Max Weber fue uno de los primeros intelectuales en preocuparse por el financiamiento de las organizaciones políticas. En 1922 escribió: "El mecenazgo como base financiera no es en modo alguno exclusivamente propio de los partidos ''burgueses". La crisis que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff y su partido, el de los Trabajadores así lo confirma.

Al caso Brasil podemos agregarle el de Venezuela. Allí, una dictadura fallida, propiciada por el partido Socialista Unido de Venezuela, también ha demostrado ser financiado con los métodos propios de un partido "burgués". En definitiva y más allá de cuestiones doctrinales o programáticas, según el sociólogo alemán, para conocer bien a los partidos había que saber quién los financiaba detrás de bambalinas.

En la historia de la humanidad, el capítulo de los partidos políticos modernos de América latina es corto y reciente. La aparición del partido Blanco y el Colorado de Uruguay se remontan a mediados del siglo XIX, aunque su institucionalización es posterior. En Argentina la UCR y el partido Socialista son de fines del siglo XIX. Por caso, en Brasil los tres partidos implicados en los casos Lava Jato, Odebrecht y JBS no llegan a tener 40 años de vida. El PMDB de Michel Temer fue fundado en 1979, el PT de Lula un año más tarde y el PSDB de Aécio Neves en 1988.

Si la historia de los partidos de la región es reciente imaginemos lo novedosa que puede ser la problemática que se ocupa de los temas de financiamiento político partidario. Recién en algo más de dos décadas atrás empezó a discutirse la necesidad de poner más control en las cuentas de la política. En el vestíbulo de la década de los 80, la denominada tercera ola democratizadora en la región impuso temas en la agenda como el fortalecimiento del Estado de Derecho, el de los partidos políticos y también el de las instituciones electorales. Luego, una nueva sociedad latinoamericana diversa y ya no tan apegada a los partidos tradicionales comenzó a imponer demandas como las de transparentar las organizaciones y ampliar la participación en los procesos internos de toma de decisión. A la idea de gobierno abierto se le suma la de partido abierto y en ese pasaje las organizaciones partidarias en este nuevo escenario ya no podrán ser espacios cerrados y opacos, menos aún en el caso argentino dado que la Constitución los jerarquizó como organizaciones fundamentales de la democracia.

Los casos que sacuden a la opinión pública y generan enormes crisis políticas confirman lo traumático que resulta este pasaje. Estamos viviendo la transición entre lo viejo y lo nuevo.

En un informe elaborado en 2003 por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) solo 15 de los 118 países evaluados habían sido clasificados como países con "alta divulgación" de datos relacionados con financiamiento político. Entre los 15 había solo uno de América latina. Este país era Brasil, en la actualidad, el causante de la mayor tormenta relacionada con financiamiento indebido de la política que se recuerde en la región. Hoy todos conocemos su know how.

Fue tan exitoso el financiamiento ilegal llevado a nivel local que decidieron extenderlo en el continente. Odebrecht, una de las empresas más importantes de este país, en estrecha asociación con la dirigencia política local, ideó un esquema de financiamiento de campañas regionales que involucran a ex presidentes como Alejandro Toledo y Ollanta Humala en el Perú, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Funes en Nicaragua y Martinelli en Panamá, como así también a los actuales Juan Manuel Santos en Colombia, Nicolás Maduro en Venezuela y Juan Carlos Varela en Panamá.

La actividad política despierta mucho interés en las redes delictivas ya que el financiamiento de las campañas es el camino a incidir en futuras políticas que afectan al negocio y además permite imaginar un escenario de impunidad. En Argentina tenemos el caso de las elecciones 2007 en donde la justicia pudo comprobar que la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner fue financiada por los laboratorios farmacéuticos vinculados al tráfico de la efedrina.

Los cimientos de un narco estado se conforman a través de estos resquicios en donde converge la política y las redes criminales.

En 2012 la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad dejó en claro cómo el financiamiento indebido de la política afecta a la integridad de los procesos electorales. El dinero de la corrupción daña la competencia, concentra la oferta electoral, corroe el Estado de Derecho y, por sobre todas las cosas, genera rechazo y descreimiento por parte de la ciudadanía en las instituciones democráticas. En este escenario nos encontramos en la actualidad del continente. Sin embargo, el caso Odebrecht representa una ruptura, un punto de no retorno, se trata de una bisagra entre épocas; una crisis que nos permite ilusionarnos con la emergencia de renovados y nuevos partidos políticos, ahora más comprometidos con la rendición de cuentas, con la transparencia, con la participación, con un sincero compromiso con la democracia competitiva.

Así como ocurre en nuestro país con el inicio del debate sobre el financiamiento de la política con las propuestas presentadas por el Ejecutivo, lo mismo pasa en Perú, Guatemala, Honduras, México y Colombia. En Brasil, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Chile tendrán que abordarlo en breve. Nadie puede quedar al margen de las necesidades que los tiempos actuales imponen.