A partir de la nueva citación a indagatoria que le hiciera el Juez Alejo Ramos Padilla al Fiscal Carlos Stornelli en el marco de la investigación por presunto espionaje ilegal que el magistrado de Dolores lleva adelante, resulta inevitable trazar similitudes y diferencias entre dicha pesquisa y lo que dejó su mentado paso por Bahía Blanca, subrayando tanto su modus operandi, como las acciones y posibles omisiones de cada uno de sus actos procesales.

Cuando Alejo Ramos Padilla fue elegido el 18 de junio de 2015 por el Consejo de la Magistratura entonces dominado por el kirchnerismo para subrogar el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, en aquella ciudad estaba radicada la causa 10451/2014 donde se investigaba una significativa emisión de facturas apócrifas por parte de un grupo de empresas bahienses de reconocidas familias de la ciudad  para beneficiar a Austral Construcciones S.A., firma propiedad de Lázaro Báez, ocasionándole al Fisco una pérdida de $670 millones. Desde el año 2011, Ramos Padilla es titular del Juzgado Federal de la ciudad de Dolores.

Para graficar la trascendencia de la causa de las facturas truchas, conviene citar a quien la instruye en la actualidad, el Juez Walter López Da Silva: “La importancia de la maniobra delictiva que se desplegó en Bahía Blanca de que en esta jurisdicción prima facie se concentró gran parte del esquema de vínculos y el diagrama de operaciones utilizadas como cobertura para la estructura ilícita encabezada por Lázaro Antonio Báez, que tiene su inicio y origen en las empresas bahienses”. Dicha investigación conecta claramente con las causas llamadas “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”.

Requerimiento de instrucción contra el Juez

El último 16 de mayo el Fiscal subrogante ante el TOF bahiense, Gabriel González Da Silva, solicitó requerimiento de instrucción contra Ramos Padilla por los presuntos delitos de abuso de autoridad y amenazas, durante su paso por la ciudad del sur bonaerense. En su escrito, el representante del Ministerio Público expresó que “se impone la necesidad de instruir una investigación penal que determine efectivamente la concreción, o no, de sucesos delictivos puntuales”. Y amplía: “Lo que corresponderá pesquisar es si el accionar del magistrado excedió de un mero plan de reorganización y ordenamiento del juzgado, en cuyo marco trajo para tal labor a personal de su confianza, para pasar a constituir verdaderos episodios delictivos”. A tal efecto, solicita que se informe si en la subrogancia del Juzgado bahiense requirió autorización expresa para ser acompañado por dicho personal, como así también que se libren oficios a las Cámaras de Apelaciones de Bahía Blanca, Mar del Plata y Capital Federal, a fin de determinar si hay denuncias radicadas allí contra el magistrado.

Apenas tomó posesión del cargo, el 24 de junio de 2015, Ramos Padilla decidió la apertura de un sumario interno llamado “Irregularidades reorganización del Juzgado Federal 1”, ordenándole a su personal de confianza “Tareas de Reunión de Información”. Al momento de asumir, el Juez designó a una decena de personas ajenas a la jurisdicción, proveniente de Dolores, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal por entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó, y hasta de la Policía Federal, hecho que ya fue detallado por este medio. Sobre uno de ellos, Gustavo Puppo, quien actualmente trabaja con el juez en Dolores, la Cámara bahiense, ante un siniestro ocurrido a fines de agosto de 2015 con un auto oficial del Juzgado que el personal arribado a la ciudad usaba sin ningún tipo de control, expresó en su momento que “Ramos Padilla nunca informó las circunstancias de su desempeño en esta sede, pese a los reiterados requerimientos que le efectuó el Tribunal”.

Los funcionarios sumariados comenzaron a detallar lo padecido ante sede judicial, manifestando todos ellos una fuerte presión psicológica, acoso laboral por parte del Juez y de su entorno, modificación drástica de condiciones laborales, y despliegue de tareas de vigilancia, por lo que se dispuso la apertura de otro sumario en agosto del año 2016, declaraciones que ya fueron consignadas por este medio.

Cabe decir también que el Fiscal desestimó prima facie la investigación por encubrimiento agravado en favor de Lázaro Báez. Uno de los argumentos de los que se vale González Da Silva para sostener su posición es que durante los seis meses que duró su subrogancia en Bahía, Ramos Padilla no habría tomado ninguna medida que “fuese en contrasentido a lo que ordenó oportunamente Ulpiano Martínez –el anterior juez de la causa de las facturas truchas-”. Y aunque en su escrito afirma que “tampoco se hizo nada relevante con el objetivo de impulsar la pesquisa”, el representante del MPF justifica el accionar del juez, alegando “el cúmulo de tareas que pesaba sobre el Tribunal y sobre un juez que tenía a cargo 2 juzgados federales trascendentales del interior bonaerense separados por 575 km de distancia”.

Ante esta afirmación, la pregunta se impone sola: ¿Por qué entonces no se designó a alguien cercano a la jurisdicción?. El 3 de marzo de 2015, a través del Decreto 318/15, la entonces Presidenta Cristina Kirchner aprobó una lista de conjueces federales a intervenir en Bahía, en caso de excusación, recusación o vacancia de los titulares. De ese listado, había sólo uno oriundo de la ciudad: Walter Iván Larrea. Pese a ello, la razón que esgrimió el Consejo de la Magistratura para elegir a Ramos Padilla fue que “la relevancia de los casos que allí tramitan aconsejan designar al frente de dicho Juzgado a un funcionario que goce de la estabilidad en el cargo”, considerando que “estas condiciones sólo puede reunirlas un juez titular de otra jurisdicción”. En ningún párrafo de la decisión de los consejeros, se hace mención a la causa por las facturas apócrifas. Y los casos a los que aluden son causas de lesa humanidad. Según consta en la propia Resolución del Consejo, la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se presentó “manifestando su profunda preocupación respecto de la situación de la Justicia Federal de Bahía Blanca”.

A Ramos Padilla se le reconocen importantes actuaciones en el campo de los derechos humanos. Fue Director Ejecutivo de la Fundación Anahí por la Justicia, la Identidad y los Derechos Humanos, además de haber sido representante legal del fallecido ex canciller Héctor Timerman, y de impulsar el encarcelamiento del ex dictador Jorge Videla por el robo sistemático de bebés, y del ex represor Miguel Etchecolatz. Dichas actuaciones le valieron simpatía mutua con el kirchnerismo. De hecho, fue nombrado Vocal de la filial Mar del Plata de Justicia Legítima prácticamente al mismo tiempo de su nombramiento en Bahía Blanca.

El primer juez que tuvo la causa de las facturas fue Santiago Ulpiano Martínez, quien en poco más de 20 días, período comprendido entre el 1 y el 23 de junio de 2015, ordenó diversas pruebas relevantes: citó a prestar declaración al ex inspector de la AFIP Carlos Blanco, quien había detectado las maniobras evasivas en 2011; dispuso que la Policía Federal haga tareas de inteligencia sobre las empresas denunciadas, por lo que luego decidió diversos allanamientos a los domicilios de dichas firmas, donde se secuestró importante documentación; requirió la cooperación del Cuerpo Técnico de Peritos de la Corte Suprema de la Nación, además de librar distintos oficios. Pero el 24 de junio debió dejarle su lugar a Alejo Ramos Padilla, quien ese mismo día ordenó la formación de un sumario interno contra los empleados del Juzgado.

Cuando el 26 de mayo de 2016, asumió como Juez de la causa Héctor Pedro Plou,magistrado federal de Junín, en su escrito de presentación aseguró que “desde el momento de la delegación no se han producido avances sustanciales en la investigación”, agregando que “se encuentran pendientes de impulso ciertas medidas necesarias para la dilucidación de los hechos investigados”. Y de inmediato, citó a prestar declaración testimonial al citado Carlos Blanco, y a la también ex funcionaria de la AFIP Silvia Huici, quien acompañó a Blanco en las primeras inspecciones. También declararon durante aquel año otros empleados del organismo recaudador que cumplían funciones durante las fiscalizaciones iniciales, que dieron comienzo a la formación posterior de la causa. A ninguno de ellos los había citado Ramos Padilla durante su subrogancia.

En el dictamen de González Da Silva, el Fiscal cita lo siguiente: “En los requerimientos fiscales obrantes –durante la investigación en 2015- ni siquiera se mencionan imputados concretos”. Tres años después, más precisamente en septiembre de 2018, fueron citados a indagatoria 14 imputados de la causa, entre ellos, Lázaro Báez y su hijo Martín, y los empresarios bahienses. La mayoría de ellos se negó a declarar. Si bien altas fuentes de la investigación le confiaron a este medio que todos serían procesados, los mismos se vienen demorando más de lo previsto.

La causa de Dolores

El falso abogado Marcelo D´Alessio, fue denunciado por extorsión por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien afirmó que D´Alessio lo extorsionó en nombre de Carlos Stornelli, para no involucrarlo en la causa de los cuadernos. La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal a cargo de Alejo Ramos Padilla. El magistrado decidió procesar al extorsionador y, debido a que el Fiscal de Comodoro Py no se presentó a declarar en ninguna de las ocasiones en que fue citado, el Juez lo declaró en rebeldía el pasado 26 de marzo, situación que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, y en los últimos días por la Sala II de Casación, aunque se dejó a salvo “la inmunidad de arresto que de momento detenta” el representante del Ministerio Público.

La nueva citación a Stornelli fue hecha para el próximo 18 de julio, dos días antes del comienzo de la feria judicial de invierno. El Fiscal no se presentará a declarar, ya que alega que se trata de una operación en su contra para perjudicar la investigación de los cuadernos de la corrupción kirchnerista. Cabe recordar que el último 18 de junio, el Fiscal Federal de Comodoro Py solicitó la elevación a juicio oral de un tramo de dicha causa, en el cual hay 47 imputados. En el expediente 9608/2018 se investiga una red de recaudación ilegal a través de la obra pública de fondos pagados por empresarios y cobrados por ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas. En la actualidad, tiene 170 procesados. La más importante es la ex presidenta Cristina Kirchner, señalada por Stornelli como Jefa de una Asociación Ilícita.

Además de las escuchas difundidas en las últimas semanas que revelaron que algunos presos k conocían con antelación la denuncia contra Stornelli, existirían otras que aún no tomaron estado público que darían cuenta de una presunta reunión que un operador kirchnerista habría mantenido con Ramos Padilla entre el 15 y el 17 de enero, es decir, más de 10 días antes de la radicación formal de la denuncia en el Juzgado de Dolores.

Ramos Padilla ha sostenido que la investigación que instruye se centra en “la actividad de una organización criminal paraestatal con permanencia en el tiempo, llevando adelante múltiples planes delictivos de diversa índole, vinculados al espionaje ilegal en el ámbito judicial, político, empresarial y periodístico”, destacando las vinculaciones de esta organización con agentes o ex agentes de inteligencia. En el procesamiento a D´Alessio, el Juez afirma que “conociendo información sensible sobre una persona, en particular si se trata de datos que aquella no desea que se hagan públicos, resulta fácil presionar o manipular a cualquiera para que declare en determinado sentido”.

Uno de los funcionarios judiciales de Bahía Blanca aseguró en el sumario abierto en 2016, exactamente al minuto 6 de su declaración, que cuando fue interrogado en ocasión de la “reorganización” del Juzgado dispuesta por Ramos Padilla, Mauro Lambozetta –parte del personal que el juez llevó a Bahía, y quien hoy continúa trabajando en Dolores-, “me hizo un montón de preguntas, tomó nota y tenía escritos con información que traían previamente a la llegada al Juzgado”.

Desde el comienzo de la causa por espionaje, la instrucción profundizó su curso. Ramos Padilla le tomó declaración, entre otros, al suspendido Fiscal Juan Ignacio Bidone, al supuesto ex espía Hugo “Rolo” Barreiro, y a la ex abogada de Leonardo Fariña, Giselle Robles, donde se acusa a reconocidos periodistas y a la ministro de Seguridad Patricia Bullrich de integrar una red con el fin de encarcelar con testimonios inventados a ex funcionarios kirchneristas y a la propia ex presidenta Cristina Fernández. Además, en una resolución fechada el 24 de junio, el magistrado dispuso una batería de medidas, ordenando, entre ellas, nuevas declaraciones testimoniales, donde se destaca el ex jefe de gabinete kirchnerista, Anibal Fernández. También aceptó como querellantes a decenas de procesados e imputados en causas que investigan la corrupción durante las administraciones anteriores. Y llamó a indagatoria al periodista Daniel Santoro, a la vez que tomó la competencia para investigar si la causa conocida como “Gas Natural Licuado” fue armada por la presunta red ilegal de espionaje.

Pese a que el Fiscal Gabriel González Da Silva desestima el presunto encubrimiento a Lázaro Báez por parte de Ramos Padilla en Bahía, diversas fuentes judiciales bahienses la aseguraron a este medio que el Juez habría hecho todo lo posible para no investigar al empresario patagónico, como citar a indagatoria a dos empresarios involucrados recién el 17 de noviembre de 2015, es decir, casi 5 meses después de hacerse cargo de la instrucción. Como prueba de ello, vale consignar que mientras dicha pesquisa apenas se incrementó en 73 fojas, pasando de la 333 a la 406, de las cuales apenas 10 cuentan con la firma del Juez, el sumario abierto contra los funcionarios judiciales acumuló 1113 fojas. “Esto se hizo para pisar la causa contra Báez”, asegura uno de ellos.

Las mismas fuentes citan un reciente fallo cuyos criterios podrían ser aplicados contra Ramos Padilla. El 21 de febrero último, la Sala 2 de la Cámara Federal porteña, con las firmas de los jueces Martin Irurzun y Leopoldo Bruglia, confirmó el procesamiento del Fiscal Carlos Gonella en una causa que se le sigue por violación de secretos y abuso de autoridad cuando estaba a cargo de la PROCELAC(Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos): “El meollo de la imputación gira en torno a si Gonella, había procedido con una actividad arbitraria y abusiva tendiente a perjudicar a la Jueza María Gabriela Lanz, quien había intervenido en una investigación contra Lázaro Báez”, afirmaron los camaristas. El actual Fiscal ante el TOF de Córdoba está procesado por prevaricato, por haber excluido al presunto testaferro kirchnerista de una pesquisa penal el 18 de abril de 2013. La magistrada, además de convocar a declarar a Báez, había ordenado allanamientos y medidas cautelares a partir de un requerimiento del Fiscal José María Campagnoli. “Las circunstancias denotan la existencia de sospechas serias en cuanto a la creación de la fiscalía que Gonella ocupaba, a su nombramiento y a la intervención que tuvo en pos de favorecer a Lázaro Báez en investigaciones en su contra”.

La subrogancia del juez Alejo Ramos Padilla en Bahía Blanca tuvo lugar entre el 24 de junio y el 28 de diciembre de 2015, es decir, que su paso por el Juzgado bahiense duró 188 días corridos. La actual investigación por presunto espionaje ilegal, que instruye el mismo magistrado y en la cual está imputado el Fiscal Carlos Stornelli, lleva exactamente un mes menos, tomando el tiempo desde que se radicó la denuncia original, el último 28 de enero, hasta el 3 de julio: 158 días.

A veces el contraste entre hechos similares suele arrojar conclusiones asombrosas. El Observador