El propósito de eliminar o al menos reducir las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos que cobran las provincias choca con una realidad difícil de superar en el corto plazo, que es que ese tributo es la principal fuente de recaudación provincial y que, más allá de las declaraciones, las administraciones del interior no se resignan a perder esa fuente de ingresos.

El gravamen que fuera definido hace décadas por el dirigente industrial Israel Mahler como “el más bruto de los impuestos” representa en promedio más de dos tercios de la recaudación propia de las provincias, relegando a un plano secundario a otros tributos como el Inmobiliario o Sellos y representando el segundo ingreso dentro de los recursos totales después de la Coparticipación Federal.

La importancia de II.BB. se acrecentó últimamente a raíz de que su recaudación registró un aumento superior a la media de los impuestos provinciales, tal como lo demostró el último informe de la consultora Economía & Regiones.

En base a los resultados de las ocho provincias que informaron a la fecha la recaudación de febrero -cabe señalar que la AFIP difunde esa información el primer día hábil de cada mes- E&R comprobó que mientras la recaudación propia se incrementó un 39%, la de II.BB. lo hizo en un 46%, siete puntos porcentuales más, en un mes en el que la recaudación nacional aumentó un 40,4%.

Desde su creación hace cuatro décadas, Ingresos Brutos es criticado por tributaristas, pymes, autónomos y monotributistas por su carácter “distorsivo” del proceso económico, en la medida que se aplica en cada etapa de la elaboración pero, a diferencia del IVA, no se descarga a cuenta de la etapa posterior, incidiendo no solo en los costos de producción sino también en el precio final.

A eso se le suma que, al ser un impuesto provincial, las alícuotas varían en cada caso y, además, el hecho imponible puede diferir entre una administración y otra. Más de una pyme puede dar fe de las complicaciones que ello representa cotidianamente, con el riesgo de ser penalizada si el equipo de contadores no llega a acertar el pago correspondiente de un impuesto con alícuotas en constante modificación.

Los problemas causados por este impuesto son advertidos desde hace larga data por los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales, pero la recaudación que representa invariablemente lleva a postergar los intentos de atenuar su carga.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los propósitos anunciados en el Consenso Fiscal de noviembre de 2017 para su reducción gradual son en realidad una “remake” de lo que se había acordado en agosto de 1993 en el Pacto Fiscal II, que nunca se llevó a la práctica.

Por el contrario, en 2018 diez provincias aumentaron sus alícuotas de Ingresos Brutos para la actividad comercial y los datos de febrero de 2019 muestran que su recaudación sigue siendo importante para todas las provincias.

Con una inflación interanual del 51,3%, la recaudación de las ocho provincias que la informaron (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis y Santa Cruz) tuvo un incremento promedio del 39% y la de Ingresos Brutos 46%.

Por el momento, esa brecha de siete puntos porcentuales puede más que todas las declaraciones críticas hacia un impuesto que todos dicen que quieren eliminar pero, más allá de algunos casos específicos, pocos son los que se animan a dar un paso en ese sentido. Marcelo Batiz