El fallo de la Corte Suprema que avaló la aplicación del 2x1 para un condenado por delitos de lesa humanidad volvió a pinzar un nervio muy sensible de la sociedad argentina.

Una decisión de tamaña implicancia, que podría deparar la libertad de represores emblemáticos, fue adoptada por el máximo tribunal por una mayoría estrecha (3 a 2), es decir que tiene un vicio de origen: su condición de discutible.

Los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti aplicaron el criterio de la "ley más benigna" al beneficiar con el 2x1 a un imputado por delitos de lesa humanidad, pero los otros dos miembros de la Corte, su presidente Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda consideraron que esa interpretación "es insuficiente para dar una solución adecuada a un tema de indudable relevancia institucional".

Además de los esperados rechazos de organismos de Derechos Humanos, el kirchnerismo y la izquierda; el Gobierno y prácticamente todo el arco político discreparon con la decisión. La objeción hermanó a sectores enfrentados.

En la Justicia también había disidencias con la decisión del máximo tribunal por ésa y otras razones, como la vigencia de la ley 24.390 del 2x1 derogada en 2001.

Algunos conceden que la norma no excluyó a los acusados por delitos contra la humanidad como adujeron Highton, Rosatti y Rosenkrantz.

Una primera reacción de fiscales y magistrados fue postergar decisiones o considerar que el fallo no es aplicable a otros casos.

Lo hicieron al rechazar planteos de abogados de represores que se apuraron a pedir el mismo tratamiento que el favorecido por la Corte, Luis Muiña, un civil condenado por su actuación en la desaparición de personas en el Hospital Posadas.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) se negó a aplicar el fallo al caso de Héctor Girbone, condenado por robo de bebés y al obstetra en la ESMA, José Luis Magnacco.

Una resolución similar —aunque preliminar— adoptó el TOF 2 de Mendoza ante un planteo del expolicía Norberto Mercado, quien está detenido desde 2012.

No está claro el alcance de la "rebelión" y si propiciará una aplicación restrictiva de la resolución.

Un camarista reconoció en privado que "es complicado desobedecer a la Corte pero el fallo es flojo jurídicamente" y "su conclusión desnaturaliza la pena para este tipo de delitos".

La posibilidad de que la decisión sea revertida en el exterior es limitada: otro pronunciamiento reciente de la Corte Suprema señala que un tribunal internacional no puede actuar como instancia revisora de sus sentencias.

El fallo colocó en una posición incómoda a la administración macrista, que viene siendo acusada de querer tender un manto de impunidad sobre los delitos de lesa humanidad.

Los dirigentes de Derechos Humanos, enrolados en el kirchnerismo, y la oposición más dura acusaron al Gobierno de estar detrás de la resolución tomada por Highton, Rosenkrantz y Rosatti, los dos últimos promovidos por el Gobierno.

Como es bien sabido, la lucha para que la Justicia condene a los responsables del Terrorismo de Estado fue larga y dura, hasta que el kirchnerismo lo tomó como bandera, muchas veces de manera sesgada y partidista, pero las causas avanzaron.

Desde el 10 de diciembre de 2015, el Ejecutivo concedió el marco para una "desaceleración" judicial en esta materia, poniendo en tela de juicio algunos ángulos de la política de Memoria, Verdad y Justicia.

Entre otras cosas, el Presidente habló del "curro de los Derechos Humanos" generalizando el caso de corrupción detectado bajo un programa de construcción de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo; luego quiso hacer movible el feriado del 24 de Marzo y el jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, llegó a negar que haya habido un plan genocida durante la dictadura.

En ese contexto de heridas reabiertas, la Iglesia formuló una convocatoria a escuchar testimonios de familiares de víctimas de la represión ilegal y de militares, a fin de impulsar una "reconciliación" por lo ocurrido durante la última dictadura.

Evidentemente no es el momento para intentarlo.