En 1930 el General Uriburu encabeza el golpe militar que derroca a Yrigoyen. Las agrupaciones políticas y todo el arco sindical se mantienen prescindentes y pasivos, sin atisbos de resistencias.

A días del golpe de estado se funda la Confederación General del Trabajo (CGT), aunque su entrada en actividad se demoró hasta 1936 cuando se llevó a cabo su Congreso Constituyente.

El 1º de mayo de 1936 la CGT organiza un acto multitudinario aglutinando trabajadores, diferentes partidos políticos (comunistas, socialistas, radicales, demócratas progresistas, etc.) estudiantes y vastos sectores populares.

Esto explica, claramente, un hecho trascendente en la historia cívica de nuestra nación: la CGT se asemejaba mucho más a una poderosa corporación política que a una clásica central sindical.

Esa CGT se alineó con el sector nacionalista de los militares y sus dirigentes convocaron al entonces Coronel Juan Perón para motorizar sus peticiones laborales.

Perón supo explotar al máximo esa veta y a costa de una intervención estatal directa desarrolló un programa de enormes concesiones a favor del mundo laboral y su dirigencia.

Cuando los sectores liberales de los militares y conservadores de la sociedad pretendieron reaccionar, ya era tarde.

Los líderes sindicales necesitaban de Perón y el futuro de Perón – a su vez- dependía de la CGT.

La historia es conocida en este punto: los sindicatos crearon el Partido Laborista y Perón triunfó en las elecciones de 1946 haciendo el “toma todo”.

Después del triunfo se crea el Partido Peronista y la CGT pasa a ser la columna vertebral del partido, creciendo en forma exponencial.

Ha sido la historia que le ha otorgado a los sindicatos, federaciones y confederaciones la centralidad política que detentan hasta la actualidad.

Pero aquellos tiempos eran otros: el vínculo entre la dirigencia y sus representados en búsqueda de la creación y el crecimiento de los derechos laborales y la necesidad de contar con un líder político que les garantizara las conquistas y se las consolidara. Lo político y lo laboral estaban indisolublemente unidos.

Con el paso de los años, los golpes de estado y las vicisitudes sufridas por el país fueron acentuando la distorsión de los roles y las centrales sindicales se fueron excediendo en sus funciones hasta el punto de pretender intervenir en decisiones que en un Estado Democrático moderno le competen exclusivamente a los poderes legítimamente constituidos y que les veda – a las representaciones gremiales- cualquier injerencia en el rumbo de la política económica de una Nación.

Menos aún, arrogarse la potestad de decidir si un gobierno electo constitucionalmente debe abandonar el poder antes del fin de su mandato.

Urge modificar nuestro modelo sindical y transformarlo en una organización por empresas, abandonando la representación por actividad que resulta anacrónica, poco funcional y no representativa del mundo de los trabajadores. Es necesario dar un salto cualitativo para ser mucho más que simple defensores del salario o de los puestos de trabajo.

La formación universitaria y/o una capacitación de alto nivel por parte de la dirigencia sindical debería ser una exigencia corriente, para que en cada caso puedan comprender el proceso productivo de bienes y servicios y se sientan partícipes del emprendimiento del inversor que coloca su capital que los beneficia o perjudica acorde la marcha de la empresa y proponer proyectos alternativos cohesionados con el empresariado para enfrentar los desafíos tecnológicos y el fluctuante intercambio internacional.

La huelga por la huelga mismo o el paro por mezquinos intereses sectoriales o para forzar decisiones políticas en uno u otro sentido para sostener o acrecentar prebendas, es algo que resta, frena, atrasa y nos aleja de las posibilidades de generar más empleos de calidad, combatir la contratación en negro, capacitar a los trabajadores y de obtener inversiones productivas que nos lleven al crecimiento y desarrollo como país y del cual supimos gozar hace casi 140 años.