El día 13 de julio se desalojó la planta de PepsiCo en Vicente López de la mano de la policía de la provincia de Buenos Aires, por encontrarse usurpada por un minúsculo número de exempleados —alrededor de un 12 por ciento del total—  que exigía la reapertura de una fábrica que no era de su propiedad.

Dos mundos totalmente diferentes fueron visibles este día: el de las instituciones y el de la ley de la selva. Según el primero, la ley debe respetarse independientemente de nuestros gustos o conveniencias; ante un conflicto, los desacuerdos se resolverán en la justicia teniendo en cuenta este marco de legalidad. Bajo la lógica del segundo, la ley se respeta o no teniendo en cuenta si el viento sopla a favor o en contra; a partir de allí, el marco legal será utilizado como argumento o bien se convertirá en un simple listado de sugerencias que bien puede ser ignorado.

Vayamos a los hechos. La planta cerrada era propiedad privada por lo que las causas de su cierre no interesan siempre y cuando cumplan con la ley. Así, de los 535 empleados, 154 aceptaron ser relocalizados en las plantas de Mar del Plata y en el área administrativa en la Ciudad de Buenos Aires, 312 aceptaron indemnizaciones que según el Ministerio de Trabajo son del doble de los prescripto por la ley del contrato de trabajo y oscilarían entre los 600 mil y los 3 millones de pesos, quedando al final unos 69 empleados que optaron por usurpar la propiedad ajena lo cual es un delito.

Ante esto y sumado a la orden judicial que ordenó el desalojo inmediato de la fábrica obstruida, la policía acudió para cumplir con su labor que se complicó debido a la violencia de los infractores que dejaron como consecuencia a unos 15 policías heridos, entre ellos a una mujer con una fractura expuesta. Pero los manifestantes no eran solo algunos exempleados, sino que se encontraban acompañados por políticos de izquierda —de los mismos que sin haber creado un empleo jamás en su vida exigen un salario mínimo de 25.000 pesos y una jornada laboral de 6 horas máximo— quienes paradójicamente se postulan a legisladores aunque no se entiende con qué finalidad lo hacen, teniendo en cuenta que las leyes que potencialmente puedan crear serán dejadas de lado por personajes que, como ellos mismos en esta ocasión, ven en el conflicto una mera oportunidad para brillar. Qué sentido tiene ser el creador de algo que ni uno mismo respeta.

Vayamos un poco más lejos y supongamos que la orden judicial o el derecho de fondo eran injustos ¿acaso eso amerita la violencia? No, ante ello existen diferentes mecanismos para solucionar el conflicto, de lo contrario cuál es el límite, ¿la guerra civil?

¡No compren productos de PepsiCo! Gritan ahora los frustrados políticos oportunistas de las desgracias ajenas. Claro, de todas maneras las miles de personas que viven de esta empresa y que quedarían en la calle si su pedido fuera escuchado, no serán más que una nueva herramienta de propaganda.

La izquierda dice luchar por los que menos tienen pero al mismo tiempo sus propios diputados alientan a quebrar las normas, las cuales son las reglas del juego dentro de las cuales los que realmente ponen lo suyo en juego –su dinero- saben que serán respetados. Sin obediencia a las normas no hay confianza, sin confianza no hay inversiones, sin inversiones no hay generación de empleo y sin generación de empleo nunca terminaremos con la pobreza que padece casi un tercio de los argentinos, así de simple. Por primera vez en décadas conseguimos un gobierno que como mínimo haga respetar las leyes sin importar los votos que pueda perder al hacerlo; personalmente aplaudo esta actitud y les propongo a los legisladores que no les guste que presenten un proyecto al respecto, ese sí es su deber.