La provincia emblema de la alianza PJ - Iglesia despertó este viernes con una tapa en el diario La Gaceta de Tucumán que sorprende y preocupa.
Una iniciativa «provida» haría que más de la mitad de los legisladores de esa provincia firmen un proyecto de ley que para evitar todo tipo de interrupción del embarazo, inclusive en casos de violación.
La postura argumenta que el derecho a la vida del «niño» por nacer debe estar garantizada si discriminación del que no fue gestado por medio de abuso sexual.
La iniciativa tiene antecedente en España, en 2015, y fue derogado en 2017, pero en la Argentina, puntualmente, nos retrotrae a 1886, con la sanción del primer Código Penal, en el cual se penalizaron todos los casos de aborto sin excepción alguna.
Con la segunda reforma del Código en 1921 y se establecieron los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
En 2012, la Corte Suprema se pronunció con el fallo “F.A.L” sobre el aborto por violación y resolvió que las mujeres violadas, sean “normales o insanas” (de acuerdo al fallo), pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención. Según el fallo, sólo es necesario una declaración jurada que deje constancia del delito del que fue víctima la persona que quiera interrumpir el embarazo.
La iniciativa no solo desconoce parámetros científicos y definiciones básicas sobre «cigoto» o «niño», sino que descarta en todo contexto posible la voz y derechos de la mujer violada.