Las buenas noticias de a una, las malas todas juntas. Esa consigna ya fue puesta en práctica por Cambiemos en otra etapa de esta gestión, caracterizada por la necesidad de tener que dar sistemática y periódicamente anuncios negativos. Confiaba que al cabo de tres años, ya en el último de este mandato, estaría liberado de semejantes obligaciones. Ya bastante costo tuvo para el gobierno en 2018 el aumento tarifario, que le demandó un enorme costo político e intensas batallas en ambas cámaras del Congreso, y al final el veto de Macri a la “ley de tarifas justas” aprobada por la oposición.

Acostumbrado a ser uno de los voceros del oficialismo, de esos con los que el periodismo puede entablar un diálogo franco sobre cualquier tema, el senador Federico Pinedo, transmitió a lo largo de este año el pensamiento (deseo) que anidaba en las mentes del gobierno. “El año que viene se acaban para siempre los aumentos”, dijo en abril tras participar de un almuerzo en la Casa Rosada. En ese marco celebraba que ése fuera “el último año de aumento de tarifas”. Luego las subas acompañarían a la inflación, aclaraba el presidente provisional del Senado. Pasaron cosas…

Es por eso que en el gobierno, comenzando por el Presidente, decidieron dejar de hacer pronósticos. Pasa que la inflación se desmadró, y que el dólar duplicó su valor. Es el huevo y la gallina; una cosa acompaña a la otra.

Así fue que el ministro Guillermo Dietrich tuvo que salir a anunciar los fuertes incrementos en el transporte público. Ya lo había hecho el año pasado, cuando fue el único funcionario que salió airoso de ese trance. Lo logró con la novedad de los descuentos aplicados a través de la tarjeta SUBE. En ese momento pareció una medida ingeniosa para moderar el impacto, pero además todos coincidían en que las tarifas del transporte estaban atrasadas. Pero ahora los que aparecen muy retrasados son los sueldos, que perdieron claramente este año con la inflación.

Horas después, Javier Iguacel -por entonces secretario de Energía- anunciaba los aumentos previstos para la luz y el gas. Cartón lleno.

Muchos se preguntaron por la conveniencia de tirar las pálidas en esta fecha. Claramente la intención del gobierno fue dar las malas noticias todas a la vez, antes del inicio del año electoral, como si el tiempo borrara el efecto. Así y todo no pareció una buena elección. En vísperas de las fiestas, anunciar una serie de aumentos solo se justificaría si arrancaran el 1° de enero. No es el caso: los incrementos del 40% en colectivos, subtes y trenes se aplicarán en forma escalonada a partir del 12 de enero; la luz, que acumulará un 55%, comenzará a subir desde febrero; y el gas (35%) desde el 1° de abril.

El impacto hubiese sido menor si se hubiera anunciado en los primeros días de enero, con el grueso de la gente que se va de vacaciones, disfrutándolas, y evitando en cambio que el tema sea eje de discusiones en las mesas de Año Nuevo… La política comunicacional de un gobierno que se jacta precisamente de lo bien que maneja la comunicación, es por lo menos sorprendente.

El último de los aumentos lo anunció un funcionario que ya tenía su renuncia presentada desde antes que el Presidente se fuera de vacaciones al sur. Fue el último servicio que cumplió Javier Iguacel, al que en el gobierno nunca terminaron de perdonarle la resolución a través de la cual dispuso un pago adicional en 24 cuotas de las boletas de gas para compensar a las empresas por el alza del dólar. La medida le valió una denuncia penal impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, y fue finalmente revertida.

No fue el único factor de desgaste. La salida del hombre que sucedió a Juan José Aranguren se dio casi cuatro meses después de que su rango disminuyera de ministro a secretario. Iguacel venía de ser titular de Vialidad Nacional y su elección para Energía solo se interpretaba por su título de ingeniero en Petróleo. En rigor, ahora se sabe que se lo recomendó a Macri “Nicky” Caputo. Venía de tener un buen desempeño en su anterior cargo, y entre otras cosas se pensó en él por su poder comunicacional, un área en la que su antecesor mostró falencias. Lo cierto es que Iguacel también hizo agua, no solo en eso.

Rápidamente perdió llegada con el Presidente, y eso lo advirtieron las petroleras. Paralelamente fue perdiendo poder y su relación con quien terminó siendo su superior, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, era decididamente mala.

A propósito de ministros devenidos a secretarios que terminaron yéndose, días pasados se lo vio a Jorge Triaca en un acto público. Fue para la asunción del diputado nacional Pablo Ansaloni como nuevo presidente del Partido Fe -una creación del fallecido Gerónimo “Momo” Venegas que forma parte de Cambiemos-. En su reaparición pública, a Triaca lo trataron bien. “Muchas de las conquistas logradas son gracias a él”, recordó Ramón Ayala, sucesor de Venegas al frente de la UATRE y de las 62 Organizaciones Peronistas. Al hablar, Triaca consideró “importante” ver “cómo este año nadie abandonó el barco en un momento de crisis económica”.

Ganó Dujovne con la salida de Iguacel, pero sobre todo se impone Marcos Peña, quien ha bajado notoriamente su perfil desde la recomposición del Gabinete -a principios de septiembre-, mas sigue siendo el hombre fuerte y lejos está de perder poder. El jefe de Gabinete ya había aumentado su poder en la semana, cuando pasó a sus dependencias la tarea de controlar la ejecución de obras públicas que hasta ahora desempeñaba el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, uno de los hombres fuertes del Gabinete macrista que anticipadamente se ha dicho que podría quedar al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, a partir de 2020.

El lugar de Iguacel será cubierto por Gustavo Lopetegui, ex vicejefe de Gabinete, quien dejó ese cargo con la reducción de ministerios pero seguía cumpliendo el rol de asesor en la Casa Rosada. Ahora deberá elevar el perfil en un área que como están las cosas solo garantiza sinsabores, pero en donde el gobierno y todos los que aspiran a sucederlo tienen puestas las mayores expectativas, por la esperanza que genera Vaca Muerta.

El problema de las tarifas es que tiene un fuerte componente vinculado al dólar, que si este gobierno aprende lecciones pasadas no debería dejar retrasar. Y está, como dijimos, su incidencia en el salario. Arrancó siendo mínima: 3,5 puntos; hoy está en 9,5 y el año que se inicia, en el que las tarifas subirán por encima de la inflación llegará a 12,5. El porcentaje crece si la comparación es con el salario mínimo.

Como un deja vu, la oposición vuelve a caerle al gobierno con ese tema que ya consumó varios meses del año que expira. Previsiblemente ahora vuelven a escucharse voces críticas, algunas de ellas capaces de remitir al punto de partida, como un diputado kirchnerista que sugirió el viernes que “cuando nosotros gobernemos bajaríamos las tarifas a la mitad”.

Los intendentes peronistas fueron más concretos. Anunciaron que presentarán un amparo contra los aumentos de tarifas. Los jefes comunales buscan convertirse en un jugador principal de parte de la oposición frente al gobierno. Vienen actuando en bloque, a sabiendas que dispersos su accionar pierde poder, y así se mostraron en la puja por la eliminación del Fondo Sojero. Ahí, de todos modos, talló más fuerte el poder de los gobernadores.

Ahora, con Gabriel Katopodis a la cabeza, anticiparon que irán a la justicia contra los tarifazos, cosa en la que el intendente de San Martín ya tiene experiencia. En un año electoral, los intendentes no quieren perder terreno y redoblarán la apuesta que ya los exhibió en una gran demostración de fuerza frente a la Basílica de Luján, junto al sindicalismo combativo, los movimientos sociales y buena parte de la dirigencia peronista.

Razón de más para darle la razón a quienes cerca de la gobernadora bonaerense insisten con el desdoblamiento de las elecciones. El tema no se resolverá ahora, pero la opinión de la Casa Rosada será la definitiva. Y cerca de María Eugenia Vidal cada vez tienen más elementos para convencerse de la conveniencia de semejante jugada que en principio garantizaría la victoria de Cambiemos en el distrito, pero que también le serviría al gobierno nacional para que el o los candidatos peronistas -fundamentalmente Cristina Kirchner, que por ahora las señales indican que será candidata- no cuenten con el respaldo clave de los intendentes. Independientemente del valor que tendría para el oficialismo garantizarse una victoria de semejante envergadura en la previa de octubre.