En las últimas horas, el abogado y Presidente de Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, José Magioncalda, amplió, contra las autoridades de la Legislatura Porteña, su denuncia iniciada originalmente contra el gremio docente UTE; contra su titular, Eduardo López; y contra la Legisladora de la Ciudad, Victoria Montenegro.
La denuncia original tuvo lugar el año pasado cuando, el 18 de setiembre, una actividad académica sobre adoctrinamiento político/gremial en escuelas, organizada por la ONG que preside Magioncalda, fue suspendida, a instancias del gremio docente UTE y de algunos legisladores de la oposición, quienes acusaron al letrado y a la entidad organizadora de "negacionistas" de los crímenes de la dictadura militar.
Desde Ciudadanos Libres aseguran que jamás se negó la existencia de los crímenes de lesa humanidad, sino que se mencionaba el carácter partidario de ciertos organismos de derechos humanos, lo que generó el enojo en cierta dirigencia kirchnerista con una solicitud de información pública dirigida al Estado Nacional, sobre el número de víctimas de delitos de lesa humanidad, que arrojó un resultado sensiblemente inferior al de 30.000 desaparecidos.
Tal como lo manifestó Magioncalda en su oportunidad, «de ninguna manera es negacionista solicitar información sobre la cantidad de víctimas de delitos de lesa humanidad, y apegarse al número oficial. Sencillamente, porque la existencia probada de víctimas implica el reconocimiento de que los delitos de lesa humanidad existieron».
En relación a la suspención del evento, en la denuncia se sostiene que: «En un principio, consideré que las autoridades de la Legislatura habían suspendido el evento académico programado, en razón de lo intempestivo del accionar gremial y de la violencia que ello podría haber generado. Pero luego de pedir por escrito a la Legislatura que se fijara una nueva fecha, no recibí respuesta alguna, convalidándose de ese modo la suspensión».
Asimismo, Magioncalda sostuvo que "la actitud discriminatoria de la Legislatura porteña no hace más que convalidar un accionar gremial basado en la presión para que no se realice una actividad académica como consecuencia de las opiniones políticas" que se le atribuyeron al titular de la ONG organizadora.