Las malas nuevas parecen no tener protagonistas absolutos en la Argentina preelectoral. El Gobierno, líderes opositores y la Corte Suprema compartieron en los últimos días penurias en cuestiones sensibles, cruciales o privadas (con impacto público).

El resurgimiento del caso Arribas y la persistencia del galope inflacionario volvieron a encender alertas para la administración Macri; mientras un escándalo de índole personal -agravado por denuncias delicadas- acecha a Daniel Scioli y el fallecido fiscal Nisman sigue posando su sombra sobre Cristina Kirchner.

Pero el hecho político más trascendente de los últimos meses significó la contundente reacción política, judicial y popular contra el fallo de la Corte Suprema destinado a convertirse en salvoconducto para la excarcelación de represores.

La decisión de tres jueces del máximo tribunal en el caso Muiña generó tal revolución que el Gobierno debió replantear su parsimonia inicial para propiciar una salida legislativa y política a una resolución jurídica tan válida como injusta.

El Congreso trazó en tiempo récord la corrección al vacío legal que permitió esa interpretación de la Corte, aunque existen dudas sobre la validez de la nueva herramienta para que la Justicia rechace nuevos pedidos de represores.

De todos modos, tribunales inferiores ya habían desconocido la jurisprudencia establecida por el máximo tribunal con sucesivos fallos contrarios a las pretensiones de los acusados o condenados por el Terrorismo de Estado.

En ese contexto y con la ley "reparadora", la Corte anunció que apurará el análisis de alguno de los 15 planteos de represores que esperan una definición bajo su órbita.

La semana próxima darán intervención a las partes involucradas y se espera que entre junio y julio haya un nuevo pronunciamiento.

El máximo tribunal, cruzado por sus propias internas y particularidades, también necesita oxigenarse luego de que Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton quedaran en el ojo de la tormenta por su fallo a favor de Muiña.

Por tal motivo, se espera ahora una decisión más compacta, que en algún punto podría servir para un reposicionamiento de Ricardo Lorenzetti, el cascoteado presidente del tribunal, que quedó a salvo del vendaval al votar en disidencia.

"Es muy importante que la Corte vuelva a tener decisiones de consenso. Esa es su fortaleza como institución. Lo que pasó con esta mayoría tan corta es que es una sentencia débil en términos institucionales", señalaron desde el vértice del Poder Judicial dejando entrever el sentido del nuevo curso de acción.

Inflación para Arribas

Tras haberse despegado del controvertido pronunciamiento de la Corte, el Gobierno debió asimilar dos golpes fuertes.

En primer lugar, el INDEC informó que la inflación de abril fue de 2,6%, totalizando 9,1% en el año y 27,5% en doce meses, bastante por encima de la meta de 17% fijada por el Banco Central para enero a diciembre de 2017.

La escalada de los precios volvió a fijar las miradas sobre el presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, aunque el presidente ordenó que las figuras del equipo económico salieran a respaldarlo.

Como contrapeso, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se ocupó de presentar una planilla con "brotes verdes" del primer cuatrimestre de 2017 que indicarían una tenue reactivación.

Con el presidente partiendo hacia una nueva gira internacional, esta vez por Emiratos Árabes, China y Japón, en tribunales resurgió la causa contra el jefe de los espías, Gustavo Arribas, quien fue nuevamente involucrado por un arrepentido del caso Lava Jato que se propaga desde Brasil.

Leonardo Meirelles declaró por videoconferencia ante la Justicia argentina que había hecho diez transferencias a Arribas por 850 mil dólares en concepto de coimas.

Llamó la atención que de la declaración solo surgiera la acusación contra uno de los funcionarios más cercanos al Presidente, teniendo en cuenta que la conexión argentina de la causa originalmente investiga los contratos que ganaron las empresa Odebrecht y OAS durante el kirchnerismo.

Lo cierto es que el expediente, que había sido cerrado la semana pasada en favor del escribano y representante de futbolistas, fue reabierto con la amenaza cierta de mantenerse en el candelero durante las próximas elecciones.

Scioli expuesto

Las bombas con efecto residual también alcanzaron a dos figuras centrales de la política nacional, ahora en la oposición.

La reabierta causa por la denuncia efectuada por Alberto Nisman, cuatro días antes de morir, contra Cristina Kirchner y otros funcionarios comienza a moverse.

El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita solicitaron a la Casa Rosada, la Cancillería y otros organismos información sobre mails y mensajes enviados entre 2011 y 2015 por los implicados en el presunto encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA, a partir del Memorándum de Entendimiento firmado por el gobierno kirchnerista con Irán.

La decisión de Lijo encontró a la ex presidenta en medio de su gira por Grecia y Bélgica, desde donde no acotó sobre el tema pero aclaró que no está excluida de la carrera electoral, aunque pocos creen que finalmente vaya a ser candidata.

Habrá que ver si influye en las definiciones de Cristina -y del peronismo- el escándalo que involucra a quien figuraba como su primera alternativa, Scioli.

Al ex gobernador y ex candidato presidencial le explotó una acusación por infiel de quien era su novia Gisela Berger, pero el problema se agravó cuando anunció por televisión que su pareja lo iba a convertir en padre a los 60 y la despechada joven salió a acusarlo de haberle pedido que abortara.

La gran incógnita es cómo impacta esa denuncia en la figura de Scioli, un dirigente con llegada a círculos conservadores que construyó su carrera política sobre la base de la imagen.

Por lo pronto, en el comando de quien se prepara para enfrentar al kirchnerismo en las internas del PJ, Florencio Randazzo, aseguraron que el mejor escenario hoy para esa contienda es que el rival sea precisamente el ex motonauta.