En las últimas horas, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, calificó de "un poco ambiguas, no muy felices y desafortunadas" las advertencias del candidato presidencial kirchnerista Alberto Fernández a los jueces que investigan a la ex presidenta Cristina Fernández y sostuvo que "hay que terminar con la judicialización de la política y la politización de la justicia" (ver al pie).

El magistrado alertó que "el derecho puede ser usado como un arma de choque al servicio de intereses sectoriales o partidarios; para impedirlo estamos los jueces. Nuestra función es hacer que eso no suceda, generar desincentivos para que eso no suceda".

En una entrevista concedida al programa Periodismo Puro, de Net TV, al presidente del máximo tribunal argentino le preguntaron su opinión sobre las declaraciones del ex jefe de Gabinete acerca de que varios jueces federales que investigan al kirchnerismo "deberán dar explicaciones sobre las barrabasadas que escribieron".

"Creo que sus afirmaciones fueron un poco ambiguas y no muy felices", enfatizó el juez.

Y si esas advertencias de Fernández pueden ser una "amenaza" para la división de poderes, el juez reafirmó: "Son desafortunadas, como mínimo".

Respecto de lo que se denomina "lawfare" o "guerra jurídica" en la política, Rosenkrantz sostuvo que "la Argentina es un país muy conflictivo, muy divisivo, en el que las grietas son muy importantes".

"Es muy importante creer y actuar sobre la base de la convicción de que el derecho es un dominio autónomo de todo lo demás y en especial de la política. Uno de los grandes problemas argentinos ha sido la judicialización de la política y la politización de la justicia, creo que hay que terminar con eso", alertó el juez en sus declaraciones, reproducidas por Perfil.

También advirtió que "el derecho puede ser usado como un arma de choque al servicio de intereses sectoriales o partidarios. Para impedirlo estamos los jueces. Nuestra función es hacer que eso no suceda, generar desincentivos para que eso no suceda".

Además rechazó las objeciones que se le hacen por su tarea anterior como abogado de sectores empresarios: "En mi vida he hecho muchas cosas diferentes. De hecho, trabajé durante algún tiempo en el Estado, hice política, fui funcionario del presidente Raúl Alfonsín. Fui asesor de la Convención Constituyente del '94, de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires del '96", dijo, a modo de ejemplo.

Y agregó: "Representé intereses públicos como abogado, y de hecho, trabajé por la Argentina en algunos juicios a los que la Argentina fue sometida en la década del 2000".

"Estoy orgulloso también de haber sido solicitado por muchos clientes diversos. Quienes identifican ese hecho como reprobatorio no terminan de entender lo que hace un abogado y mucho menos lo que hace un abogado de empresas. Yo representé en algunos casos a algunas empresas muy importantes en algunos litigios importantes pero no creo que haya nada denostativo", añadió.

Destacó que "para ser juez de la Corte, la Constitución exige ocho años de ejercicio de la profesión de abogado, lo que indica que los constituyentes pensaban que ejercer la profesión de abogado es una precondición de un buen desempeño judicial".

Sobre si el perfil de los clientes condicionan a un futuro juez de la Corte, Rosenkrantz contestó: "No creo. Es fácil hacer una distinción entre la responsabilidad que tiene un abogado de defender los intereses de su cliente dentro del derecho y la responsabilidad que tiene un juez".

En ese sentido resaltó las actuaciones de ex ministros de la Corte como Genaro Carrió, Enrique Petracchi y Jorge Bacqué.

"Uno tiene una particular responsabilidad de ser absolutamente imparcial y que se note esa imparcialidad cuando tiene que juzgar intereses como los que alguna vez se los ha visto asociado", completó.