El peligro de una epidemia (en griego “epi”, “sobre”, y “demos”, “el pueblo”) de fiebre amarilla en la Argentina ha determinado que las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación haya hecho públicas diversas recomendaciones, la última de ellas el pasado miércoles 17, para todos aquellos que piensen encarar viajes al vecino Brasil donde la enfermedad ya se ha generalizado por buena parte de su territorio procedente de Angola y el Congo.

La preocupación, también reflejada por la mayor parte de los medios periodísticos, apunta a los serios problemas que implica dicho mal que ya tuviera un grave antecedente en la Argentina en 1871 como consecuencia de la llegada de soldados enfermos que habían participado en la ocupación de territorio del Paraguay en los tramos finales de la guerra contra ese país en alianza con los gobiernos del Brasil y del Uruguay, entre 1864 y 1870.

Dicha epidemia, que tuvo como epicentro la zona sur de la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuyo primer caso fue el 27 de enero, dejó como consecuencia 13.614 muertos, según el informe de la Asociación Médica Bonaerense, sobre un total de 187.000 habitantes; es decir que casi el 7,3 por ciento de la población tuvo una consecuencia fatal, y los niños fueron una parte significativa de esa cifra.

Lo sucedido con la epidemia se expandió a numerosas cuestiones de índole social, político y económico que trascendieron a su época y que llegan hasta nuestros días como es el caso de la existencia de la mayor empresa argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) o el Barrio Cafferata en la zona sur de Caballito, a escasa distancia del Parque Chacabuco.

Ante la gravedad de los hechos el presidente Domingo Faustino Sarmiento y el vicepresidente Adolfo Alsina abandonaron la ciudad, según lo señalara entonces el diario “La Prensa”, mientras entre los que se sumaron a la ayuda a las víctimas fallecieron nada menos que sesenta religiosos, doce médicos, cinco farmacéuticos y cuatro miembros de la Comisión Popular creada en esas circunstancias, de acuerdo con una investigación realizada por Ángel Pizzorno.

En esas circunstancias, las autoridades contrataron al eminente dermatólogo venezolano Rafael Herrera Vegas, residente en ese momento en el Brasil, quién, viudo, se trasladó a la Argentina con sus dos hijos, por entonces niños, Marcelino y Rafael, quiénes, sobre todo el segundo, con el correr de los años se convirtieron en personalidades trascendentes en la historia de este país como que el primero fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y Rafael ministro de Hacienda del presidente Marcelo Torcuato de Alvear.

Mientras la epidemia se expandía por los barrios de la zona sur porteña como San Telmo, Constitución, Barracas y La Boca los dueños de las grandes residencias las abandonaron para trasladarse a la periferia norte creando el actual de Belgrano, que por entonces no formaba parte de la capital argentina, donde crearon las grandes propiedades que hoy lo embellecen.

En tanto, los edificios que abandonaron fueron ocupados por las personas más humildes dando lugar a la conformación de los llamados “conventillos”, luego expandidos a otras zonas porteñas, que durante más de un siglo fueron una emblemática forma de residencia porteña.

Rafael Herrera Vegas, luego convertido en argentino por adopción, fue clave en la larga lucha para eliminar la epidemia de fiebre amarilla y tras radicarse definitivamente en el país desarrolló una amplia tarea que incluyó su propuesta, aceptada, de denominar con el nombre de “Bolívar”, el gran prócer nacido en la actual Venezuela, al partido situado en la región centro-oeste de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, los “conventillos”, a raíz de una norma que autorizó la suba de las locaciones, se convirtieron en 1907 en la base de la más importante protesta de la historia argentina, de tres meses de duración, denominada la “Huelga de los Inquilinos”, que incluía enormes marchas cotidianas hacia el centro de la ciudad, con reivindicaciones feministas, a las que se sumaban personajes como la médica y dirigente socialista Alicia Moreau de Justo.

El resultado de la huelga fue el virtual congelamiento de los alquileres sin que mediara norma alguna en la materia. Empero con el devenir del tiempo, el 6 de octubre de 1915 el Congreso de la Nación sanciono la creación de la Comisión Nacional de Casas Baratas a instancias del diputado conservador Juan Félix Cafferata, que dio lugar a la creación del primer barrio impulsado por el estado para los sectores de menores ingresos mediante la construcción de 161 viviendas que actualmente dan lustre a esa zona de la ciudad.

Los hijos de Herrera Vegas estudiaron en la Argentina y en el caso de su homónimo Rafael se graduó en derecho pero orientó sus actividades hacia la economía y por ello al asumir el presidente Alvear en 1922 lo convocó para ocupar el Ministerio de Hacienda, donde desarrolló una notable tarea impulsando la creación de las primeras grandes empresas estatales comenzando por el Frigorífico Nacional, luego denominado “Lisandro de la Torre” para competir con los de propiedad de británicos y estadounidenses y la de YPF también en un marco similar.

Rafael Herrera Vegas (hijo) había iniciado su gestión con un aumento del 25% a todos los aranceles de importación para proteger a la industria nacional de acuerdo con un plan de su colaborador Alejandro Bunge, nombrado al frente de la entonces creada Dirección Nacional de Estadística (actual Instituto Nacional de Estadística y Censos) que incluía la creación de impuestos a la renta y la herencia y una reforma a la coparticipación federal en beneficio de las provincias más pobres, todo lo cual motivó una enorme resistencia entre los sectores de mayores ingresos lo cual motivó su renuncia.

Décadas más tarde un nieto del médico venezolano convocado a la lucha contra la fiebre amarilla, Jorge Hugo Herrera Vegas, desempeñó importantes funciones en la Cancillería argentina, entre ellas la de embajador ante el gobierno brasilero, y también como director argentino en la Entidad Binacional Yacyretá, una de las principales fuentes de energía eléctrica con las que cuenta el país.

Todo ello forma parte de una herencia de la epidemia de 1871 de la que su aspecto trágico, que hoy se trata de evitar mediante la prevención, fue la referida muerte del 7,3% de los residentes porteños.