En las últimas horas, el papa Francisco decretó una serie de medidas para endurecer las leyes del Vaticano contra la pederastia, entre ellas la posibilidad de investigaciones de oficio, así como la obligatoriedad de juzgar la "idoneidad" de los nuevos empleados en el trato con menores y de denunciar los casos de abusos.

El "Motu Proprio" publicado "Sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables", constituye el primer paso concreto luego del encuentro convocado en febrero en el Vaticano para ajustar la lucha contra la pederastia en ámbitos eclesiales.

El decreto pontificio de seis artículos establece que los miembros de la Curia y la Santa Sede están "obligados a presentar" a los tribunales vaticanos sus denuncias en caso de tener "noticias o motivos fundados" para pensar que un menor o persona vulnerable haya sido víctima de abusos.

En otro orden de cosas, la norma dispone que, para las futuras contrataciones de personal, "se debe determinar la idoneidad del candidato para interactuar con menores y personas vulnerables".

La nueva disposición entrará en vigencia desde el 1 de junio próximo y también obliga a prestar "asistencia espiritual, médica y social, incluida la asistencia terapéutica y psicológica de urgencia, además de informaciones útiles de carácter legal" a las víctimas.

El nuevo decreto firmado el 26 de marzo y divulgado este viernes instituye además la organización de programas de formación para el personal de la Curia romana para concientizar sobre los abusos y las obligaciones de denunciar los casos de posible pederastia.

Junto al decreto pontificio, Jorge Bergoglio dispuso una nueva legislación en materia penal en la que estableció en 20 años la prescripción para los casos de pederastia en el Vaticano, a contar desde que el menor atacado cumpla los 18 años.

La nueva ley abre la posibilidad de que los delitos de pederastia sean investigados de oficio en el ámbito del Vaticano.

En el texto, Francisco equiparó además a los casos de abusos a menores con aquellos cometidos a "personas en estado de enfermedad, de deficiencia física o psíquica, o en situación de privación de la libertad personal que de hecho, incluso ocasionalmente, limiten su capacidad de entender, querer, o de resistir el ataque".

Además, la ley establecida por el pontífice establece sanciones de hasta 5.000 euros a los empleados vaticanos que omitan o retarden la denuncia de casos de pederastia, sanción que se puede elevar a reclusión de seis meses si se trata de miembros de la policía local.

El pontífice enmarcó las nuevas disposiciones en los objetivos de que "sea eficazmente perseguido a nivel de leyes todo abuso o maltrato contra menores o personas vulnerables".

"Que sea reconocido a todos los que afirman haber sido víctimas de explotación, de abuso sexual o de maltrato, además de a sus familiares, el derecho a ser acogidos, escuchados y acompañados".

Además del decreto y de la nueva ley, Francisco dispuso una guía de buenas prácticas para operadores pastorales que reclama "prudencia y respeto" en las relaciones con menores, y prohíbe "severamente" una serie de comportamientos, entre los cuales está "infringir castigos corporales de cualquier tipo", "establecer un vínculo preferencial con un menor singular" o "pedir a un menor que guarde un secreto".

Las nuevas medidas del Papa se dan en medio del clima de críticas a su pontificado por la gestión de los casos de abusos a menores por parte de sacerdotes que han sido condenados recientemente en Australia, Chile y Estados Unidos, entre otros países.

Uno de los casos que más repercusión tuvo en los últimos meses fue el del ex obispo de Orán, Gustavo Zanchetta, quien poco antes de que se conocieran denuncias por abuso en Salta, fue enviado a Roma, donde ocupó un cargo en la llamada Inmobiliaria del Vaticano.