El temblor político generado en torno a la controvertida reforma previsional enfrentó fuerte al Gobierno y la oposición y podría terminar repercutiendo en la economía, que a dos años del inicio de la gestión macrista no consigue despegar con solidez.

El Gobierno insistirá con el proyecto a partir de un acuerdo con gobernadores y diputados, y a cambio de un bono compensatorio por la pérdida que iban a sufrir jubilados y beneficiarios de la AUH.

Poco acostumbrada a los reveses, la administración de Mauricio Macri sufrió en la misma semana una inocultable derrota legislativa y una decepción en el frente externo con los nulos resultados obtenidos en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que por primera vez se hizo en la Argentina.

La foto del abrazo de referentes de la oposición de signos claramente opuestos exacerbó los ánimos en la Casa Rosada y casi impulsa al Jefe de Estado a sacar por decreto una reforma jubilatoria que es a todas luces impopular y un "manotazo" a los recursos del ANSeS.

La medida, que sólo fue postergada porque aun sigue siendo una alternativa latente, fue frenada mediante un mensaje en su cuenta de Twitter por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien una vez más volvió a demostrar el poder de cogobierno que posee.

Pero esa no fue su única protagónica intervención, fue quien pidió levantar la sesión en Diputados, en medio de un clima de violencia dentro y fuera del recinto, donde más de 900 gendarmes daban una imagen de militarización de la zona del Congreso.

La represión que hizo revivir las peores imágenes del 2001 se inició al mediodía y se extendió hasta entrada la noche, con una verdadera cacería de manifestantes solitarios que caminaban por las calles cercanas al Palacio Legislativo.

No será sencillo de olvidar ese triste cuadro que rememoró los peores momentos de la Argentina y tampoco será fácil de predecir cómo quedará armado este rompecabezas político y cuál la relación del Ejecutivo y la oposición.

Un Gobierno que con su minoría legislativa necesita de acuerdos para conseguir la aprobación de leyes que considera clave para encarar los desafíos del corto plazo.

Así, el nuevo frente político abre interrogantes y obliga al Ejecutivo y sus legisladores a tener que actuar con mayor pericia y menos soberbia para alcanzar esos acuerdos.

Resulta necesario que el Gobierno actúe con mayor prudencia para no desatar una reacción social de insondables consecuencias, en un contexto en el que la economía no despega, una inflación que no cesa, elevados niveles de déficit fiscal y comercial y un endeudamiento que sube exponencialmente.

Razones para una controvertida reforma previsional

Pero, ¿cuál es el verdadero apuro del Gobierno para que sea ley una reforma cuestionada por todo el frente opositor y hasta por economistas cercanos al Ejecutivo, que además le puede granjear un fuerte costo político?

En lo sustancial, la reforma plantea tres modificaciones principales: el cambio de fórmula para la movilidad de los haberes, las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, la elevación de la edad jubilatoria a 70 años y la equivalencia del haber mínimo garantizado con el 82% del salario mínimo, mínimo, vital y móvil.

Si se aplica este nuevo mecanismo para actualizar haberes, ANSeS tendría un ahorro de entre 65 mil y 75 mil millones de pesos, que es definitiva lo que no percibirían ni jubilados ni pensionados.

A esa suma, se le deben adicionar los montos que resulten del ajuste por el cambio de fórmula sobre asignaciones familiares contributivas y asignación universal por hijo.

En definitiva, este "ahorro" treparía en total a unos 100 mil millones de pesos, una caja que el Ejecutivo necesita para cubrir las partidas comprometidas con gobernadores en el Acuerdo Fiscal, que incluye unos 20 mil millones sólo para provincia de Buenos Aires.

Además, el Gobierno necesita esos recursos para achicar el agujero fiscal y bajarlo el año que viene al 3,2% del PBI y para pagar endeudamiento.

Por eso, Macri planteó esta reforma como crucial no sólo para el resto de los proyectos vinculados con aspectos tributarios y laborales, sino para el futuro económico de la Argentina.