La corrupción del Poder Judicial de Tucumán está en boca de todo el país, pero pocos conocen el nivel de amenaza institucional que generan sus decisiones y cómo el estado de descomposición, cada vez más degradante de esta administración impacta en las personas en general y en los niños en particular.  

Un crudo ejemplo de ello es la Justicia de Familia, que en vez de contar con una carga sensible de humanidad para acompañar desde el nacimiento hasta el final de su existencia a la persona es utilizada para manipular vidas, que descubiertas parecen relatos salidos  de una trama policial, donde la connivencia, la confabulación, las intrigas, las pasiones y hasta el encubrimiento de homicidios superan la ficción.    

Echemos tan sólo una pequeña mirada al escenario donde se desenvuelven estos acontecimientos de un poder al que nadie, ni siquiera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se le anima.         

Cómo opera el fuero de Familia

Esta corrupción se manifiesta impúdicamente y sin interés por ocultar sus fuertes características tribales ya que está conformada por la asociación de familias, enhebradas entre sí por lazos obscenos de favores, secretos correspondidos y compromisos irrenunciables.

Como todo sistema primitivo es salvaje en su estructura. Está comandado por un Cacique que responde al Chaman (1) de turno, habitualmente ex titular del Poder Ejecutivo, cuya protección se traslada religiosamente a su socio o al que le sigue.

(1) Definición de Chamán: Hechicero o brujo que dispone de un poder sobrenatural que le permite contactarse con espíritus, curar enfermedades, predecir el futuro, incidir sobre las condiciones meteorológicas y tener como esposa una Chamana capaz de sacar cuentas rápidamente sobre la cantidad de mansiones que posee sin que nadie se lo pregunte.

 Por debajo están los magistrados, funcionarios y empleados que controlan lo conveniente para que ningún expediente, ni decisión judicial vaya contra los intereses del Chaman ni su nobleza.     

La continuidad del status Y del salario son lo más preciado y la advertencia del silencio perpetuo es el único elemento de higiene y seguridad para su conservación dentro del trabajo del nuevo miembro de la tribu que ingresa al campo.             

Conviven abotonados entre sí en un territorio donde cualquier movimiento no relacionado con su armonía puede ser considerado una amenaza y en su defensa se conjuran como corporación frente a cualquier crítica pública que pudiera erosionar la estabilidad de sus protegidos.    

La formalidad que ostentan con sus “togas” sirven para encubrir las torpezas tan notorias como infantiles. En las redes sociales exponen sus comentarios y miserias al punto que la probidad y el decoro del artículo 19 de la Constitución Nacional, no forma parte de sus conocimientos o los tiraron porque no les sirve.

Sus miembros se llaman entre sí: Señorías, mientras los escritos para ser válidos deben terminar con una letanía que casi nunca es cierta: “Será Justicia” . El edificio donde viven dos tercios de sus vidas y pergeñan sus tribulaciones lo autodenominan Palacio de Tribunales,  término con olor nauseabundo de oscuros despojos monárquicos.  

Art 19 CN: Determina que por su rango y condición, los funcionarios judiciales deben guardar el decoro y discreción en un grado mayor que el común de las personas, pues su conducta está inevitablemente unida a tal valor, por la relevancia del papel que la sociedad les ha confiado y al prestigio y a la dignidad de la función que desempeñan.

En Facebook, sin filtro exponen sus relaciones con colegas tribales, colocándose ellos mismos en estado de duda pública al compartir con amigos de fiestas decisiones judiciales a la carta.    

En las redes sociales es común observar juezas de Familia exponiendo rostros de hijos y nietos pequeños, aunque cuando se las interroga sobre las agresiones judiciales de sus dictámenes contra niños expuestos a sus sentencias, se escudan en La Intimidad y el Superior Interés del Niño, para no dar explicaciones del daño que provocan sus dictámenes.    

El silencio sellado el primer día de ingreso es para siempre y la servidumbre al Sistema que ello implica no llega a conocimiento de nadie aunque sean casos de homicidios, como es el caso de una defensora de menores que atropelló con su vehículo de frente a un hombre y lo mató sin siquiera haber sido encartada en un proceso penal del cual se tenga conocimiento, ni socorro a la familia del muerto y menos aún que se haya conocido el resultado del análisis de alcoholemia al momento del viaje mortal.

Ver el caso    

Herramientas que utiliza el Sistema

Para su defensa se apoderan de herramientas procesales otorgadas por la Constitución destinadas no para ellos sino para funcionarios probos y también de las otras como las trampas, las mentiras y el uso de la fuerza, “legal” por supuesto.

Con dinero propio, con infraestructura edilicia, con Imperium para decidir sobre la vida y el patrimonio de la gente, con los favoritismos del cargo, como una casta excluida del pago de impuestos, con sellos, con prerrogativas, con vehículos, con la policía como auxiliar, con la connivencia sindical con la cual coexisten pacíficamente, el futuro de la Horda está garantizado.

Algunos pertrechos utilizados proteger sus “fallos” 

• El Gabinete Psicosocial no tiene independencia: En expedientes donde podrían estar involucrados amigos o parientes protegidos, aunque sean pederastas, los trabajadores sociales, los médicos y psicólogos dictan informes y diagnósticos en la misma línea del interés de los magistrados, bajo pena de ser reemplazados por pares incondicionales que siempre tienen a mano.

Tan sólo un ejemplo de ello es esta jueza llamada Ángela Rossana Martinez de Albarracín, que desde el Juzgado de Familia de la VII Nominación se especializa en torturar niños abusados y en estado de vulnerabilidad.

En esta imagen puede observarse la patética escena donde una mamá le reclama frente a la ventana de su Juzgado la devolución de sus dos hijas, que de modo intempestivo y por “informe” del Gabinete Psicosocial las dio a las dos en adopción. –

• El Cacique de turno: En este período tribal está cubierto por Edmundo Jiménez, Ministro Público Fiscal cuya honorabilidad para esa función no se asienta ni en sus condiciones personales ni profesionales sino en la cobardía de sus pares y subordinados, incluidos abogados que perdieron el sentido que les proponía Rudolf von Ihering en su libro “La Lucha por el Derecho” , aggiornados y dedicados para esta ocasión para la supervivencia alimentaria, como único estímulo para levantarse a trabajar cada mañana.

Las tareas de este Patrón son: Marcar los ritmos y la dirección procesal de los expediente en donde él, su familia o sus protegidos nunca resulten estar involucrados y controlar las causas relacionadas con su mentor, José Alperovich y su socio Juan Manzur para que ni por descuido vayan a caer presos.       

• Utilización de las Medidas Cautelares para el encubrimiento: Estas son resoluciones judiciales que utilizan para silenciar a todo aquel extraño a sus intenciones que pretenda hacer pública alguna irregularidad de cualquier tribal.      

Un ejemplo claro será la medida Cautelar que generarán contra la presente editorial cuando tome estado público. A propósito, son tan inoperantes que no recuerdan que ya ha quedado demostrado que las Cautelares han fracasado como herramientas para encubrir la impunidad del sistema y continúan utilizándolas a falta de otra medida similar que les permita coaccionar al que quiera correr el velo de algún secreto de ellos.    

Dictamen de la Corte que termina con las pretensiones de una jueza de Familia.

La propia Corte Suprema de Justicia de Tucumán dictaminó a favor de Google y en desamparo de una jueza de Cámara de Familia que fue denunciada judicial y públicamente por Fundación Adoptar como presunta encubridora de la violación seguida de muerte de una nena de 15 años en su propio domicilio a quien hacía trabajar de sirvienta.      

Ver fallo completo

Fuente

Dos medidas del Ministerio de Justicia de la Nación que intentó terminar con esta situación

• Visita del Ministro de Justicia de la Nación quién después de conocer a algunos de estos personajes le dijo a la prensa: 

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• Luego de esta visita nombró dos veedores para auditar una treintena de expedientes, entre ellos el de un niño abusado por su abuelo materno, un arquitecto ex funcionario de Alperovich que la jueza Angela Rossana Martinez de Albarracin amenaza con re vincular con su madre, presunta cómplice sobreseída por error procesal.  

• Fuente

Nadie puede contra ellos

Luego de idas y venidas el Sistema logró obstaculizar y finalmente provocar la renuncia de los veedores, que tenían por misión echar luz sobre expedientes que merecen ser revisados.

Una vez más en Tucumán falló el sistema democrático. El Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano comprendió, al decir de Ihering que la población de Tucumán está asfixiada y sometida, conviviendo en un territorio embrutecido donde el Derecho y la Justicia, no son una opción.