Las negociaciones entre el Ministerio Público de Brasil y la parte argentina para acceder a las pruebas de los "arrepentidos" de Odebrecht quedaron por el momento en punto muerto, ya que el país vecino fijó nuevas condiciones que siguen en evaluación.

La semana pasada, la parte argentina mantuvo una nueva reunión para analizar el avance de las negociaciones y el nuevo condicionamiento de Brasil: que la declaración de estos no pueda ser utilizada penalmente en contra de ninguno de los integrantes de la constructora. 

Inicialmente, funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo de la Argentina habían propuesto una "flexibilización" en la negociación con Brasil para poder obtener la información que aportaron en ese país los "arrepentidos" del caso Odebrecht sobre el pago de coimas.

Desde entonces, se suscitaron al menos cuatro encuentros en la Procuración General de la Nación, de los que participaron su titular, Eduardo Casal; el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez; el fiscal federal Franco Picardi, autoridades de la Cancillería y de la Oficina Anticorrupción OA.

El organismo dirigido por Laura Alonso propició una alternativa para firmar un "acuerdo de compromiso de especialidad y de limitación del uso de la prueba", esto es, el convenio entre Brasil y la Argentina para que se envíe al país toda la información y las delaciones con la declaración de los "arrepentidos" por el escándalo Lava Jato, en el cual está comprendido el caso Odebrecht.

Brasil pretendía -y así lo hizo saber ya el año pasado remitiendo este acuerdo aún sin firmar- que, a partir del aporte de dicha información, haya por parte del sistema judicial argentino la renuncia a utilizar ese material para acusar a los arrepentidos, así como también a llevar cualquier acción administrativa o civil.

La parte argentina propone un acuerdo más limitado y la posibilidad de "flexibilizar" los eventuales convenios con Brasil con la promesa a cada uno de los "arrepentidos" de que la información que aporten no será utilizada en su contra, aunque sí para el resto de los implicados y para comprobar la hipótesis del pago de coimas por las obras cuestionadas en el país.

Pero en los últimos días, el Ministerio Público Fiscal de Brasil requirió que lo que cada "arrepentido" vinculado a Odebrecht declare o sea aportado no sólo no se utilice en su contra sino tampoco contra ninguno de los integrantes de la constructora brasilera o vinculados a la misma.

Se trata de una nueva condición fijada por la parte brasilera y, bajo una estricta confidencialidad, las negociaciones entre los funcionarios judiciales y del gobierno argentino van a continuar atendiendo el pedido.

Concretamente, Brasil reclama que las declaraciones de los arrepentidos de Odebrecht no sean utilizadas contra ninguna de las 78 personas que forman parte de la empresa de manera directa o indirecta.

Además, Brasil insiste con que -a cambio de las pruebas- haya una renuncia del Estado argentino hacia todo juicio civil o administrativo que pueda surgir a partir de los dichos de los "arrepentidos".

Más allá de los límites con los que se mueven los funcionarios judiciales argentinos por lo estipulado por el Código Penal local, la Oficina Anticorrupción insistió en la posibilidad de dialogar nuevamente con Brasil y recordando el artículo 46.5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

"La transmisión de información se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada", señala el mismo.

En la Argentina, la información permitiría avanzar en distintas causas como la de los presuntos sobreprecios y sobornos por la obra del soterramiento del tren Sarmiento; otra por obras de AySA en plantas potabilizadoras de Tigre y Berazategui; y aquella en la que intervino Odebrecht para la ampliación de gasoductos Norte y Sur.