En el gobierno no pueden creer que los tiempos de gozo sean cada vez más efímeros. Vivieron un Día de la Bandera glorioso, con sendas buenas noticias en lo económico: la aceptación por parte del directorio ejecutivo del FMI del acuerdo stand by en favor de la Argentina, y luego la decisión de MSCI de ascendernos a la categoría de país “emergente”; una mejor que la otra.

Previsiblemente, la Bolsa de Comercio dio un salto al día siguiente, pero el miércoles pasado se desmoronó. Escaló diez puntos con las buenas noticias y a la semana había caído 14.

La buena estrella del “Messi de las finanzas” duró no mucho más. La medida implementada por el flamante presidente del Banco Central, Luis Caputo, de subastar cien millones de dólares al cierre de cada jornada en los mercados era fuertemente cuestionada el jueves pasado, a una semana de su implementación. Los tiempos se agotan con demasiado rápido, se lamentaba un funcionario en Gobierno, remitiendo al ejemplo más contundente: la brevedad del efecto de la victoria electoral de octubre.

A la hora de buscar las razones de esta corrida cambiaria sin fin, funcionarios y economistas remiten a razones externas. Todo arrancó la última semana de abril, con la suba de las tasas por parte de la Reserva Federal, que decretó el abrupto final de nuestro financiamiento. Ahora, las señales externas siguen siendo negativas: las perspectivas de una guerra comercial entre Estados Unidos y China meten un ruido que hace temblar a los países emergentes. Algunos sugieren incluso atender lo que implica el seguro triunfo de López Obrador en México; esto es, el populismo al frente de la segunda economía latinoamericana. La prevención suena exagerada, pues si bien otros vecinos devaluaron, en este último tembladeral el peso mexicano se revaluó.

Habrá que reconocer a esta altura que el terremoto financiero cuyas réplicas se repiten sin solución de continuidad desde abril ya no puede endilgarse a cuestiones externas, sino fundamentalmente a la vulnerabilidad argentina. Lo que para otros países de la región generó problemas pasajeros, aquí se ha tornado más grave y constante. Brasil devaluó en lo que va de 2018 un 17,2% su moneda, que no es poco. Pero la Argentina lleva 56,3% en este semestre. Solamente contando junio, la caída del peso fue de 15,9%.

La peor sequía en 50 años ha hecho lo suyo; ahí está una razón de la falta de dólares, y es un tema que en el equipo económico minimizaban explicando que solo afectaría poco más de medio punto del crecimiento proyectado. La realidad es que nadie acierta a dar con las razones concretas de esta crisis interminable, cuando ya todos sugieren buscar en la política.

La semana se inició con un contundente paro nacional cuyo efecto el gobierno soslayó, y terminó con el dólar acariciando los 30 pesos. Existe la sensación plena de que la oposición no va a darle tregua al gobierno y que el cumplimiento de las metas con el FMI está en duda.

En este momento de confusión, todo está en discusión. Cuando se daba por descontado que el Presidente aplicaría una reducción de ministerios, Macri optó nuevamente por el gradualismo y dieron por cerrada la etapa de cambios. El viernes, en plena escalada del dólar, sonó fuerte la versión de la renuncia de Nicolás Dujovne. Incluso se atribuyó a la misma la caída de los bonos argentinos. “El ministro está firme”, fue la enfática respuesta de un vocero de Hacienda ante la consulta de este medio. Decidido a ponerle el cuerpo a la situación, el Presidente salió en persona desde Entre Ríos a garantizar el compromiso de todos para cumplir con los objetivos impuestos y “achicar el déficit fiscal en todos los niveles del Estado”. La crisis es lo suficientemente extensa y desconcertante como para que el desgaste no alcance al mandatario. A la hora de sopesar los efectos de la misma, un economista sugería el viernes por la noche hacer un control de daños recién al final de esta escalada, y mientras tanto dedicar todos los esfuerzos a frenar la corrida cambiaria: no hay otra prioridad.

Lo paradójico de la situación es que el acuerdo con el FMI se cuestionó por considerar que era bueno para el mercado y preocupante para la economía real. Ahora, luego de que el gobierno pagara el elevado costo político del acuerdo, resulta que tampoco le terminó cayendo bien al mercado…

Atenta a la onda expansiva de la crisis, la gobernadora bonaerense trata de mostrarse un paso delante de la situación, con medidas proactivas. Por eso anunció un aumento del 23% de las jubilaciones en la provincia y anticipó el pago del medio aguinaldo. María Eugenia Vidal se muestra cada vez más seguido con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, quien la acompañó en el encuentro con el Papa de hace dos semanas, y el viernes se reunió -acompañada por Stanley- con el ministro de Producción, Dante Sica, en la Casa de la Provincia en esta Capital, atenta a dos ejes clave para atender: la cuestión social y la actividad de las pymes.

Junto con Horacio Rodríguez Larreta, Vidal está convencida de que la solución debe encontrarse en la política y tendiendo puentes hacia la oposición dialoguista. La duda fuera del país y aquí mismo es si esa oposición estará dispuesta a consensuar con un gobierno debilitado, ya en plena campaña electoral. Fue la razón por la que, a instancias de la Rosada, gobernadores salieron el viernes a garantizar el cumplimiento de las metas fiscales.

Un encumbrado hombre de Cambiemos que no pertenece al Poder Ejecutivo pero cuya voz ha vuelto a escucharse en las mesas de diálogo del gobierno, sugiere ni pensar en 2019. “Hay que ver primero cómo pasamos la crisis”, señaló a este medio, atento a que “todavía quedan cinco meses que serán complicados en lo económico”.

Desde el radicalismo, pero fuera de la estructura integrada a Cambiemos, un influyente hombre del partido centenario alertaba al cierre de la semana que el país avanza hacia una recesión muy fuerte. El propio jefe de Gabinete lo admitió, aunque -fiel a su estilo- minimizando la intensidad de esa recesión, que sugirió acabará hacia fin de año. Se animó a diagnosticar un crecimiento del 1% para el presente año, y de entre 2 y 3 puntos para 2019. La mencionada fuente radical sugirió que la recesión podría extenderse hasta el mes de abril. ¿Y sus efectos electorales? Mejor estar atentos a diciembre de este año, que a octubre del próximo.

Entre tanta confusión, el gobierno pareciera apelar a mecanismos habituales de la anterior gestión. Ante el atraso tarifario que genera esta fortísima devaluación, se está negociando con las empresas energéticas para que “banquen” la emergencia hasta después de las elecciones, pues una nueva reactualización tarifaria es inviable y suicida, en términos electorales. También se analiza retrotraer la liberación de los combustibles; se entiende por qué se fue Aranguren. Y hasta se acepta reabrir las paritarias para reactivar el consumo. El combate contra la inflación va a tener que esperar, y ya se descuenta que junio tendrá un valor de los más altos de la era Macri: 3,5%, mínimo.

La fundación FIEL estimó una inflación de 29,5% para el presente año -que, temeroso de que supere los 30 puntos, el gobierno suscribiría aliviado-, y una caída del salario de 2,7 para 2018.

En este contexto es previsible que las encuestas vuelvan a dar otra caída de la imagen presidencial, y sobre todo de las expectativas, luego de que sondeos recientes dieran cuenta de un rebote en los porcentajes de Mauricio Macri. Se justifica entonces que se haya suspendido el “timbreo nacional” que se programaba para este fin de semana, aunque la excusa oficial fue el partido de la selección. Dos semanas atrás también se había suspendido anticipadamente la misma actividad previendo una lluvia que no sucedió.

Parecieran estar dándole la razón al recuperado Emilio Monzó que hace tiempo había renegado de los timbreos, sugiriendo que cuando se es gobierno los funcionarios están más para “el ring-raje”.

Y ya que mencionamos a alguien del Congreso, en el Senado finalmente se pusieron de acuerdo para tratar el 8 de agosto la legalización del aborto. Hoy los números siguen muy apretados, pero con la diferencia de que en el Senado no hay blanco o negro, sino muchos indecisos que dicen “sí, pero…”. Con esas perspectivas, crece fuertemente la posibilidad de que el 8 de agosto se apruebe la ley en general, y en el tratamiento en particular se hagan modificaciones que obliguen a una vuelta del proyecto a Diputados, donde será imposible ratificar el proyecto original.