Desde su asunción el 25.5.03, el Dr. Kirchner venía intentando – a través de las gestiones del ministro Roberto Lavagna – firmar un nuevo acuerdo de corto plazo con el FMI, hasta fin de año, prorrogando los pesados vencimientos del segundo semestre del 2003, que solamente con los Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, Banco Mundial y BID) se habla que pasan los 6.600 millones de dólares pero son, en realidad, 7.300 millones (sin contar intereses).

Se suponía que, durante ese período, el nuevo gobierno podía “construir” un espacio propio de poder – tanto interno como internacional – de apoyo que le apuntalara una mejor capacidad negociadora frente a los Acreedores Externos de la Deuda Pública; pero los hechos estarían mostrando ahora que el presidente Kirchner no va a disponer del tiempo necesario para armar un esquema ordenado de negociación alternativa.

Hoy los tiempos financieros asfixian más que nunca los tiempos políticos: al país se le exigen metas fiscales y reformas estructurales extraordinariamente pesadas y con el nuevo Acuerdo del FMI se estaría jugando, ni más ni menos, la gestión del gobierno Kirchner, ya que el futuro convenio sería por tres años, es decir, la cobertura de la mayor parte de su período de Gobierno.  Dicho con otras palabras: hay una alta probabilidad que el presidente Kirchner se encuentre en estos momentos amenazado por una suerte de extorsión entre firmar un acuerdo dictado por el FMI y la Tesorería Norteamericana o tener que afrontar una nueva y grave crisis financiera provocada por los Acreedores Externos y las estructuras de poder internacional en las cuales se apoyan.

El gobierno tiene por delante - en el muy corto plazo - tres fechas clave:

1.      El 31 de agosto, en que vence el Acuerdo vigente con el FMI y sobre el cual está intimado a renovarlo con un nuevo convenio a tres años;

2.      El 9 de septiembre, en que se produce el vencimiento de unos 3.000 millones de dólares con el propio FMI, cuyo cumplimiento o no determinará si nuestro país cae en default también con los Organismos Multilaterales de Crédito; y

3.      El 23 de septiembre, fecha para la cual se asumió el compromiso de elevar una oferta de pago a los Acreedores Externos (en la próxima Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial en Dubai, Emiratos Árabes Unidos).

Pocos días antes de esa fecha – formalmente, el 15.9 – el Poder Ejecutivo debiera presentar al Congreso el Proyecto de Ley del Presupuesto para el Ejercicio 2004, donde debieran constar ya las cifras previstas de metas fiscales y, en particular, los servicios financieros a pagar el año que viene. Y se supone que dicho plan presupuestario debe estar en línea con el nuevo arreglo acordado con el FMI.  Aunque existe la posibilidad de relativizar la fecha de formulación de la propuesta a los acreedores – en función de las negociaciones en curso – el punto determinante estaría dado por las dos primeras fechas, porque la actual Administración pudiera encontrar un “aliado circunstancial” en los Acreedores Bancarios para tratar de obtener ciertas concesiones de quita o prórroga con los Organismos Internacionales, bajo el argumento de la equidad en los “sacrificios” de disminución por Capital o Principal de la Deuda.

Desde hace un tiempo, en efecto, los grandes acreedores bancarios privados – directa o indirectamente involucrados – están pidiendo que el Fondo Monetario y los Bancos Mundial y BID asuman también alguna forma de concesión o quita a los Países Deudores, como la Argentina, para amortiguar o repartir el costo de dicha “pérdida”. Pero estos Organismos Internacionales se resisten a efectuar tal tipo de concesiones porque ello provocaría un “efecto demostración” en cadena frente a otros países y, además, aumentaría su exposición financiera, afectándoles la calificación de riesgo que tienen como instituciones.

Es una eventualidad poco probable, pero que no puede descartarse en caso que el nuevo gobierno trate de “sacudirse” un poco la presión externa “apoyándose” parcialmente en los Bancos Acreedores para poder endurecer su postura de negociación con el Fondo.  El presidente Kirchner no ha tomado, hasta el presente, ninguna decisión importante sobre los problemas de fondo financieros y económicos de la Argentina; y existe el peligro cierto que si él no toma tales decisiones pronto “otros” puedan imponérselas.

¿Qué exige el fmi y por qué lo exige?

El Acuerdo del 16.1.03 – firmado por el gobierno Duhalde – comprometió toda una serie de “condicionalidades” exigidas por el FMI que constituyen la base de mínima para todo nuevo convenio con el Fondo.  Como en todos los documentos suscriptos con el FMI, allí se explicitan compromisos tanto en materia de metas fiscales como de reformas estructurales, es decir, de modificaciones legales y/o institucionales que requieren, además, la sanción de leyes por el Congreso.

Tales reformas están hoy, aunque sólo parcialmente, en vías de cumplimiento y tocan principalmente a la inminente renegociación de la Deuda Pública con todos los Acreedores para reencauzar la Política de Endeudamiento de la Argentina, la modificación del Sistema Tributario y del sistema de Coparticipación Federal de Impuestos (con la previsible “federalización” de las deudas provinciales en la Distribución de los Ingresos Fiscales), la Reestructuración del Sistema Financiero-Bancario (incluyendo el nuevo rol de la Banca Pública con apertura del Capital a los accionistas privados), la indemnidad de los directores del Banco Central para proceder a los cambios por fusión, absorción y/o liquidación de las entidades financieras, el ajuste de las Tarifas de los Servicios Públicos y, sobre todo, la compensación a los bancos por la pesificación asimétrica post-devaluación realizada por la administración Duhalde.

A su vez, el Fondo está exigiendo, como punto de partida, el compromiso para el 2004 y años siguientes de un piso entre el 3.5 y 4 % del PBI – entre 4.500 y 5.200 millones de dólares, calculados sobre un Producto de 130.000 millones – de Superávit Fiscal Primario, esto es, disponible para el pago de Intereses de la Deuda.  Cabe recordar que a la Argentina le vencen anualmente más de 10.000 millones de dólares de intereses. De esta suma, en el año en curso está presupuestado cancelar la mitad - 5.000 millones - pero el 43 % de dicho importe se paga con nuevos créditos externos porque esos  intereses se capitalizan por anatocismo, es decir, contrayendo nuevos préstamos.

Entonces - de hecho - la Argentina estaría pagando hoy aproximadamente sólo una cuarta parte sus servicios de intereses devengados.  Y por Capital le vencen anualmente más de 20.000 millones de dólares, que no paga sino que los renueva en forma permanente.  La gran paradoja de todo esto es que el FMI y los Acreedores externos del Estado exigen un acuerdo de este tipo – primero con el Fondo, como auditor garante de los intereses de esos acreedores, y luego con los Acreedores Privados – para que la Argentina se “reinserte en el mundo” volviendo a los Mercados Internacionales de Capitales, lo que en buen romance significa seguir endeudando al país sin capacidad de repago.

La gravedad de la situación argentina, por lo tanto, desde el punto de vista financiero y político es muy alta; y su resultado inmediato puede afectar la estabilidad del gobierno Kirchner frente a las tremendas presiones externas que se viven en este momento, con miras a forzar un allanamiento parecido al de Lula da Silva en Brasil. Caso contrario, las amenazas del Capital Financiero pudieran hacerse sentir, en principio, por el lado de los reclamos de pago, de las denuncias de los contratos de las empresas privatizadas de servicios públicos, de la suba del tipo de cambio con presión sobre la inflación interna y de la elevación de las tasas de interés.  Los temas que ocupan las primeras planas de los diarios y los noticieros televisivos soslayan la importancia, inminencia y gravedad de lo que está ocurriendo hoy en relación a la problemática de la Deuda Pública Argentina: la Opinión Pública está siendo muy ocupada con los temas de la corrupción del PAMI, de los juicios contra militares por violación a los Derechos Humanos y del conflicto con la Corte Suprema de Justicia (que con todo este alboroto parece haber pasado a segundo plano el fallo pendiente sobre redolarización de los depósitos y otros dictámenes legales de gran importancia financiera).

Sin perjuicio que todos estos temas tienen entidad e importancia propia, ello no impide que hoy sirvan de “distractivos” cuando toda la atención debiera estar concentrada en lo que pasa en materia de Deuda.  Adolfo Rodríguez Saá, durante su cortísima presidencia, al momento de fundamentar la declaración de cesación de pagos observó que la cuestión de la Deuda Externa siempre se había manejado en ámbitos muy reducidos, con pocos interlocutores y a puertas cerradas; y que él pretendía terminar con esa práctica.  Su derrocamiento – por vía parlamentaria – estuvo ligado a esta postura confrontativa en relación a las negociaciones externas, así como a su idea que el arreglo del problema de la Deuda y la determinación o no de su legitimidad debía ser asumida por el Congreso, conforme los términos de la Constitución Nacional.

La gestión de la administración Duhalde y actualmente la del presidente Kirchner han vuelto a la práctica tradicional, en la cual la Opinión Pública – y el propio parlamento – saben muy poco de lo que está pasando y lo que se está negociando sobre el nuevo arreglo de la Deuda: de ello no se habla mucho en forma clara y concreta, pese a que es el condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política.  Las instancias abiertas en todo este proceso de negociación están hoy en desarrollo, el gobierno Kirchner está manteniendo tales tratativas bajo fuerte presión externa y la Argentina se encuentra intimada internacionalmente para llegar en plazo perentorio a un dictado de condiciones predefinidas desde Washington por el Fondo Monetario Internacional y la Tesorería de los Estados Unidos.

Esto es lo que, en realidad, significa una “negociación dura”; sin contar en ello las acciones paralelas del establishment financiero local y sus personeros políticos,  que han permanecido en vida latente a la espera de las definiciones pesadas del nuevo gobierno, decisiones que éste necesariamente tendrá que definir a muy corto plazo.