El 15 de diciembre ppdo. hemos asistido por parte del kirchnerismo a un nuevo acto de sometimiento colonial, o mejor dicho, de retorno al coloniaje, para aprovechar un concepto creado y popularizado por Arturo Jauretche. Ese día, quien está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, anunció que la Argentina se dispone a cancelar por anticipado la totalidad de su deuda con el Fondo Monetario Internacional, de u$s 9.810 millones de dólares. ¿Por qué decimos que se trata de un acto de sometimiento colonial, a pesar de la profusa difusión mediática gubernamental que ha intentado presentarla como un acto de soberanía política? En primer lugar, sin razones objetivas perentorias que lo ameriten, el gobierno nacional ha decidido privilegiar la deuda externa con un acreedor privilegiado por encima de la deuda interna con la sociedad argentina. En los inicios del siglo XXI, el presidente Kirchner repite el adagio decimonónico de Nicolás Avellaneda: «honrar la deuda externa con el hambre y la sed de los argentinos». No hay que perder de vista que la suma comprometida no se extrae del famoso superávit fiscal, sino de las reservas del Banco Central. En vez de invertir internamente en el pueblo, el gobierno ha decidido en forma inconsulta, arbitraria y despótica abonar una deuda al poder financiero usurero internacional, al que por otra parte acusa de ser el causante de nuestras desgracias, sin ninguna contrapartida objetiva. En una actitud cuasi esquizofrénica, pero a la vez cuasi hipócrita, el gobierno «actúa» en forma prepotente y descalificadora frente al acreedor usurero, lo cual no le impide pagar sin chistar[1]. En segundo lugar, el titular del Poder Ejecutivo Nacional ha decidido anticipar el pago de la deuda más barata (la que paga menos interés), en vez de rescatar parte de la deuda que por inercia inflacionaria ha aumentado en u$s 5 mil millones. Esta forma de proceder, y otras a las que nos tiene acostumbrado el primer mandatario (que muchas veces se olvida de su función vicaria para actuar como un sultán), constituye el proceder típico de los dirigentes políticos social-demócratas: «progresistas» en lo cultural e ideológico, pero ultraliberales y conservadores en lo económico. En tercer lugar, al utilizar reservas del Banco Central para pagar deuda externa, el Gobierno «tiene más dinero para cumplir con el pago del resto de la deuda […]. Por eso el sector financiero y los acreedores respaldaron la decisión del gobierno»[2]. En otras palabras, se benefician directa y fundamentalmente los especuladores financieros y los usureros internacionales, no el pueblo, sobre el que sigue pesando la misma deuda que sigue siendo honrada.  
    Pero en realidad, queremos comentar en particular dos cuestiones, que muestran que, a pesar de toda la campaña mediática y el manejo de la imagen pública, el gobierno «kirchnerista» actúa obedeciendo órdenes del capital usurero internacional, ¿al mejor estilo del Proceso de Reorganización Nacional? Pero tanto o más grave todavía es que, en una actitud digna de la socialdemocracia burguesa falaz y descreída, legaliza el proceder ilegal del Fondo Monetario Internacional a lo largo del año 2001 en el endeudamiento argentino, con lo cual además pone a cubierto a los agentes vernáculos responsables de dicha operatoria ilegal (entre los cuales se cuenta, el miembro de la Comisión Trilateral y amigo del clan Rockefeller, Domingo Felipe Cavallo, y el ex funcionario Daniel Marx, socio de David Mulford, uno de los dueños del banco en el que supuestamente están depositados los fondos oficiales fugados de la Provincia de Santa Cruz).
    En pocas palabras: con todo este triste espectáculo hemos asistido a una nueva operación mediática, que disfraza el sometimiento del gobierno argentino a los dictados del denostado verbalmente pero privilegiado financieramente FMI y su complicidad con los actos ilegales ejecutados por los directivos máximos en enero, mayo y setiembre de 2001.  
    1. El gobierno «nacional» presenta mediáticamente su actitud como un acto de propia decisión, al llevar a cabo el «desendeudamiento» con el organismo internacional, pero tal como destaca el Comunicado 48.434 del Banco Central del 15 de diciembre de 2005, lo que hace el gobierno «kirchnerista» es cumplir con una recomendación del FMI, para bajar la exposición de la deuda: «El FMI, en su última evaluación sobre Argentina (Consulta del Artículo IV de julio de 2005), recomendó el uso de las reservas internacionales para la recompra de deuda con ese organismo». Más todavía, el famoso Anoop Singh recomendó esta operatoria, y el recurso de un Bono del Estado a favor del Banco Central para compensar las reservas «expropiadas» para pagar la deuda[3]. Es decir, el primer mandatario se presenta como el campeón de la «resistencia», de la «lucha popular» y de la «dignidad nacional», pero en realidad cumple con el Fondo Monetario Internacional y con las recomendaciones de cualquiera de sus funcionarios.
    2. Por otra parte, al pagar toda la deuda con el Fondo, el gobierno encubre y legaliza el acto ilegal mediante el cual las autoridades del organismo otorgaron fondos –u$s 12.449 millones de dólares- para constituir el famoso «blindaje» del 2001, dinero que sólo sirvió para financiar la evasión de capitales. En rigor de verdad, el mencionado mecanismo no ha sido otra cosa que una serie de préstamos realizados en violación de la Carta Constitutiva del FMI, artículo VI, Sección 1 a), la cual dice: «ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin». En realidad, el famoso «blindaje» sirvió como mecanismo que favoreció la fuga de divisas. Esto fue puesto en evidencia por la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, en su Informe del 30 de junio de 2004, titulado The IMF and Argentina, 1999-2001.  
    En realidad, los préstamos del FMI desembolsados en el 2001 y la posterior fuga de capitales «son acontecimientos que dejan a descubierto a actores, móviles y oportunidades de un sistema de poder que aún prevalece en importantes grupos sociales» a los que «nuestro» gobierno termina favoreciendo, aunque se trata de «dos situaciones al margen de la ley, que por su naturaleza […] amenazan los mecanismos básicos de la economía nacional».  
    a) la mayor parte de la deuda con el Fondo «consiste en los fondos del blindaje contratados por el gobierno de Fernando de la Rúa y sus ministros de Economía, José Luis Machinea y Domingo Cavallo». Se trata de una cifra impresionante, ya que EL FMI DESEMBOLSÓ EN 2001 EL EQUIVALENTE A 12.449 MILLONES DE DÓLARES. Se trata de un dinero que «se evaporó y sólo sirvió para financiar la fuga de capitales». Se trató de un juego simple y perverso: 1. los grupos financieros y empresarios más importantes resolvieron sacar sus capitales de Argentina, pero como no había divisas, entonces 2. el gobierno pidió préstamos al FMI (el blindaje) que fueron utilizados para ese fin: los grupos económicos compraron muy baratos los dólares (1 a 1) y se los llevaron.  
    b) en rigor de verdad, TODA ESTA OPERATORIA FUE ILEGAL: «se trató de un préstamos realizado en violación de la Carta Constitutiva del FMI», cuyo Artículo VI, Sección 1 a) dice que «Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos del Fondo se destinen a tal fin». Ahora bien, el Fondo sabía que su préstamo se estaba utilizando para financiar la fuga de capitales, y sin embargo durante 2001 continuó efectuando desembolsos: lo hizo en enero (3.424 millones de dólares), mayo (1.488 millones de dólares) y setiembre (7.537 millones de dólares).  
    Lo paradójico es que LA ILEGALIDAD DE ESTA OPERATORIA HA SIDO RECONOCIDA DE MODO EXPRESO por la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, la que reconoce que la institución financió la evasión de capitales (FMI, Oficina de Evaluación Independiente, The IMF and Argentina, 1999-2001, Washington, 30 de junio de 2004). Es decir, estamos en presencia de «préstamos ilegales en su origen, desembolsados en infracción a la propia Carta Constitutiva del FMI». Una vez más, el Gobierno «kirchnerista»  hace alarde de una actitud en extremo paradójica: tan progresista y tan «crítico» del poder financiero internacional, pero SE DISPONE A SER CÓMPLICE DE SU PROCEDER ILEGAL, AL ABONAR LA TOTALIDAD DE ESA DEUDA ESPÚREA. Un gobierno con dignidad, con coraje y con grandeza podría DESCONOCER ESA DEUDA ILEGAL o bien EFECTUAR UNA QUITA SUSTANCIAL. Pero ante el poder financiero el primer mandatario da muestras de ser un duro en el arte de arrugar (Jorge Asís dixit).
    El Gobierno «kirchnerista» sabe muy bien que el famoso blindaje sirvió para favorecer la evasión y fuga de capitales, ya que una Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación (la Comisión Especial Investigadora sobre fuga de divisas de Argentina durante 2001, presidida por el Diputado Eduardo Di Cola) hizo un análisis detallado de esta maniobra. ¿Puede ser que el gobierno nacional desconozca esta investigación? Es probable, porque para el gobierno nacional el Congreso sólo existe como postal molesta, pero bien podría acceder a dicha información y enterarse que la fuga empresaria de divisas en el curso del año 2001 fue de 26.118 millones de dólares; que «el 70% de las transferencias realizadas por empresas corresponden a las primeras 100 empresas del país»; que «el 42% pertenece a las grandes firmas exportadoras» y que «el 26% pertenece a las empresas privatizadas de servicios públicos». En este cuadro general, llama la atención que las 10 primeras empresas que transfirieron en conjunto 9.085 millones de dólares tuvieron en realidad ganancias por 2.020 millones de dólares. Es decir, fugaron más de cuatro veces sus ganancias netas, pero ello no ha llevado a ninguna investigación por parte de la AFIP.  
    En resumidas cuentas, CON EL PAGO ANTICIPADO AL FMI DE LA DEUDA TOTAL el Gobierno «kirchnerista» ESTÁ CONVALIDANDO LA OPERATORIA ILEGAL DEL ORGANISMO: no sólo lo ha convertido en acreedor privilegiado, sino que además se convierte en cómplice de su obrar ilegal. Pero además, como regalo navideño, SE DESENTIENDE DE INVESTIGAR LAS TURBIAS MANIOBRAS FINANCIERAS Y BANCARIAS QUE HICIERON POSIBLE LA FUGA DE DIVISAS Y DE CAPITALES, beneficiando así a las grandes empresas y a grandes personajes privados que en principio no pueden explicar las cifras en juego. Pues en realidad «existe una manera concreta y efectiva de cobrar el costo de la deuda a aquellos que la contrajeron», no es imposible. Y además, «se puede reducir de modo sustancial la deuda con el FMI: las posibilidades radican en negociar con fuerza, dado el carácter violatorio de la Carta Constitutiva del FMI que tuvo el “blindaje”». Pero al mejor estilo de José Alfredo Martínez de Hoz, con el hambre y la sed de los argentinos el gobierno «gobierna» para beneficio del poder financiero internacional y de los grandes grupos económicos: no investiga las maniobras en divisas llevadas a cabo en el 2001 y no negocia sino que se somete mansamente al Fondo Monetario Internacional, eso sí, «a cara de perro».  
    Se torna cada vez más evidente por qué el conglomerado «kirchnerista» que nos «gobierna» se remite permanentemente a la década del 70: no sólo reivindica a los jóvenes idealistas (la mayoría ya ausente) que lucharon por un país mejor, sino que además reivindica al empresarial y financiero que se benefició con la política económica llevada a cabo por José Martínez de Hoz y la plutocracia financiera mundial. No por casualidad hoy ocupan los primeros cargos en el Ministerio de Economía quienes han sido funcionarios del Proceso de Reorganización Nacional, en concreto del Ministerio de Economía, o bien grandes partícipes de la tan denostada década menemista. La nueva ministro, después de militar en la extrema izquierda universitaria, inmediatamente de egresar de la Universidad trabajó en el Ministerio de Economía de la Nación bajo las órdenes de Juan Alemann y de José Alfredo Martínez de Hoz, mientras que el nuevo secretario de Finanzas ha sido asesor de Domingo Felipe Cavallo, colaborador de Carlos Bastos en los procesos privatizadores de Segba y de Gas del Estado, director del Banco Hipotecario, y por último testigo a favor de la empresa norteamericana LG&C Energy Corp contra la Argentina ante el CIADI, a causa de la demanda entablada por la empresa extranjera contra el Estado Nacional)[4]. En definitiva, el conglomerado «kirchnerista», junto con los dirigentes piqueteros-funcionarios parece haber aggiornado una vieja consigna que tanto cantaban en su época «revolucionaria»: la sangre derramada –por otros que ya no están- sirve para hacer negocios a quienes sí hoy están, aunque no se sabe a qué precio ni cómo. En una especie de esquizofrenia política gravísima, persigue judicialmente a las instituciones militares, pero protege y encubre al sector financiero, local e internacional, que comandó realmente el Proceso de Reorganización Nacional.  
    Para concluir, planteamos aquí los interrogantes:  
    1. Con su proceder, ¿el titular del Poder Ejecutivo nacional no está incurriendo en violación de los deberes de funcionario público y en el delito de traición a la Patria, al someterse a los dictados de un organismo privado internacional?  
    2. ¿Ambas Cámaras del Congreso convalidarán este proceder rastrero del Gobierno nacional, de sometimiento al FMI? ¿Serán cómplices de esta maniobra inconsulta que en primer lugar beneficia al poder financiero internacional y encubre su proceder ilegal, y que en segundo lugar echa al olvido el negociado de la fuga y evasión de divisas?  
    3. ¿El designado Embajador en Francia se acoplará a esta maniobra neocolonialista del Gobierno nacional, a contramano de lo que él mismo criticó y aconsejó hace poco tiempo con su padre? [5].

José Arturo Quarracino
josequarracino@yahoo.com