La búsqueda de justicia para un niño de actualmente 7 años abusado sexualmente a los 3 años por miembros de su familia materna, genera en este tiempo tan sólo una lucha incansable para su padre, un joven norteamericano (NAW) que reside en nuestra provincia, quien incansablemente peregrina por tribunales para que le reconozcan lo que el mismo niño denuncia a gritos.

La propia Justicia le otorgó el niño a su cuidado desde que la guardia del Hospital del Niño Jesús de la provincia denunció que había evidencias físicas de abusos sexuales y físicos por su abuelo materno, con complicidad de la madre del niño justamente en una época en que estaba a su exclusivo cargo.

Desde su inicio la causa cayó en el Juzgado a cargo de la Dra. Ángela Rossana Martínez de Albarracín Jueza de Familia de la VII Nominación, la mujer de la imagen, quien desde aquel momento comenzó a dictar medidas contrarias al superior interés del niño, entre ellas ordenando la re vinculación con la progenitora, a pesar de haber sido declarada imputada como partícipe de este delito aberrante contra su propio hijo.

La jueza Martinez en clara connivencia con el Juez Juan Francisco Pisa, de la III Nominación, actualmente sospechado en el expediente por el sistema penal bajo auditoria de la Nación, convalidó actos contrarios a toda razón y justicia, ordenando visitas a pesar de la negativa y resistencia del niño a ver a su madre a quien acusa de no haberlo protegido y por el contrario: “haberme entregado para que mi abuelo me haga cosas feas”.

El resultado de las declaraciones del niño respecto de que su madre lo entregó para que el abuelo le metiera un: “tornillo en el culito” (sic) son irrefutables y reconocidas por la fiscalía que pidió la inclusión de la progenitora como partícipe de este delito, determinación ésta refrendada por la fiscalía de Cámara.

El abuelo, por determinación de la Cámara Penal es llevado a juicio oral por presunto abuso sexual sobre el niño.

La jueza Martínez, sin interés por las pruebas y en franca connivencia con la madre desestimó la gravedad de los incumplimientos judiciales de ésta, como por ejemplo de asistir a psicoterapia en el Hospital Padilla, habida cuenta de los informes psicológicos negativos del propio Gabinete Psicosocial de Tribunales, que reportaron que “ella imponía silencio al niño y carecía de la capacidad de protegerlo”.

El niño no tardó en mostrar consecuencias físicas, emocionales y psicológicas antes, durante y luego de cada visita de la madre impuesta por la funcionaria Martinez, a pesar de que los especialistas interpretan que las reacciones del niño en contra de la madre son: “reminiscencias de los abusos que el niño con meridiana claridad denuncia”. (sic)

La Dra Martínez nunca condenó la conducta maliciosa, las múltiples falsas denuncias, ni las numerosas irregularidades en el cumplimento de las mandas judiciales por parte de la madre del niño. Al contrario, ante los reclamos incesantes del padre del niño la Jueza reaccionó de manera poco usual para el decoro y buen obrar que debe caracterizar la conducta de los magistrados, ya que lo amenazó en audiencia con quitarle la patria potestad si continuaba con su “actitud irreductible”.

Las inconductas de la magistrada provocan desde hace cuatro años una litigiosidad sin límites en una cuestión, que por el tipo de interés que protege, debió haber sido expedita y contundente en cuanto a la protección del más vulnerable.

La jueza Martinez fue denunciada por estos cargos ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y ante el Colegio de Abogados por Manifiesta Parcialidad, Malos Tratos e Intimidación, que como siempre ocurre nunca respondió. Obstáculos que asoman ante los veedores nacionales. 

Al día de la fecha, el expediente que inició el papá del niño (NAW) con la certificación de médicos del Hospital del Niño Jesús,  pretendiendo que la Justicia busque la verdad material sobre la actuación de esta pareja de pederastas (madre y abuelo del niño) se transformó, por la participación de la jueza Martinez en una colección obscena de intentos de re vinculación con los agresores, que consecuentemente están generando la continuidad del abuso contra el niño, ahora, bajo amenazas de encarcelar a su papá (NAW).

Las respuestas a este atropello del niño por parte de la jueza Martinez quizá sea tan sólo la punta del iceberg de un grupo de funcionarios amigos de un Poder Judicial confeccionado para lograr impunidad, el hecho de que el presunto abuelo abusador fue un alto funcionario del gobierno de José Alperovich o tal vez la clara y franca asociación ilícita que está siendo auditada en estos momentos por veedores nacionales sobre delitos graves provocados por jueces, fiscales y defensores de menores, incluso que participan en este mismo expediente.

En ese estado se encuentra la justicia tucumana, luego de casi 60 años de vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la mano de una funcionaria judicial, gestionando en los hechos, la entrega de un mancebo de 7 años a un poderoso, a pesar que el niño clama a gritos no ver nunca más ni a su abuelo ni a su mamá.