Funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo de la Argentina evalúan una "flexibilización" en la negociación con Brasil para poder obtener la información que aportaron en ese país los "arrepentidos" del caso Odebrecht sobre el pago de coimas.

La propuesta surgió en el marco de una reunión que días atrás se realizó en la Procuración General de la Nación y a la que asistieron su titular, Eduardo Casal; el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez; el fiscal federal Franco Picardi, un representante de la Fiscalía de Federico Delgado, autoridades de la Cancillería y de la Oficina Anticorrupción.

El organismo dirigido por Laura Alonso fue el que dio el impulso a la idea de la colaboración, a través de la firma del "acuerdo de compromiso de especialidad y de limitación del uso de la prueba", esto es, el convenio entre Brasil y la Argentina para que se envíe al país toda la información y las delaciones con la declaración de los "arrepentidos" por el escándalo Lava jato, en el cual está comprendido el caso Odebrecht.

Brasil pretende -y así lo hizo saber ya el año pasado remitiendo este acuerdo aún sin firmar- que, a partir del aporte de dicha información, haya por parte del sistema judicial argentino la renuncia a utilizar ese material para acusar a los arrepentidos, así como también a llevar cualquier acción administrativa o bien civil.

Pero más allá de la intención de la OA, la Justicia argentina hizo saber que lo solicitado por Brasil choca con el sistema legal local, pues el Código Penal no permite renunciar a la acusación ante la presencia de un delito: es decir, que no se puede garantizar a los "arrepentidos" que no serán acusados de algún ilícito más allá de la cooperación que pudieran brindar.

La Oficina Anticorrupción insistió recordando el artículo 46.5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: "La transmisión de información se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización. Ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada", señala.

Sin embargo, a pesar del impulso del organismo dependiente del Ministerio de Justicia, el fiscal Franco Picardi le hizo informó de la imposibilidad de aplicación con el sistema legal vigente en la Argentina y, mediante un dictamen, recordó que una de las herramientas es la ley 27.304: "Las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o los autores por algún delito durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos comprobables y verosímiles", indica la norma.

En la reunión que tuvo lugar en la Procuración, la OA volvió a insistir y los fiscales explicaron también su postura: tras horas de análisis surgió una propuesta sobre la posibilidad de "flexibilizar" los eventuales acuerdos con Brasil para obtener información que pudiera servir para todas las causas del escándalo Odebrecht sobre el pago de coimas en la Argentina para acceder a la obra pública.

Puntualmente se trata de prometer a cada uno de los "arrepentidos" que la información que aporten no será utilizada en su contra aunque sí para el resto de los implicados y para comprobar la hipótesis del pago de coimas.

Ello, evaluaron, implicaría que Brasil rebaje sus pretensiones de obtener a cambio de la información de los "arrepentidos" un acuerdo de inmunidad tanto penal, civil como administrativa con el cual vienen insistiendo como condición.

La parte Argentina pretende acceder sobre todo a información sobre quiénes estuvieron en la "operatividad" del pago de sobornos, esto es quienes tuvieron participación directa, lo que dejaría afuera a otros directivos de Odebrecht que poco tendrían para aportar y reduce el universo de "arrepentidos".

La propuesta ahora será girada por la Cancillería a Brasil para realizar un primer "tanteo" de si puede prosperar y, en breve, se llevará a cabo un nuevo encuentro de la parte argentina para analizar los pasos a seguir.

En Brasil, y es un dato a tener en cuenta, desde fines de 2017 la Procuración General tiene al frente a Raquel Dodge, reemplazante de Rodrigo Janot, quien tenía una postura mucho más rígida a la hora de sentarse a negociar el acuerdo de colaboración.

Una de las causas bajo la lupa es por presuntos sobreprecios y sobornos por la obra del soterramiento del tren Sarmiento (fiscal Picardi, juez Marcelo Martínez de Giorgi), en donde ya hay indagatorias fijadas; otra por sobreprecios en obras de la firma AySA (fiscal Delgado, juez Sebastián Casanello), donde también se tomaron interrogatorios y ahora hay un pedido de ampliación; y por sospechas similares en la ampliación de gasoductos norte y sur (juez Daniel Rafecas, fiscal Delgado).

La pretensión es poder acceder a las delaciones de los arrepentidos: para el capítulo Odebrecht en la Argentina, no serían más de ocho las personas que aportaron información en Brasil sobre el presunto pago de sobornos a ex funcionarios y empresarios.

El diálogo entre Brasil y la Argentina por la cooperación en torno al capítulo Odebrecht siempre estuvo abierto pero nunca se llegó a un acuerdo que permitiera a nuestro país acceder a información clave: ahora surge esta nueva propuesta que, de tener éxito, permitiría lograr el objetivo.