No puede un Estado, con pretexto de considerar muy difícil cambiar un hábito social que ponga en peligro la convivencia de sus gentes, abstenerse de dictar leyes correctivas de conductas antisociales. Mucho más si estas van contra el derecho a la vida, definido como inviolable por el artículo 11 de nuestra Constitución. Es decir, no puede ser violado por nadie, ni por uno mismo.

El derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad no autoriza la autodestrucción de la vida. Por eso, está prohibido el suicidio. Nadie puede interponer tutela para que le permitan suicidarse alegando el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Quien lo permite, comete el delito de inducción o ayuda al suicidio, penalizado con prisión de dos a seis años. (Código Penal Art. 327).

Quienes son partidarios de la legalización del consumo, con tesis muy respetables, por cierto, lo hacen aludiendo siempre el fracaso que la penalización ha tenido hasta el momento. Realidad que no se puede desconocer. Pero olvidan que la esencia del Estado de derecho está en buscar la convivencia pacífica de sus miembros para proteger, en primer término, la vida.

Los consumidores de droga están atentando contra su propia vida, se están autodestruyendo, generando un serio problema social. La solución no puede ser facilitarles mecanismos para que lo hagan. Sería equivalente a legalizar el suicidio y poner ventas oficiales de venenos, armas o similares para que lo hagan rápida y eficazmente.

La prohibición de cualquier conducta que atente contra la vida, incluido el autohomicidio, es tema de orden público. No requiere reforma a la Constitución, ni de esperar resultados plebiscitarios.

Se debe hacer mediante decreto ejecutivo invocando la prevalencia del artículo 11 de la Constitución. No hacerlo, podría ser violatorio del artículo 198 de la Carta.

Aunque según un grupo de expertos en bioética, medicina clínica, leyes y políticas sanitarias y filosofía el suicidio debería ser legalizado.

El grupo afirma que es hora de que se revisen las políticas públicas sobre la conclusión de la vida y de que se inicie un nuevo debate nacional.

El informe realiza una serie de recomendaciones sobre cuidados al final de la vida, y propone una modificación del Código Penal para que se permitan la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido.

Los expertos destacan que el apoyo a la despenalización de estas prácticas es alto entre los ciudadanos, y hace un llamamiento para lograr un sistema permisivo pero cuidadosamente regulado y supervisado sobre la muerte asistida.

En el estudio se señala que, para llegar a esta conclusión, se han tenido muy en cuenta tanto los valores de la sociedad, como la experiencia de varios países y los diferentes argumentos legales y éticos, a favor y en contra.

Según el estudio, el suicidio asistido y la eutanasia voluntaria debería ser legal para aquellas personas en pleno uso de sus facultades que han tomado la decisión, libre e informada, de que no merece la pena seguir viviendo, de modo, y eso es lo importante, que nadie pueda tomar esa decisión en su nombre.

Estos expertos aseguran que los individuos tienen el derecho moral, basado en el principio de autonomía, de tomar sus propias decisiones en lo que respecta al fin de sus vidas. Añaden que los médicos y el personal sanitario no pueden verse obligados a asistir a nadie a morir, pero que tienen el deber de remitir al paciente a quien esté dispuesto a hacerlo.

El estudio sugiere al Gobierno federal que, en colaboración con los gobiernos de las provincias y los territorios, establezca un órgano nacional de control que vigile e informe anualmente sobre los casos de suicidio asistido y eutanasia.

También indica que las solicitudes de muerte asistida y el archivo de los documentos relacionados deberían estar convenientemente recogidos en la legislación.

Aunque en la Argentina en el 2012 se aprobó una ley para la muerte digna, esta solo se basa en enfermos terminales que no quieren recibir tratamiento, pero no contempla ni la eutanasia ni el suicidio asistido.

Cada uno podrá hacer un debate interno sobre porque si o porque no hay que legalizar el suicidio asistido, habrá quien se pare de un extremo y quien del otro pero la realidad es que hay que meditar que sería mejor para la sociedad.