El paso del Juez Alejo Ramos Padilla por Bahía Blanca en el año 2015 continúa deparando algunas sorpresas. De acuerdo a una reconstrucción que hizo este medio, se pudo constatar que una de las 16 personas que el magistrado, quien actualmente instruye la causa por presunto espionaje, llevó a trabajar consigo a la mencionada ciudad, había estado envuelto en un escándalo que involucró falsos testimonios por supuestos actos de tortura durante la guerra de Malvinas, con la estrecha colaboración de un ex integrante de la banda de Elbio Fernández, más conocido como “El rey del corte”, el hombre que aseguraba “desarmar un auto en 40 minutos”.

Pablo Andrés Vassel fue subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, cargo al que renunció en marzo de 2008 para incorporarse al Consejo de la Magistratura. Allí presidió la Secretaría de la Comisión de la Selección de Magistrados y Escuela Judicial, que por entonces presidía la ultrakirchnerista Diana Conti. Cuando el 18 de junio de 2015, el Consejo designó a Alejo Ramos Padilla para subrogar el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, que investigaba la emisión de facturas apócrifas en beneficio del presunto testaferro k Lázaro Báez, Vassel fue enviado, junto a otras personas absolutamente ajenas a la jurisdicción, para acompañar al Juez.

Además del ex funcionario correntino, viajaron, entre otros, Mauro Labozzetta y Gustavo Puppo, del Juzgado de Dolores; Leandro Massari y Victoria Fraga, empleados de la Procuración; Pablo Vicente Fermento y Juan Pablo Guidini, ambos empleados de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del MPF; ; Noelia Matalone, contratada en la Oficina Anticorrupción por el ex vicepresidente Amado Boudou y por el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y Mario Vajsejtl, cabo de la Policía Federal y custodio personal de Ramos Padilla, un hombre que solía presentarse armado frente a los funcionarios judiciales. Además del mencionado Vassel, quien fue designado en Bahía Blanca a instancias de quien fuera en aquel momento la Presidenta del Cuerpo, Gabriela Vázquez, reconocida miembro de Justicia Legítima. 

En abril del año 2007, Pablo Vassel, en carácter de subsecretario de DDHH del gobierno de Corrientes a cargo de Arturo Colombi, radicó una denuncia en el Juzgado 1 de la ciudad de Rio Grande, Tierra del Fuego, que contenía el testimonio de 23 ex soldados conscriptos donde se acusaba a oficiales y suboficiales durante la guerra de Malvinas de cometer torturas. En concreto, se solicitaba la investigación por presuntos delitos de reducción a servidumbre y torturas, seguido de lesiones graves y en algunos casos, homicidio. Los denunciantes revelaron haber sido víctimas de “estaqueamientos” y “enterramientos” por parte de sus superiores.

También en 2007, el Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas de la Plata (CECIM), a cargo de Ernesto Alonso, quien en el año 2012 sería nombrado por la ex presidenta Cristina Kirchner al frente de la Comisión Nacional del ex Combatiente, formalizó una denuncia por el cobro indebido de pensiones vitalicias por parte de personas que nunca fueron a Malvinas, a instancias de una presentación del Fiscal Guillermo Marijuán. Sin embargo, 9 años después, y de acuerdo a una investigación exhaustiva realizada en 2016 por expertos en la materia, se comprobó que la situación se había agravado, detectándose un exceso de 1158 tripulantes en los buques destinados a la guerra. Además, se descubrió que cobran pensiones 1 marino mercante clase 1970 (12 años al momento del conflicto), 1 cabo principal clase 1969 (13 años en 1982), 12 marinos 1966 (16 años), 57 tripulantes clase 65 (17 años en la guerra), y 155 embarcados clase 1964, cuando las clases convocadas para la contienda fueron las de 1962 y 1963. “A Alonso desde el kirchnerismo le dieron mucho apoyo político y económico. El resultado fue que los truchos siguen cobrando y miles de soldados no pueden acceder al beneficio”, le dice a este medio un veterano de Malvinas que lucha por su reconocimiento, quien prefiere no revelar su identidad debido a que está en juicio contra el Estado. El CECIM también le dio un fuerte impulso a las denuncias por torturas en el conflicto bélico acusando a los oficiales de “abuso, traición y cobardía”, según declaraciones del propio Alonso.

Pero en el año 2010, una investigación periodística reveló que algunos testimonios que se utilizaron para denunciar las supuestas torturas fueron inducidos, cuyos móviles no solo fueron políticos e ideológicos, sino también económicos. Al menos así lo declararon algunos denunciantes. El ex soldado conscripto Juan Cáceres declaró que “nos ofrecieron $250.000 a cambio de inculpar a oficiales, y nunca nos pagaron”. Además de ello, se comprobó que Juan Carlos Journet, dueño de un fuerte prontuario, era asesor contratado de Pablo Vassel en la subsecretaría de DDHH de Corrientes y habría colaborado en el armado de la causa contra algunos oficiales de Malvinas, entre ellos, el recordado caso del Teniente Primero ( R ) Jorge Taranto. Journet estuvo detenido por robo de autos y sospechado de abuso de menores. Además de ello, y según la misma investigación periodística, integró la banda de Elbio Fernández, “El rey del corte”. Según se supo, Vassel estaba perfectamente al tanto de la situación.

Pese a que Jorge Taranto fue sobreseído, y a que la propia Corte Suprema, mediante una resolución del 24 de febrero de 2015, decidiera cerrar el caso de las supuestas torturas, las denuncias siguieron su curso y las causas fueron reabiertas, a través de diferentes presentaciones en distintos juzgados federales de todo el país. En los últimos meses las mismas han tomado nuevo impulso, cuando el pasado 2 de mayo el juez subrogante de Ushuaia, Federico Calvete, dispuso el llamado a indagatoria de 18 imputados, originalmente previstas para el próximo 27 de junio. Sin embargo, la nueva magistrada del caso, Mariel Borruto, titular del Juzgado 1 de Río Grande, jurisdicción donde se radicó la denuncia primigenia, postergó las indagatorias alegando “falta de recursos y de personal”. Recientemente, Pablo Vassel fue nuevamente denunciado por el presunto armado de la causa.

Alejo Ramos Padilla, antes de ser juez, tuvo una destacada actuación como abogado en causas de derechos humanos. La más conocida era la que involucraba al represor Miguel Etchecolatz. Otra de sus actuaciones fue haber sido representante legal del CECIM ante un grupo de familias de la provincia del Chaco en procura de la identificación de 122 soldados sepultados en Malvinas como NN. Es por ello que en el último acto realizado por esta agrupación el pasado 2 de abril, en conmemoración del desembarco argentino en el archipiélago, el magistrado fue ovacionado y al bajar del palco donde fue invitado, se confundió en un abrazo con el dirigente de SUTEBA, Roberto Baradel. Cabe decir también que cuando asumió la titularidad del Juzgado de Dolores en 2011, al acto concurrió una nutrida delegación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El pasado lunes 27 de mayo, el Fiscal subrogante ante el TOF de Bahía Blanca Gabriel González Da Silva elevó un requerimiento de instrucción para investigar por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público a Alejo Ramos Padilla. En las últimas horas, el juez Walter López Da Silva ordenó las primeras medidas de prueba, tendientes a corroborar los testimonios obrantes en el sumario y un pedido de informes a la Cámara de Apelaciones de Bahía.

Apenas tomó posesión del cargo, el 24 de junio de aquel año, el actual magistrado de la causa por presunto espionaje, inició un sumario interno llamado “Irregularidades reorganización del Juzgado Federal 1”, ordenándole a su personal de confianza “Tareas de Reunión de Información” de todo el plantel judicial. Ello originó la apertura de un sumario interno. El 22 de noviembre de 2018, el actual Juez de la causa por las facturas truchas, Walter López Da Silva, dictaminó que “el análisis de este legajo (N de la R: se refiere al sumario) muestra que su objeto se dirigió esencialmente a dilucidar la actuación del ex Juez Federal Subrogante Santiago Ulpiano Martínez y el Secretario Mario Augusto Fernández Moreno”. La acusación principal que se le hace a Ramos Padilla, a través de la presencia intimidante de parte del personal ajeno a la jurisdicción que arribó con su llegada, en especial al policía Vajsejtl y al Dr. Puppo, es “la exigencia directa y permanente al personal de la Secretaría de Derechos Humanos para que aportara información o datos que pudieran incriminar al Dr. Ulpiano Martínez”, según denuncia un funcionario judicial del Juzgado. El actual Fiscal Ulpiano Martínez había dispuesto, pocos días antes de ser removido del cargo por la entonces mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura, diversos allanamientos a las firmas involucradas en la emisión de documentación apócrifa para beneficiar a Austral Construcciones, empresa de Lázaro Báez.

Los funcionarios sumariados por Ramos Padilla dieron su testimonio en sede judicial, manifestando todos ellos una fuerte presión psicológica y acoso laboral por parte del Juez y de su entorno, entre ellos Pablo Vassel, de quien se dijo que “reiteraba en todo momento que él estaba ahí para controlar, advirtiéndonos que colaboraba en forma directa con el Juez (por Ramos Padilla) y su gente de confianza”. Este testimonio obra en el sumario abierto en 2016, sobre el cual se basa el requerimiento de instrucción contra el hoy juez de Dolores, y de los que este medio ya se ocupó en detalle. 

El falso abogado Marcelo D´Alessio fue denunciado por extorsión por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien dijo ser extorsionado por aquel en nombre del Fiscal Carlos Stornelli.  La denuncia recayó en el Juzgado de Dolores cuyo titular es Ramos Padilla, quien decidió procesar al extorsionador y declarar en rebeldía a Stornelli, debido a que el Fiscal de Comodoro Py no se presentó a indagatoria en ninguna de las ocasiones en que fue citado.

La justicia federal marplatense quedó en el centro de todas las miradas a partir de la decisión de la Cámara Federal local, de cuya jurisdicción depende la ciudad de Dolores, integrada por Alejandro Tazza y Eduardo Jimenez, con la integración temporal del cuestionado juez de Necochea Bernardo Bibel, de confirmar la competencia del Juez Alejo Ramos Padilla en la causa por presunto espionaje ilegal, y de mantener la declaración de rebeldía del Fiscal de Comodoro Py Carlos Stornelli, quien investiga el caso de los cuadernos de la corrupción k.

Según tres fuentes de la justicia de Mar del Plata, habría existido una fuerte presión por parte de importantes dirigentes vinculados a organismos de derechos humanos dirigida a un camarista para mantener la competencia de Ramos Padilla en la causa que, según muchos, pretende herir de gravedad la investigación de los cuadernos. El Observador