El 19 de diciembre de 2001, después de un discurso por cadena nacional del entonces presidente Fernando de la Rúa, las calles estallaron de furia. Tronaron las cacerolas, que al día siguiente se unieron al movimiento piquetero para manifestar en la Plaza de Mayo, frente al símbolo del poder político que es la Casa Rosada.

El estallido social fue un reflejo del estallido económico argentino. Los bancos impedían que los depositantes pudieran retirar sus ahorros, el desempleo había llegado a niveles récord, después de años de recesión económica y deflación. Eso se conjugaba con una debilidad política del Gobierno, que un año antes había perdido las elecciones legislativas.

El préstamo llamado “blindaje”, que el Fondo Monetario Internacional, el gobierno español, y otros organismos y bancos locales le habían dado al gobierno de la Alianza, se evaporó en meses, impulsado por una fuga de capitales que se volvió estampida días antes del llamado “corralito” en los cajeros automáticos. Diecisiete años después, con otro gobierno no peronista, Argentina entra en una crisis que tiene similitudes y diferencias con aquella que terminó con el 1 a 1, un peso = un dólar.

La convertibilidad en 2001

En cuanto a la política cambiaria, el gobierno de De la Rúa, por la ley de convertibilidad, debía asegurar que cada peso valiera un dólar, ni más ni menos. De esta forma, no podía decidir sobre la cantidad de dinero circulante.

Si quería que más gente tuviera dinero en sus manos, debía estimular más préstamos de los bancos. Y como a fines de los 90 no había ingreso de capitales, y los bancos tenían encajes bajos, eso generó la sensación de que había más dinero circulando que el dinero real. Al mismo tiempo, por el clima de desinversión y de recesión económica, las empresas enviaban dólares a sus casas matrices. Entonces, bastó una corrida bancaria para que los bancos no pudieran responder a la necesidad de los depositantes de tener en la mano el dinero que depositaron.

Simplemente, los bancos no pudieron responder a la demanda, ni el Banco Central los pudo auxiliar.

La política cambiaria hoy

La situación hoy no es la misma. Además de la posibilidad de emitir pesos para responder a la necesidad de efectivo de los depositantes, los bancos tienen encajes más altos.

Incluso, las entidades financieras solo pueden prestar dólares a empresas exportadoras, que generen divisas.

A menos que los préstamos de los bancos al Tesoro aumenten de forma significativa, sería virtualmente imposible un corralito de la misma forma que sucedió en 2001.

Situación política

En cuanto a la fortaleza política de los gobiernos, el de la Alianza perdió las elecciones anteriores al estallido. El gobierno de Cambiemos las ganó.

Sin embargo, una lectura lineal puede ser engañosa. El capital político ganado por Macri se evaporó rápidamente después de la reforma previsional que le quitó decenas de miles de millones a los jubilados. Esa reforma provocó un estallido popular con reminiscencias al llamado “argentinazo”.

Si bien no movilizó tanta gente ni terminó con la caída del Gobierno como en ese entonces, sí fue el comienzo del desencanto con un gobierno que no estaba logrando cumplir lo que había prometido: bajar la inflación y terminar con la pobreza.

El FMI

Un último punto central para comparar ambos escenarios es la incidencia del FMI en la política económica argentina. En el 2001, el FMI prestó dinero con la condición de que Argentina cumpliera con metas de reducción de déficit fiscal, que se ejecutarían reduciendo el sueldo de jubilados y empleados estatales. En 2018, el presidente Mauricio Macri, acorralado por una suba del dólar imparable, que a su vez recalentó la inflación, acudió nuevamente al FMI como señal a los mercados de que el Gobierno tenía la estabilidad necesaria para controlar el mercado cambiario y para volver a recibir inversiones.

Esa vuelta al FMI llegó con algunos condimentos similares al 20001: el libreto del organismo internacional dice muy claro que para devolver el préstamo, Argentina debe reducir el déficit fiscal, cuestión que el Gobierno planea resolver con un freno a la obra pública, despidos y subas salariales por debajo de la inflación.