La Ciudad de Buenos Aires tiene menos habitantes que la provincia de Santa Fe, pero cuenta en el Congreso de la Nación con siete diputados más. Pero a su vez los santafesinos tienen un diputado más que los cordobeses, a pesar de que su población es levemente menor.

Tampoco se entiende por qué Río Negro tiene la misma cantidad de diputados que Tierra del Fuego, cuando la quintuplica en número de habitantes y mucho menos la razón por la que la provincia de Buenos Aires tenga el 27,24% del total de los diputados nacionales cuando concentra el 37,01% del padrón electoral.

Esos son sólo algunos de los ejemplos de la ausencia de una correlación adecuada entre la población de las provincias y la ciudad de Buenos Aires con el número de diputados con que cada distrito cuenta en la Cámara. Una Cámara que, según lo establece la propia Constitución en los artículos 45 a 47 debe arreglar el número de sus integrantes al censo nacional que “sólo podrá renovarse cada diez años”.

Desde 1983 -año en que se fijó la actual cantidad de diputados por distrito, salvo Tierra del Fuego que años después pasó de 2 a 5- se realizaron en la Argentina tres censos nacionales en 1991, 2001 y 2010.

Entre este último censo y el de 1980, el que supuestamente se tomó como referencia para determinar la distribución proporcional de la Cámara, la población argentina aumentó 43,54%. Pero la evolución distó de ser homogénea, al punto que en la Ciudad de Buenos Aires hubo una merma del 1,11% y en Tierra del Fuego un incremento en el número de habitantes del 364,96%.

En el medio de esos dos extremos hubo diferentes situaciones que no fueron tenidas en cuenta y, en consecuencia, derivaron en un presente con seis provincias que tienen menos diputados de los que les corresponderían (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Salta), solamente una (Chaco) con una correspondencia exacta entre la proporción de habitantes y representantes y diecisiete distritos que mantienen una representación que excede a la que deberían tener según su población, en algunos casos leve (Misiones, Corrientes, Entre Ríos) y en otros elevada (Santa Cruz, Tierra del Fuego o la Ciudad de Buenos Aires).

En ese desbalance pesa también el propósito de compensar a las provincias de menor población para que su participación dentro del total de representantes del Pueblo no sea tan escasa. Un “piso” para que la voz de los representantes de las provincias menos populosas no se pierda entre la de porteños, bonaerenses, cordobeses o santafesinos, por ejemplo.

A ese criterio se lo puede objetar, al menos, por dos razones. En primer lugar, para eso ya está el Senado, una cámara en que todos los distritos tienen la misma cantidad de integrantes, cualquiera sea su número de habitantes. Allí, Buenos Aires y Tierra del Fuego tienen tres senadores cada una, a pesar de que la relación en el número de habitantes sea de 95 a 1.

Esa relación se reduce a 14 a 1 del lado de la Avenida Rivadavia, por lo que cabe preguntarse por qué a la hora de elegir un diputado, el voto de un fueguino vale nueve veces más que el de un bonaerense. ¿No es acaso esa la definición del voto calificado?

En el censo de 1980, la ciudad de Buenos Aires tenía 477.000 habitantes más que la provincia de Santa Fe y 515.000 más que la de Córdoba, razón más que valedera para justificar sus 25 diputados por sobre los 19 santafesinos y los 18 cordobeses. Desde entonces hubo tres censos más que, según la Constitución, tendrían que ser considerados para actualizar la composición de la cámara baja. Y mucho más si se tiene en cuenta que las relaciones entre los tres distritos cambió radicalmente. El censo de 2010 indica que la ciudad autónoma tiene 304.000 habitantes menos que Santa Fe y 418.000 menos que Córdoba, que pasó de ser la tercera a la primera del grupo.

En otras palabras: la ciudad de Buenos Aires tiene (o tenía en 2010, porque la diferencia pudo haberse ampliado en estos nueve años) un 35,17% más de diputados que Santa Fe y un 38,89% más que Córdoba, pero por su cantidad de habitantes debería tener, en realidad, un 9,53% y un 12,65% menos, respectivamente.

A los que con ese ejemplo caigan en la tentación de salir a despotricar contra el atropello centralista de la metrópoli, habrá que advertirles que para la injusticia en el reparto no hay un criterio uniforme. A la hora de fijar pautas de distribución, en la Cámara de Diputados se puede ser federal y unitario al mismo tiempo. Porque así como la ciudad de Buenos Aires está sobrerrepresentada frente a Córdoba y Santa Fe, también está subrepresentada ante otras provincias.

Los 25 diputados porteños son equivalentes a la suma de los representantes de toda la Patagonia, debido al criterio de fijar el piso de 5 legisladores por distrito, cualquiera sea la cantidad de habitantes. Pero la suma de neuquinos, rionegrinos, chubutenses, santacruceños y fueguinos es un 30% inferior a la de los porteños. Una de dos: o en la Patagonia sobran 8 diputados o en la ciudad de Buenos Aires faltan 11.

Pero los desbarajustes no terminan ahí. Incluso dentro de la misma región patagónica hay un desbalance difícil de explicar. Si Río Negro tenía en el censo de 2010 cinco veces más habitantes que Tierra del Fuego, ¿por qué ambas provincias tienen la misma cantidad de diputados?

Si el criterio para justificar esa falta de equidad en las proporciones de habitantes y diputados es el de favorecer el federalismo, que alguien explique por qué el distrito más sobrerrepresentado del país es la ciudad de Buenos Aires. Y a los que con ese ejemplo se convencieran de lo contrario, que expliquen a su vez por qué los bonaerenses son, por lejos, los más subrepresentados.

Pero aun si se resolviera esa anomalía, se redujera el número de diputados porteños y aumentará el de bonaerenses, el problema estaría lejos de desaparecer.

En primer término, hay que señalar que por sobre cualquier política para favorecer el desarrollo de determinada región del país, debe respetarse antes que nada un principio básico de la Democracia. Todos los votos tienen el mismo valor, un axioma fácil de declamar pero ante el que es difícil justificar que en Tierra del Fuego haya un diputado cada 25.441 habitantes y en Buenos Aires uno cada 223.215. Y otra vez, a no dejarse llevar por teorías conspirativas, porque si el voto de un fueguino vale más que el de un bonaerense, el de un porteño vale más que el de un cordobés.

Y además, no habrá que remitirse a la historia reciente de la propia Cámara de Diputados, además de tomarse el trabajo de caminar unos metros hasta el Senado. Catamarca pasó de 2 diputados en 1963 a 4 en 1973 y a 5 desde 1983, Formosa de 2 en 1958 a 5 en la actualidad, sin que ese incremento tuviera correlato alguno en un supuesto aumento del poderío económico y/o político de las provincias en cuestión. Pero aunque así hubiera ocurrido, no dejaría de ser una decisión desacertada para resolver una injusticia secular. Ninguna provincia va a ser más rica o desarrollada por contar con más diputados que los que les corresponden y la historia del último medio siglo de sobrerrepresentaciones está para demostrarlo.

Las desigualdades políticas y económicas no se resuelven con la sobrerrepresentación de los distritos favorecidos sino con decisiones políticas de largo plazo que exceden el sentido de esta nota. La propia Constitución establece una representación uniforme de los 24 distritos en el Senado y la adecuación del número de diputados conforme a la información que cada diez años se actualiza en los censos nacionales.

El único inconveniente pasa por ponerse de acuerdo en el criterio a elegir, porque si se resuelve adecuar la representación legislativa a la poblacional, seis distritos tendrían que aumentar su nómina de diputados y diecisiete deberían reducirla.

En medio de esa discusión, hay un total de 257 miembros que podría mantenerse, recortarse o aumentarse. Por más apremios fiscales que padezca la Argentina, no es difícil arriesgar un resultado cuando la decisión está en manos de los propios beneficiarios. Marcelo Batiz