Aunque el actual gobierno se esfuerce de sobremanera, incluso incorporando un instructivo oficialista para que sus diputados defiendan la iniciativa, parece ser que el argumento del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, según el cual la pérdida de poder adquisitivo que afectará a 17 millones de personas en marzo se compensaría en junio es una mentira más del Ejecutivo de Cambiemos  para promover un ajuste de 10 mil millones de pesos.

Según mencionó el economista Ismael Bermúdez en Diario Clarín, el fundamento del dictamen de Saravia Frías que sustenta que la menos capacidad de compra seria momentánea y se compensaría en el futuro es falso, ya que son los propios datos los que objetan su teoría.

El Procurador había dicho que “la fórmula propuesta implica que en marzo el ajuste de los haberes es menor al que sería si se diese el ajuste por inflación de todo el semestre (promovido por la ley tal cómo está vigente) dado que solo se hará por la inflación de julio a septiembre de 2017”.

Según el funcionario “en junio se recuperaría esa diferencia, ya que entonces se ajustaría por la inflación de octubre a diciembre  de 2017, recuperándose antes del ajuste de septiembre, que sería el que estaría vigente si no hubiese cambio en la formula, la inflación del semestre julio-diciembre de 2017”.

A pesar de la adornada explicación, la tesis oficialista es una mentira: de ser aprobado el proyecto del presidente Mauricio Macri, en marzo de 2018, tanto los jubilados como los beneficiarios de programas sociales, recibirían un aumento del 5,7% por la inflación y el aumento de salarios de julio-septiembre 2017, en lugar del 14,5% correspondiente al período julio-diciembre 2017.

La modificación implicaría una pérdida de casi 9 puntos, que, por ejemplo, si hablamos de una jubilación de 10.000 pesos el aumento será de 570 pesos en lugar de los 1450 pesos correspondientes, es decir, 880 pesos menos.

El Gobierno adelantó que en junio habría un aumento por la inflación/salarios del período octubre- diciembre 2017 y que, suponiendo que esos índices arrojen un 5% o 6%, habrá un aumento adicional de 500 o 600 pesos, aun entre 280 y 380 pesos menos al total vigente con el cálculo de la formula actual.

Además de lo ya mencionado, el aumento presentará un retraso  de tres meses en relación a la fórmula que pretende ser derogada con la consiguiente licuación de lo que se cobre por la inflación. Esto quiere decir que habrá una perdida adicional por esos tres meses de atraso en el pago.

Otro punto demolido por Bermúdez sobre el dictamen del Procurador, que sustenta el fundamento del Gobierno, es el de que en junio de 2018 los beneficiarios tienen  una recuperación porque cobrarán antes del ajuste que se espera para septiembre del próximo año, según la fórmula que se quiere derogar.

La realidad es que con la fórmula que aún está vigente, en septiembre debería cobrarse el ajuste de enero-junio 2018 y no el del semestre anterior, como así señala el dictamen.

En tanto, con la formula nueva, en septiembre cobrarían el aumento por inflación/salarios según el período enero-marzo 2018, nuevamente un ajuste menor, en torno a la mitad y con otro retraso de 3 meses para diciembre.

Esto quiere decir que con la fórmula que pretende instalar Macri, a partir de una suba menor este año, se genera una perdida que nunca se llega a compensar.