EEUU sufre actualmente una crisis de adicciones, con una frecuencia de muertes nunca antes vista en el país. De acuerdo a las estadísticas de las Naciones Unidas, de su oficina especializada, la Unidoc, por sus siglas en inglés, la nación del norte es la que cuenta con el mayor número de fallecimientos por consumo de drogas en el mundo, principalmente por el uso de opiáceos, y en primer lugar la heroína. La agencia federal DEA, a su vez, encargada del combate del narcotráfico, está lanzando una alarma detrás de la otra respecto a esta verdadera epidemia mortal del uso de esta droga. En apenas 4 años las muertes han aumentado en un 250%. El año pasado se registraron alrededor de 60.000 muertes por el abuso de la heroína. Esto significaría un índice de mortalidad de más de 20 muertes de drogadictos por 100.000 habitantes, pero en muchas pequeñas ciudades como Huntington en West Virginia la cifra llega a 60 y 70 muertes anualmente. Allí, hay días, que cada par de horas, los bomberos tienen que recoger a un adicto muerto. En comparación con Europa, por ejemplo en Alemania, el índice de muertes no llega siquiera a 1,5 personas fallecidas por 100.000 habitantes por año.

La heroína ha traído a los EEUU un aura de muerte, de degradación humana, de desintegración familiar, de caos. Barrios enteros en tantas ciudades dan un espectáculo lamentable, con seres humanos tirados por la calle, por las veredas, y ya la imagen de los adictos no es tan solo la ligada a la jeringa y a la pinchadura en las venas, no, hoy cambió en parte su imagen, se volvió “Smart”, mucho más fuerte, sofisticada, pura, ahora también se puede fumar, aspirar. La heroína que llega hoy al mercado a diferencia de aquélla de los años 80 y 90 tiene una potencia de su principio activo enormemente mayor. Actualmente, luego de pasados menos de 10 años, ya no es la cocaína la droga preferida de los adictos, ni de los narcotraficantes que la distribuyen, sino ha sido substituida por la heroína.

Frente a esta terrible epidemia nacional el Presidente Donald Trump finalmente declaró en el mes de octubre pasado una “emergencia de salud nacional”, creando además una comisión especial sobre opiáceos. La medida permitirá focalizar los recursos existentes en zonas concretas y flexibilizará leyes y regulaciones para abordar con premura el problema. La declaración de emergencia pública, tendrá una duración de noventa días y podrá ir siendo renovada por otros períodos hasta que el Presidente diga. Trump tenía una opción aún más severa, declarar la Emergencia Nacional que sirve en casos de atentados terroristas o catástrofes naturales, lo que habría permitido el uso de los cuantiosos fondos de la FEMA, la agencia federal respectiva, pero optó por la primera, esto sí con fondos más reducidos. Nunca en la historia del país se ha hecho una tal declaración de emergencia de salud pública para el uso de drogas. Su antecesor en las dos administraciones anteriores, Barack Obama, por el contrario hizo poco o nada para combatir el flagelo; es más banalizó criminalmente el uso de la marihuana, droga considerada por los expertos como primer escalón en muchos casos para la posterior utilización de drogas más fuertes. Faltaron en sus administraciones, que se extendieron por ocho años, estrategias preventivas, campañas eficientes, en suma ninguna respuesta integral al flagelo al que asiste la nación hoy en día. Se perdió lamentablemente mucho tiempo.

¿Y cómo llegó el país a esta catástrofe sanitaria, social y política? Las causas son evidentemente múltiples y se arrastran ya por casi cuatro generaciones, comenzando en la época de la permisividad hippy y la generación beat que utilizó indiscriminadamente las drogas como parte de su cultura. Hoy en día a estos antecedentes se suma la criminal actividad de empresas farmacéuticas, de distribuidoras de medicamentos y farmacias sin escrúpulos que han hecho fortunas con el mal uso de potentes calmantes, fabricados en base a opioides como oxicodona, la hidrocodona y el fenatillo, contando con la colaboración de médicos que generosamente los prescriben como si fueran aspirina. No es inusual oír que si alguien sufre de un esguince, va al médico y ya le recetan grandes cantidades de opioides de grado farmacéutico, fármacos que causan adicción. El boom de la heroína de nuestros días es consecuencia en gran parte de esta especie de barra libre que se diera y se da con las recetas médicas de potentes analgésicos legales. Justamente estos pain killers, han sido los causantes, en gran parte, de la epidemia de opioides que azota actualmente al país. Al volverse estas pastillas más controladas y más caras la mayoría de los adictos se vuelcan a la calle a buscar la heroína en el mercado negro, mucho más barata y tan efectiva o aún más que la pastilla recetada. Los principales proveedores de esta heroína hoy en día son los carteles mexicanos, principalmente los carteles de Sinaloa, y cubren hasta el 80% del consumo norteamericano, de acuerdo a fuentes de la DEA. Estos carteles utilizan muchas veces a los inmigrantes ilegales como soldaditos para introducir este veneno en el vecino del norte.

La industria farmacéutica en los EEUU y las poderosas compañías distribuidoras de medicamentos están obviamente detrás de toda esta tragedia. Tengamos en cuenta que son justamente éstas las que más dinero gastan para hacer lobby en el Congreso. En el año 2016 invirtieron casi 250 millones de dólares para comprar voluntades parlamentarias para sus negocios, 100 millones más de lo que gasta el poderoso conglomerado de seguros; y obviamente les ha dado muy buenos resultados. En octubre del año pasado el legislador republicano Tom Marino, poco tiempo después de haber sido nombrado por parte del Presidente como nuevo “zar anti drogas”, tuvo que renunciar a su nuevo puesto luego de que se supiera, a través de una investigación periodística, que había recibido unos 100.000 dólares de empresas farmacéuticas mientras trabajaba en el Congreso en un proyecto de ley que debilitó la capacidad de la DEA para perseguir a los fabricantes y distribuidores de opiáceos de los pain killers.

En estos días el presidente Trump tiene la intención de nombrar a Jim Carroll, asistente de la Casa Blanca, como nuevo director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, nombramiento que debería ser confirmado por el Senado próximamente. Esperemos que con este nombramiento quede ocupado finalmente un cargo tan importante, esencial para hacer frente a esta epidemia y a las poderosas compañías que aprovechan de este flagelo, como la distribuidora de medicamentos Mc Kesson, una de las más grandes del país, que actúa criminalmente en la distribución desde hace años de los peligrosos pain killers. La agencia DEA y varios fiscales federales están desde hace mucho tiempo investigando a esta compañía sin el apoyo, muchas veces, de sus directores, que una vez terminadas las investigaciones llegan a arreglos encubridores decepcionando una y otra vez a los valientes y honrados investigadores de las diferentes divisiones de la agencia. Mc Kesson envió, por ejemplo, durante años, sin informar a las autoridades competentes, 2.000 pain killers diariamente a una farmacia en Brighton, una pequeña población con tan sólo 38.000 habitantes en el estado de Colorado, que terminaban muchas veces en manos de mafias locales, que luego las distribuían ilegalmente.

El nuevo zar deberá también poner fin al desparpajo que asistimos en ciudades americanas, como en Miami, donde todavía funcionan como hongos las llamadas “clínicas del dolor”, que a menudo sin ninguna calificación despachan pain killers al por mayor, y también deberían desaparecer del rostro de la ciudad los enormes carteles en los buses que hacen el reclame de ellas. Y ni hablemos de los costosos spots televisivos y radiales que incitan a la población a consumir estos peligrosos calmantes. Ver la degradación del barrio Overtown en Miami, cerca del río, el que fuera el gueto negro más antiguo de la ciudad, es impactante. Este es uno de los centros de venta y consumo de heroína más populares de la ciudad. Aquí encontramos gente desplomada en el suelo luego del consumo de la heroína, otros apoyados en semáforos como zombies, viendo pasar a los coches. De vez en cuando aparece una furgoneta de la ONG privada Miami Needle Exchange que reparte entre las víctimas jeringuillas nuevas y les hace pruebas de sida, porque no olvidemos que Miami es la segunda ciudad en registrar nuevas infecciones después de Baton Rouge en el estado de Louisiana. Policías y bomberos que recorren esporádicamente la zona han empezado a portar dosis de naloxona, un antídoto contra sobredosis para atender a los adictos que se encuentran en las calles en situaciones límites.

Hay que reconocerle a Trump haber señalado claramente esta matazón, y creado una comisión contra esta epidemia mortal que esperemos sea efectiva. En sus discursos la ha definido, con su acostumbrada forma directa y brusca, como “la carnicería americana”. Es tiempo que se movilice la sociedad americana en su conjunto para enfrentar este flagelo, por encima de ideologías, y es tiempo que la gran prensa se ocupe de este tema crucial, cosa que no ha hecho hasta el momento, y no dedicarse tanto a politiquería partidaria. Población y prensa y capa política deberían tener presente que su país representa tan sólo el 5% de la población mundial, pero consume el 80% del mercado mundial de opiáceos farmacológicos. Nora Volkow, directora jefe del principal instituto público contra la droga, ve claramente el multifacético problema. “Investigar medicamentos alternativos no adictivos para el dolor, educar a la población, incluyendo a los doctores, realizar campañas efectivas de concientización”. Efectivamente, de lo contrario los EEUU enfrentan un futuro orwelliano, muy lejos del manido “sueño americano”.