Mientras el Gobierno busca aceitar el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2019 en el Congreso de la Nación y cruza los dedos esperando una aprobación lo menos traumática posible, la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, se prepara para afrontar su propia tormenta política de corto plazo en la Provincia.

Ocurre que en el distrito más populoso de la Argentina, los intendentes del Partido Justicialista (PJ) están dispuestos a tensar como nunca antes la cuerda en su relación con La Plata y en los últimos días ya comenzaron a mostrar los colmillos en medio de una compleja situación social y económica.

Alentado incluso por un religioso cercano al papa Francisco, el obispo de la diócesis de Morón, Jorge Vázquez, un nutrido grupo de jefes comunales presiona a Vidal para que declare la emergencia social en la Provincia, una petición que la gobernadora rechaza y parece decidida a resistir.

Por estas horas, Vidal también procura amortiguar la avanzada interna de la Nación, más específicamente del presidente Mauricio Macri, que pretende transferir a la Provincia la responsabilidad financiera de subsidiar al transporte y a servicios públicos: el monto global, según pudo averiguar la agencia Noticias Argentinas, ascendería a los 80.000 millones de pesos (un costo que debería absorber La Plata).

La gobernadora, en medio de un contexto de tensión en el oficialismo antes del envío de la considerada "ley de leyes" al Parlamento nacional, continuó mostrando en público un interesante juego propio, de igual modo que un ceño algo más fruncido puertas adentro en Cambiemos -según trascendió-, aunque sin perder la línea, claro está.

Mediante la aprobación del Presupuesto y un eventual nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Casa Rosada intenta garantizarse una dosis de gobernabilidad con vistas a un trimestre final de 2018 que podría tornarse efervescente para el macrismo.

¿Por qué? Porque se espera que el costo de vida se mantenga en alza y que las condiciones sociales y económicas no mejoren en lo inmediato, en especial, para los sectores más postergados: "La inflación anual de este año va a ser récord", vaticinó días atrás el economista Guido Lorenzo.

Intendentes, en pie de guerra

En la Provincia, Vidal conserva activos los canales de diálogo con los intendentes del PJ, que aún no recibieron, sin embargo, una respuesta favorable a sus demandas sobre emergencia social y la importancia de reactivar el Fondo Federal Solidario dado de baja por decreto por Macri a mediados del mes pasado.

Si bien es poco probable que las autoridades de Cambiemos den finalmente el brazo a torcer, varios jefes comunales del peronismo se mostraron bastante inquietos en los últimos días y dos de ellos, Alberto Descalzo (de Ituzaingó) y Juan Zabaleta (de Hurlingham), sumaron a su reclamo una significativa foto junto al cura Vázquez, un "amigo del Papa" que está decidido a acompañarlos en esta cruzada.

Con un sector de la Iglesia cada vez más involucrado en la problemática social que afecta a amplios sectores de la sociedad, según advierten por ejemplo sacerdotes del grupo Opción por los Pobres en el Conurbano bonaerense, Vázquez aceptó participar -por medio de un representante- en mesas de coordinación de asistencia a la población en Ituzaingó y Hurlingham.

Tomarían parte también de esa iniciativa funcionarios comunales y referentes locales de sectores productivos, según averiguó esta agencia de fuentes municipales.

Se espera que ocurra lo mismo en otros distritos en las próximas semanas.

En este contexto, los intendentes saben que están obligados a "alambrar" su territorio y defender el poder que administran con miras a las elecciones de 2019, en momentos en los que han comenzado a crujir con fuerza -según denuncian- las estructuras financieras de los Municipios producto de la crisis y del ajuste que lleva adelante el Gobierno.

Fue así como en las últimas horas, en el mismo partido de Hurlingham, en el predio de la "Casa del Niño", el anfitrión "Juanchi" Zabaleta y otros alcaldes bonaerenses del PJ se reunieron con el diputado nacional Máximo Kirchner, hijo de la dirigente política "preferida" por la enorme mayoría de quienes buscan renovar sus mandatos comunales.

Los intendentes peronistas esperan que Cristina Fernández de Kirchner "juegue" en las próximas elecciones y así poder "colgarse" de su lista.

Máximo, mientras tanto, compartió un almuerzo (un asado) y charló durante tres horas este viernes con Zabaleta, Fernando Gray (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Gabriel Katopodis (San Martín), entre otros.

Esa nómina de quienes alientan una eventual candidatura de Cristina a la Presidencia de la Nación en 2019 incluye a un amplio universo de intendentes justicialistas, en el que también se destaca el por ahora massista Julio Zamora, de Tigre. Ni que hablar de la alcaldesa de La Matanza, Verónica Magario.

Paritarias "atadas" a la inflación

Los jefes comunales peronistas consideran que la relación con Vidal se ha desgastado con el correr de los meses, aunque valoran que la gobernadora opine, por ejemplo, que las discusiones salariales deberían acercarse a la inflación.

"Atar" las negociaciones paritarias al aumento del costo de vida, como mínimo, es un reclamo planteado por sectores gremiales y que en los últimos días se ha intensificado, al verse alertados los sindicatos por la posibilidad de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que reporta el mismo Estado supere en 2018 la friolera del 40% anual.

En medio de esta permanente volatilidad económica (precios) y financiera (dólar) en el país, el Gobierno, que está enfocado de lleno por estos días en el tratamiento del Presupuesto en el Congreso, debió salir a desechar de plano la posibilidad de volver a instaurar una "convertibilidad" aquí.

Un asesor económico estrella de la Casa Blanca, Larry Kudlow, sostuvo que el Tesoro estadounidense trabajaba en una suerte de plan para "dolarizar" la moneda argentina, lo que encendió alertas rojas en la Argentina y el macrismo salió de inmediato a bajarle el pulgar: "Funcionó en los años 90", había dicho el analista norteamericano en televisión.

Para la oposición, el regreso a una "convertibilidad" sería como el trompetazo final del festival liberal que desataron Macri y compañía en el país desde que asumieron el Poder en diciembre de 2015, sin haber alcanzado aún las metas que se propusieron cumplir en cuanto a inflación, estabilidad económica y reducción de la pobreza, por ejemplo, no bien desembarcaron en la Casa Rosada.

La crisis ha obligado al Gobierno a trazarse objetivos de mínima últimamente.

Uno de ellos es claramente el Presupuesto: Cambiemos entiende que cuenta con el respaldo necesario de parte de gobernadores (20 sobre 24) para avanzar con el proyecto, que se ubica en línea -ya se da por sobreentendido- con el programa de ajuste final que impulsa el macrismo.

Los mandatarios en general brindarán su apoyo, algunos a regañadientes, porque "nadie se quiere quedar sin presupuesto", según averiguó Noticias Argentinas de fuentes legislativas, durante un año de elecciones y en medio de una coyuntura política nacional que encuentra al oficialismo avanzando medio a los tumbos hacia los comicios presidenciales de 2019.

"La voluntad de los gobernadores de la oposición es que el gobierno nacional cuente con un presupuesto nacional y que el mismo sea equilibrado y equitativo", sostuvo el mandatario de Córdoba, Juan Schiaretti, uno de los peronistas "dialoguistas" más cercanos a Balcarce 50, junto al salteño Juan Manuel Urtubey.

"Córdoba quiere que haya presupuesto porque, más allá de que el Gobierno cometió enormes errores y nos trajo hasta la situación actual, si no hay presupuesto la crisis se va a agravar y la va a sufrir todo el pueblo argentino", agregó Schiaretti.

Una vez resuelto el debate en torno de la "ley de leyes", será el turno de discutir el Presupuesto bonaerense en La Plata e incluso es probable que luego el gobierno de Macri insista con su proyecto de reforma laboral, aunque aplicándole seguramente algunos retoques al texto vetado hace unos meses por la Confederación General del Trabajo.