Hace un tiempo, se dio a conocer que el titular del Ministerio de Finanzas, Luis Caputo, era accionista de dos empresas off shore que funcionan en paraísos fiscales. Se supo que entre agosto de 2009 y julio de 2015 fue el principal accionista  de la sociedad Princess International Group, radicada en las Islas Caimán.

También se había sabido que la participación de Caputo en Princess International Group no era únicamente accionaria, a través de esta compañía, el ministro en cuestión, era dueño de entre el 50 y el 74 por ciento de otra off shore de nombre Affinis Partners II, también radicada en las Islas Caimán y dueña de Noctuna, la gerenciadora de fondos de inversión residida en Delaware y Miami.

Sin embargo, Caputo en ese momento mencionó que era únicamente “asesor financiero” de Noctuna, “siempre fui manager, nunca me ocupé de lo societario”, además de aseverar que desconocía si entre sus clientes había acreedores de la deuda Argentina.

En las últimas horas, a pesar de las negativas del ministro, la empresa afirmó frente a las autoridades que era “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista indirecto”, con funciones de manager  y asesor financiero.

Se lo describe como “indirecto” dado que el entramado  que rodea a estas empresas es una telaraña formada por diferentes sociedades offshore, una propietaria de la otra, para evitar rastrear identidades, uno de los servicios que ofrecen los paraísos fiscales.

Aunque la nómina de clientes que registran actividades en paraísos fiscales es extensa, entre otros personajes de relevancia se encuentran el otrora secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, el dueño de El Cronista, Francisco De Narváez, el socio del ultrakirhnerista Sergio Szpolski, Matías Garfunkel, y la lista puede seguir hasta el hartazgo juntando figuras conocidas de cualquier ámbito popular y desconocidas  para el común denominador de la sociedad.

Si bien no es ilegal ser partícipe de sociedades offshore, es sabido que tienen dos funciones: evadir el pago de impuestos y/o blanquear dinero, si no fuere por algunas de estas dos causas carece de sentido tener una firma en un paraíso fiscal.

¿Cuál es el problema respecto a este tema?

Tanto Caputo como muchos otros personajes dentro del Gobierno “se olvidaron” de agregar estos puestos a las empresas en sus declaraciones juradas (DDJJ) entregadas frente a la Oficina Anticorrupción (OA).

En la normativa de la OA se menciona la Ley Nº 25.188 que incorporó al Código Penal el artículo 268, que establece: “Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por Ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo, al igual que quien maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.

La Argentina pierde entre 21 y 24 mil millones de dólares anuales sobre la base de los impuestos que dejan de pagar estas compañías que operan en nuestro país pero que se encuentran radicadas en paraísos fiscales.

Estas elevadas cifras equivalen a entre 4 y 5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) según supo explicar en un informe la Universidad de las Naciones Unidas por medio de su Instituto Mundial para la Investigación sobre el Desarrollo Económico.

Por tanto, sería conveniente para la Argentina que las offshore, siempre creadas por gente con ostentosos ingresos, radiquen dentro del país, lo que generaría un incremento monetario y una mejoría en las políticas económicas.

Tribuna de Periodistas nuevamente intentó comunicarse con distintos funcionarios sin conseguir respuesta alguna sobre las empresas offshore que involucran a ciertos personajes dentro del Estado.

Según el artículo 1 de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27275), se debe “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”.

Dicho esto, quienes no quisieron responderle a este portal son:

Juan Martín Almejún, Hernán Rossi, Alicia Oliveri, Rolo Macerata, Martín Kobryniec, Martín Casares, Juan Pablo Sassano, Nelson Durisotti, Juan Pablo Arenaza, Adrián Camps, Omar Abboud, Jorge Enríquez y Claudio Cingolani.