La política se llenó de tensión, generando un ambiente fácilmente cortante, ello, tras el anuncio del presidente Mauricio Macri quien auguró que dispondrá la utilización de las Fuerzas Armadas para “asuntos estratégicos” de seguridad interior.

El jefe de Estado, junto al ministro de Defensa, el deshonrado Oscar Aguad, presentó en Campo de Mayo la propuesta de desarrollar dos decretos: uno para derogar la legislación actual y el otro para anunciar el despliegue militar en seguridad interior. De esta manera se busca generar “unas fuerzas armadas dinámicas, livianas, adaptadas a las nuevas tecnologías y tendientes a enfrentar un concepto más moderno de ataque al país”.

Sendos decretos serán publicados el martes de esta corriente semana, y el primero derogará el decreto 727/2006 firmado por el otrora presidente Nestor Kirchner, en el cual se modifica la ley de defensa nacional y se limita el accionar de las Fuerzas Armadas únicamente frente a ataques internos. El segundo aprobará el arribo de 10 mil militares “para apoyar logísticamente a las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.

Por dicha razón, varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y legisladores opositores se asomaron para “tirarle la bronca” al presidente, ya que el argumento general promete comparar al Gobierno de Facto con la medida coyuntural.

Fueron desmedidos los casos de resistencia a esta nueva norma, ya que fue repudiada por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el diputado nacional Agustín Rossi, H.I.J.O.S. Capital, la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Cerrutti, el diputado nacional Felipe Solá, el dirigente sindical –con representación en la Cámara baja- Hugo Yasky, la diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda y obviamente no podía faltar el bloque del senado FPV-PJ liderado por Cristina Kirchner.

Más allá del sabor amargo que se puede degustar en el aire político, es sabido que un militar no recibe una preparación idónea para conducir la seguridad interior, es decir, están entrenados para el combate y no para seguir ciertos protocolos con los que se educan a la Policía, la Gendarmería e incluso la Prefectura.

Es dable rememorar como fallaron medidas semejantes en otros países, solo hay que mirar el espejo de Brasil y de México, nunca tuvo un resultado plausible, ni siquiera “pasable”.

Uno de los fundamentos en los que se basa el presidente predica la corruptibilidad del resto de las fuerzas, lo cual, no solamente habla muy mal de las políticas utilizadas para las Fuerzas de Seguridad, sino que, además, nada tiene que ver la formación, quien es pasible de corromperse lo será formando parte de cualquier tipo de institución.

De cualquier forma, lo más relevante de este proceder tiene como epicentro el incentivo real del oficialismo, especialmente de Macri y Aguad, siempre con el apoyo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, para llevar a cabo esta decisión.

¿Estará directamente relacionada con la demanda de las FFAA sobre el aumento de sueldo? ¿Les incremetarían los haberes a los militares a raíz de darles más trabajo?

En los últimos tiempos las Fuerzas Armadas están paradas en el mismo eje, al resguardo de una nueva guerra o un ataque colosal, por lo que se entendería que el estímulo por ponerlas a “patrullar” está vinculado más por el aumento en sus sueldos que por la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

De todas maneras, como se menciona más arriba, en un principio no pareciese ser una medida acertada, ningún país que haya adoptado esta doctrina ha forjado buenos resultados.

Por caso, ¿Resultará esta vez? Es fácil deducirlo aunque apresurado aseverarlo, solo el tiempo dará la razón o rectificará la decisión dispuesta, en primer lugar, por el primer mandatario, Mauricio Macri.