Días atrás se conoció la desvinculación del subsecretario de Coordinación Administrativa,Ramón Vásquez, quien había ingresado al organismo al iniciarse la gestión del actual secretario Roberto Moro. Envuelto en sospechas por algunas contrataciones, desgastado por las sucesivas denuncias sobre su pertenencia a la sospechada Fundación Convivir que preside su esposa, María de las Mercedes Aranguren, Vásquez fue eyectado de la Secretaría con el aval de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien en los hechos oficia de referente del pampeano Moro.

Este imprevisto desplazamiento tiene múltiples lecturas, variadas hipótesis, un cúmulo de teorías, pero un único y común denominador: la absoluta injerencia de la Iglesia Católica en la administración, gestión y toma de decisiones dentro del organismo. Porque quienes siguen de cerca lo que pasa en los pasillos de Sarmiento 546 aseguran que hoy, la ex SEDRONAR se maneja con un triple tablero comando. Por un lado, el que refiere al mando político-institucional, y que tiene terminal en Stanley (a pesar de estar a cargo de una Secretaría de Estado, Moro jamás se sentó en las reuniones de Gabinete con el presidente).

Por otra parte, el pampeano tampoco mueve una pieza ni toma una decisión de trascendencia sin consultar con el sector que, luego de su gris paso como funcionario de adicciones en la provincia de La Pampa, lo depositó sin escalas en la estratégica Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas.

El arzobispo Mario Aurelio Poli (ex obispo de Santa Rosa) es la segunda terminal a la cual Moro acude para chequear y validar sus acciones de gestión. Fue Poli quien, en noviembre del 2015, ante el inminente cierre de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, operó de forma directa no sólo para ubicar a su amigo en el organismo, sino también para garantizar que la Iglesia (a través de diversos programas creados adrede durante la gestión del cura Juan Carlos Molina) continuara recibiendo cuantiosos fondos para proseguir su loable tarea pastoral en los barrios más sacudidos por las drogas.

Existe dentro del sector eclesiástico un tercer espacio de rendición de cuentas para el pampeano. El obispo de San Isidro, ex titular de Caritas y actual presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea, es quien también observa con atención los movimientos de Moro. Colabora en esta tarea de constante monitoreo el presbítero Carlos Olivero (más conocido como el padre Charly) y el actual Director Nacional de Asistencia, Ignacio Puente Olivera.

El primero representa los intereses de la Federación de Centros Barriales “Familia Grande Hogar de Cristo”, asociación civil sin fines de lucro y principal beneficiaria de los fondos estatales. El segundo, ideólogo de la Resolución N°266/2014, es garante del flujo de fondos hacia las organizaciones conveniadas bajo el programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC). Lo particular de Puente Olivera (un ex cura que no ejerce su ministerio y que está casado) es que fue nombrado en su cargo en diciembre de 2013 por el cura K Juan Carlos Molina y aún hoy, extrañamente, y pese al cambio de gestiones y de signo político en la secretaría, mantiene su estratégica función.

Quienes conocen de cerca la cotidianeidad y los pasillos del organismo explican que con el programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), muchas ONG y/o centros barriales de los curas comenzaron a recibir importantes sumas de dinero para ser usadas discrecionalmente, con auditorías hechas a medida, sin cumplir los mismos estándares de calidad que sí se les exige a otras instituciones registradas como prestadoras, y con un sistema de rendición de cuentas poco menos que inexistente. Existirían expedientes en la SEDRONAR (anteriores a diciembre del 2015 y actuales) cajoneados por el mismísimo Moro para evitar efectos colaterales, absolutamente fuera del circuito administrativo de control y auditoría interna, y pendientes de cierre. Hoy el pampeano es garante de impunidad: la foto de un sacerdote argentino desfilando por Comodoro Py sería de un impacto mundial tremendo.

¿Quiénes hoy son los principales beneficiarios de este esquema en el cual Cáritas actúa como intermediaria desde septiembre del 2014? Los Hogares de Cristo de los curas villeros, las organizaciones que reportan al MTE-CTEP (por ejemplo “Vientos de Libertad”) y también las agrupaciones alineadas bajo el Movimiento Evita. Todo este crisol de actores sociales/eclesiales confluyen bajo el denominado Consejo para el Abordaje Integral de Políticas Públicas de Adicciones (CAIPPA), ámbito oficial creado a instancias de Roberto Moro en el 2017, y que les permite actuar orgánicamente desde dentro de la misma secretaría de Estado.

¿Y de cuánto dinero estamos hablando? En el ejercicio 2019, el Estado Nacional destinará unos 450 millones de pesos para financiar el programa de CAAC. ¿Esto es mucho? En soledad, la cifra quizás no permita graficar con claridad la influencia de la Iglesia Católica en la ex SEDRONAR. Pero dimensionarlo en función de su impacto sobre el total de los fondos disponibles de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas es la prueba más concluyente: un tercio del presupuesto anual del organismo se destinará a financiar a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario y sus proyectos subsidiarios.

Volviendo al inicio de estas líneas, el objetivo del desplazamiento del subsecretario de Coordinación Administrativa, Ramón Vásquez, y la designación en su lugar de una persona de confianza de Moro (la contadora pampeana Silvana Cid), apuntaría exclusivamente a garantizar el normal flujo de fondos hacia la Iglesia Católica, sin trabas ni objeciones. El próximo desembarco de Ignacio Puente Olivera en la subsecretaría de Estrategias de Prevención y Tratamiento también iba en el mismo sentido. Que haya tomado estado público este estratégico movimiento de piezas no es algo que haya agradado a los rasputines eclesiales que lo operaron y promovieron.

No resulta extraño entonces el apurado (y hasta precoz) posicionamiento público del CAIPPA, pretendiendo desmarcarse y tomar distancia de las luchas internas y de poder entre los funcionarios de la ex SEDRONAR. “Dicha insostenible situación nos obliga a escribir este comunicado, que tiene el objetivo de ratificar que no vamos a formar parte de sus operaciones ni nos interesan sus diferencias políticas. La lucha por la vida, la inclusión y los derechos de nuestros pibes y pibas son y serán siempre nuestro único interés. Lamentamos profundamente que en este contexto de emergencia que estamos viviendo, al cual se le suma el agravante de un presupuesto que es insuficiente y las demoras en los pagos al único programa que trabaja en el territorio (CAAC), dichos funcionarios de la SEDRONAR estén ocupados en este tipo de mezquindades”, reza el parte oficial del Consejo.