente argentinos, tuvieron en el Primer Estado Argentino un escenario paradigmático.

En 1998 se instauró un sistema procesal penal moderno y adaptado a las exigencias constitucionales nacionales y provinciales, pero como no tuvo buena repercusión en las encuestas de opinión, se propiciaron varias reformas parciales que lo desnaturalizaron absolutamente.

En todos los casos, se buscaron responsables en la oficina de al lado...

En ese marco, los discursos oficiales bucearon entre las partes más oscuras del alma humana: El resentimiento, el odio, la venganza.

Frente a la comisión de un delito aberrante, el Estado contestó con la postura demagógica –con visita al velatorio incluida-, la simplificación absoluta, o con la reforma legislativa visceral e irreflexiva, importando posturas e ideologías del primer mundo, con la falsa ilusión de su aplicación en estas tierras.

En lugar de combatir la corrupción policial desde sus raíces, se optó por maquillar sus uniformes, sus jerarquías —ahora el jefe es "superintendente" y la escuela de policía es "academia",  como en las series de TV de EEUU- sus vehículos, las denominaciones de la dependencias, etc.

Hemos llegado a escuchar, como ejemplo de “políticas de prevención delictual”...¡La vuelta del vigilante de la esquina! Patético.

En los últimos veinte años, las normas sobre excarcelación se han modificado más de una docena de veces, “endureciéndose” o “ablandándose” según la coyuntura, los tiempos políticos, los sondeos y encuestas, y –por supuesto- los “costos”.

Hoy en día, el rígido sistema excarcelatorio vigente en la provincia de Buenos Aires obliga a los señores jueces de garantías a alojar detenidos en donde sea.

No importa que las cárceles estén superpobladas o que las comisarías exploten...Había que trabar la “puerta giratoria”. Eso sí, ¿construir nuevas cárceles? ¿Reparar las existentes? ¡Ni en sueños!

Nadie quiere la foto cortando cintas en un presidio... Después de todo, si de encontrar culpables se trata, ante un motín, revuelta o fuga, tenemos a nuestro alcance a los jefes de unidades penitenciarias o a los comisarios de sección.

Como en el rugby, pasar la pelota y no quedar en offside. La ausencia de políticas de Estado serias y duraderas se convierte en un dramático “juego del gran bonete”.

Cada uno de los poderes del Estado “culpa” al otro de sus propias miserias y fracasos.

Mientras tanto, el delito aumenta en progresión geométrica, la policía se ve superada en logística, entrenamiento, movilidad, comunicaciones e inteligencia y contra-inteligencia por aprendices de delincuentes, que no dudan un instante en disparar sus pistolas semi-automáticas en contra de cualquier persona. La Justicia Penal se abarrota de expedientes, burocratizándose y disminuyendo en eficiencia, más allá del esfuerzo personal de sus integrantes. La legislatura sanciona leyes a discreción, olvidándose que en realidad existe un sistema legal, y que las reformas parciales lo único que logran es desestabilizarlo. Los gobernantes, por su parte, discurren entre promesas inquisitoriales y críticas a la violencia policial por igual.

En definitiva, podríamos resumir estas reflexiones en una sola frase: "Política criminal, ¿dónde estás?" 

Marcelo  Carlos  Romero
Fiscal del Ministerio Público
Especial para Tribuna de Periodistas