El minucioso silencio que Cristina Fernández de Kirchner se impuso a partir de que se desató la crisis cambiaria que dejó tambaleante al gobierno de Cambiemos en su camino hacia 2019, tenía previsto ser suspendido recién el próximo miércoles, cuando el Senado viva su sesión más trascendente desde la del 16 y 17 de julio de 2008 por la 125, para definir ahora el destino de la legalización del aborto. Allí la expresidenta argumentaría las razones de la vuelta de campana de su postura frente a un tema que ignoró durante los 12 años en que tuvo todo el poder.

Ni siquiera estaba previsto que su voz trascendiera el ámbito de la sede del SMATA de Cañuelas, donde se reencontró con Hugo Moyano, a la sazón vocero de ese cónclave. El valor de esa reunión pasaba por la suma de poder que está haciendo el kirchnerismo de cara a las presidenciales en las que hasta ahora quedaban pocas dudas de la participación de su líder. El jefe camionero terminó cumpliendo el rol previsto, cuando a la salida del encuentro expresó ante los periodistas su objetivo de unificar al peronismo. Ya lo han dicho oportunamente él y su hijo Pablo, y lo expresó también esta semana José Luis Gioja tras ser repuesto al frente del PJ: “Nuestro enemigo está en la Casa Rosada”. Con ese adversario común, el kirchnerismo se ilusiona con un peronismo tan unificado como se pueda -con otra etiqueta si es necesario-, pero con la expresidenta al frente.

Lo que no esperaban los K en general, y mucho menos Cristina en particular, era el escándalo judicial que ha hecho tambalear las ilusiones que tanto crecieron en el kirchnerismo las últimas semanas. Porque la contundencia de este episodio surgido a partir de la obsesiva recopilación de datos por parte de un chofer testigo de una gigantesca trama de corrupción ha conmovido todos los estamentos y promete atravesar la política argentina y las relaciones del poder con el mundo empresarial. No suena exagerado suponer que habrá un antes y un después en el país a partir de las revelaciones que puedan surgir del “cuadernos gate”.

Las dimensiones de la corrupción del pasado reciente llaman tanto la atención como los ribetes novelescos que han permitido develar algunos de sus tramos. Desde los bolsos de José López -una prueba contundente de la impunidad delictiva, pero a la sazón acotada por las circunstancias a un protagonista en particular-, al video de La Rosadita -en rigor circunscripto a Lázaro Báez-, hasta llegar a este caso que podría llegar a convertirse en una suerte de Lava Jato criollo.

Conmueven las detenciones y el nivel de los imputados, pero los políticos consultados se sorprenden por el desenlace, mas no por los delitos revelados. “Todo esto lo sabíamos”, resumió el viernes el senador oficialista Esteban Bullrich, que en los albores del kirchnerismo -siendo diputado- investigó el caso Skanska, un episodio de coimas con la obra pública registrado en 2005 que detonó a partir de una auditoría interna de la propia empresa, y que pese a las pruebas contundentes quedó en la nada porque un juez dijo que las grabaciones no servían como prueba. La pregunta es si con el nivel de personajes involucrados la justicia hoy sí podrá avanzar.

Puesto por el juez de la causa como jefe de la banda junto a su esposa, Néstor Kirchner tenía claro desde antes de iniciar su carrera política que “para hacer política se necesita tener plata”. Tales las palabras que él mismo le confió a Cristina Fernández cuando instaló su estudio de abogado en Santa Cruz. Esa obsesión parece haberlo acompañado hasta el final. También era proverbial su afición por anotar todo en su “libreta de almacenero”, donde Néstor Kirchner detallaba los números de la economía de su gobierno, comenzando por las reservas del Central. Habría que ver qué otros datos propios anotaba puntillosamente, con la misma obsesión que parece haber tenido el chofer que hoy ha desatado un tembladeral en la Argentina.

Quienes no se sorprenden por la existencia de un entramado de corrupción en la obra pública de la era K sugieren volver a remitirse a 2005. El 22 de noviembre de ese año, el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna dejó mudo al auditorio de empresarios en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, cuando denunció “cierto grado de cartelización de la obra pública, con los sobrecostos que ello implica”. La frase lanzada por Lavagna causó conmoción en el sector empresario más beneficiado con la reactivación post-crisis, cuya Cámara por entonces presidía Carlos Wagner, uno de los empresarios hoy detenidos.

Néstor Kirchner echó a Lavagna el 29 de noviembre, una semana después de ese episodio.

Cristina Kirchner ha visto alterado el cronograma que había delineado en su camino a 2019, en el que no figuraba ni en sueños -o pesadillas- tener que ir a declarar como imputada el lunes 13 en esta causa. Su reaparición pública estaba prevista para el 8 de agosto, como dijimos, con su esperado discurso sobre la legalización del aborto. En cambio antes estará en el centro de la polémica cuando comience a discutirse en comisión la autorización para que el juez Bonadio pueda allanar sus propiedades. Una semana después se resolverá en el recinto.

Luego vendrá la discusión sobre su desafuero, en una causa más contundente que la que originó otro pedido de Bonadio, por “traición a la Patria”, aunque tampoco se espera que Miguel Pichetto modifique su doctrina de esperar sentencia firme para soltarle la mano a un senador. Sobre todo tratándose de un expresidente. Si bien algunos sugirieron que la magnitud de este acontecimiento podría llegar a hacer variar la jurisprudencia recreada por el rionegrino, eso no sucederá. Ni aunque este hecho pueda haber acrecentado las ilusiones del peronismo no kirchnerista, que habían mermado conforme el ascenso que venía teniendo la senadora.

Porque está claro que si el “cuadernos gate” termina exponiendo de manera dramática a la exmandataria, el operativo clamor podría diluirse. Sobre todo con argumentos como el que figura en el pedido de autorización de allanamiento que mandó el juez al Senado, donde habla de “una organización delictiva integrada por funcionarios públicos y comandada por Cristina Elisabet Fernández, cuyo objeto era percibir sumas de dinero ilegítimas, por parte de particulares, con la finalidad de acrecentar sus respectivos patrimonios”.

La defensa que hará la expresidenta ya la esgrimió el viernes ante los sindicalistas con los que dialogó en Cañuelas. Según pudo saber este medio, CFK habló de una “causa inventada” que atribuyó al gobierno y “medios afines”. Más allá de las pruebas que pueda haber en su contra, usa como argumento defensivo el momento crítico para el gobierno en que esto se da a la luz.

Lo cierto es que este “regalo del cielo” -como diría Lilita Carrió, que atribuyó a la Virgen de San Nicolás que Oscar Centeno se dedicara a escribir esos cuadernos- cayó en un momento clave para una administración que comienza a transitar la etapa en que las peores previsiones se transforman en cifras alarmantes. La industria mostró un derrumbe del 8,1%, la peor marca desde 2002, y está 6 puntos debajo de los datos de 2015. La construcción, motor del tardío despegue de la economía de Cambiemos, encontró su límite, después de 14 meses de crecimiento sostenido.

Se esperan por lo menos otros dos meses de datos adversos.

Por eso es que el gobierno se recuesta en otros temas que motivan atención. El debate sobre el aborto, por ejemplo, más allá de las fisuras internas que le haya generado a Cambiemos. Cierto alivio se vive en el oficialismo de cara a la votación del miércoles en el Senado, donde las cartas ya están echadas y todo indica que la legalización del aborto no será aprobada. No es que Cambiemos militara por el rechazo; lo que el Presidente deseaba era que el resultado fuera de alguna manera holgado, en uno u otro sentido. Y en lo posible, anticipado, para evitar que la desilusión genere incidentes. El peor de los escenarios era el de un empate y que tuviera que definir Gabriela Michetti, ya se sabe cómo. Era lo que no quería Macri.

Se presume que este miércoles las multitudes estén equiparadas, no como cuando la votación en Diputados. Esta vez la Iglesia se puso decididamente a militar contra el aborto -dejando de lado la pasividad en que cayó la vez pasada por exceso de confianza- y los “celestes” esperan igualar en número a los que promueven la interrupción voluntaria del embarazo.

Como están las cosas, con un “poroteo” parcial de 36 a 32 a favor del rechazo, el resultado definitivo podría llegar a ser 38 a 32. En 2020 los “verdes” podrán volver a intentarlo.