Los Fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, a través de un escrito de 346 páginas, solicitaron la elevación a juicio oral de la causa 17.459/18, caratulada “Muñoz, Héctor Daniel y otros s/lavado de activos”. Dicho expediente es un desprendimiento de la causa de los cuadernos, por la que los mismos representantes del Ministerio Público también formularon el pasado martes 18 de junio la elevación a juicio. Este tramo de la pesquisa abierta a partir de las anotaciones del chofer del ex número 2 del Ministerio de Planificación kirchnerista, Roberto Baratta, incluye la participación de varios marplatenses.

El expediente de los cuadernos investiga una red de recaudación ilegal a través de la obra pública de fondos pagados por empresarios y cobrados por ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas. De acuerdo al dictamen de Stornelli, la Jefa de la Asociación Ilícita sería la ex presidenta Cristina Kirchner, describiendo la existencia de dos grupos dentro de la organización comandada primero por Néstor Kirchner, y luego de su muerte, manejada por Cristina. Ambos grupos le entregaban el dinero recolectado a Daniel Muñoz, ex secretario del ex presidente y fallecido en mayo de 2016. La ruta de parte de esos fondos ilícitos, exactamente u$S69.816.600, fue rastreada en la causa por la que los fiscales solicitan la elevación a juicio oral.

Los principales imputados son Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, los empresarios marplatenses Sergio Todisco y su ex esposa, Elizabeth Ortiz Muñicoy, los abogados Miguel Ángel Plo, junto a su hija, María Jesús Plo y Federico Zupicich, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo, el ex secretario de Cristina Isidro Bounine, los hermanos empresarios Leonardo y Rubén Llaneza –quienes son socios de Pochetti en diversos negocios vinculados al rubro farmacéutico-, y el financista Carlos Cortez. También están implicados el abogado Marcelo Danza, el agente inmobiliario Osvaldo Parolari, y Elba Muñicoy.  

Tras el apartamiento del juez Luis Rodríguez de la causa 3867/16, que investigaba a Daniel Muñoz por enriquecimiento ilícito y quien fuera acusado por Pochetti de cobrar una coima de U$S10 millones para protegerlo, fue sorteado para hacerse cargo del expediente Daniel Rafecas, pero éste decidió enviárselo a su colega Claudio Bonadío, quien instruye la causa de los cuadernos, para que unifique ambas investigaciones.

El dictámen

“Tenemos por cierto y por demostrado que algunos de los imputados intervinieron como coautores en la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria, en el extranjero, empleada para convertir, transferir, administrar, vender, disimular, y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, precisamente aquellos originados y receptados por Héctor Daniel Muñoz”, sostiene el dictamen, en obvia referencia a las maniobras reveladas en la causa de los cuadernos. En el escrito, se da por acreditado que Carolina Pochetti, Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Muñicoy, y en menor medida, Carlos Cortez, Osvaldo Parolari, y los hermanos Llaneza, intervinieron en la aplicación de fondos destinados a la adquisición de bienes en el extranjero, concretamente 12 inmuebles en Miami y 2 en Nueva York, ambas ciudades de EEUU, disimuladas en al menos 12 personas jurídicas constituidas y radicadas en EEUU y las Islas Vírgenes Británicas, a partir del 15 de abril de 2010 y hasta el año 2015.

Las 12 sociedades son: Successful Ideas INC, Free Experience INC, Gold Black Limited, Harbor Golden INC, South Golden INC, Lizer Investment LLC, Mother Queen INC, North Golden INC, West Golden INC, First All Inclusive INC, Dream Golden Entreprise INC, y Old Wolf Limited. Todas, a excepción de esta última, de la cual no se sabe fecha cierta de constitución, fueron constituidas entre 2010 y 2014. Así mismo, la totalidad de ellas fueron administradas por Sergio Todisco. Por su parte, su ex esposa, Elizabeth Ortiz Muñicoy, aparece en tres de ellas. Afirman Stornelli y Rívolo que tienen por probado que “Carolina Pochetti junto con Daniel Muñoz intervinieron desde febrero de 2015 en la reconversión de los directorios societarios de las firmas antes citadas, a los efectos de que sea más difícil descubrir el origen de los fondos y titulares reales de las sociedades y los inmuebles a nombre de éstas”.

A partir de aquí hace su aparición el primo de Pochetti y otro de los imputados, Carlos Gellert, quien colocó a su esposa, Perla Puente Resendez como Directora y/o Administradora de al menos 9 de esas firmas. Gellert es hijo de la ex diputada nacional por Santa Cruz, Blanca Blanco, ex esposa de Daniel Peralta, el ex gobernador santacruceño. En enero de 2019 fue aceptado como arrepentido por el Juez Claudio Bonadío y declaró haber colaborado en la constitución de las sociedades citadas anteriormente. Es que el primo de Carolina Pochetti residía junto a su familia en Texas, EEUU. La razón de la aparición de Carlos Gellert en el esquema societario fue la separación conyugal entre Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Muñicoy, ocurrida entre fines de 2014 y principios de 2015.

Los marplatenses

Respecto del agente inmobiliario Osvaldo Parolari y del abogado Marcelo Danza, ambos marplatenses, el dictamen asegura tener probado que el primero, con la colaboración del segundo, “intervinieron en la creación de las sociedades Gold Black Limited y Old Wolf Limited, radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, siendo ambas a su vez controlantes de las restantes firmas en EEUU, por orden y beneficio de Daniel Muñoz y Carolina Pochetti”. Así mismo, se da por acreditado que Parolari, quien recuperó la libertad en febrero, intervino en la compra, junto con Todisco y Ortiz Muñicoy, de 4 de las 14 propiedades adquiridas en EEUU. Además, se comprobó que el agente inmobiliario concurrió hasta al menos el año 2011 al domicilio de Muñoz y Pochetti en la ciudad de Buenos Aires, a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior, de modo ilegal, a través de diferentes agencias financieras.

En el dictamen se detallan de manera contundente 9 operaciones financieras sospechosas, entre las cuales se destacan, en primer término, una trasferencia el 3 de septiembre de 2013 por parte de Sergio Todisco de 1 millón de dólares a una cuenta de un estudio jurídico de Miami, proveniente de una cuenta radicada en la banca de Andorra. Como así también 10 transferencias entre marzo y julio de 2012 ordenadas por Todisco a las firmas Harbor Golden INC, Free Experience INC, y Succesfull Ideas INC, también provenientes de Andorra. “Una porción del dinero egresó a través de triangulaciones efectuadas por la empresa Jonestur, con productos en la Banca Privada de Andorra”, afirman los Fiscales.

Es por ello, que en febrero último, la Justicia del Principado de Andorra libró oficios a la justicia argentina para que ésta tome declaración a 18 personas acusadas de lavado de dinero por 80 millones de euros, entre ellos, Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Muñicoy. Entre ellos, se encontraban también Oscar Rigano, y Juan Carlos García Navarro, señalados, en sus declaraciones en carácter de arrepentidos, por Todisco y Ortiz Muñicoy como los financistas de Muñoz y dueños de Jonestur,una de las casas de cambio utilizadas para enviar el dinero ilícito al exterior. “De los datos recogidos se desprende que estas cuentas de Andorra fueron utilizadas para bancarizar fondos que fueron captados por el grupo Jonestur en efectivo”. Según Todisco, las comisiones que cobraban las “cuevas” oscilaban entre el 1% y el 6%.

El 19 de septiembre de 2016, la Justicia marplatense, a través de la Fiscal Laura Mazzaferri y el Juez Santiago Inchausti, dispuso 48 allanamientos simultáneos a casas de cambio y “cuevas financieras”, entre ellos a Jonestur, procesando a 25 imputados por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero e intermediación financiera, entre los cuales se encontraban Rigano y García Navarro. Pero el 6 de marzo de 2017-aunque la decisión se dio a conocer un mes después-, la Cámara de Mar del Plata, integrada por los Jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jimenez, y Bernardo Bibel –la misma conformación que recientemente mantuvo la competencia de Ramos Padilla en la causa por presunto espionaje– resolvió la nulidad de todo lo actuado en los allanamientos, dictando el sobreseimiento de todos los imputados, debido a “graves inexactitudes en la transcripción de las escuchas telefónicas”, llevadas a cabo por dos gendarmes. La causa fue reabierta por la Cámara de Casación a fines de 2018.

En rigor de verdad, los primeros allanamientos contra cuevas financieras y reconocidas casas de cambio de Mar del Plata se realizaron en octubre de 2014, por un pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo entonces del hoy procesado Carlos Gonella y bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal comandado por la también procesada Alejandra Gils Carbó, que había sugerido los operativos. Como dato hay que recordar que en 2014 regía el cepo al dólar, lo que generaba la proliferación de operaciones en el mercado ilegal para las operaciones de la divisa extranjera.

Más sobre Todisco y Ortiz Muñicoy

Los representantes del Ministerio Público dan por probado que Sergio Todisco, dueño de la conocida firma marplatense Textilana, y Elizabeth Ortiz Muñicoy, titular de la exclusiva inmobiliaria Ortiz Lizmar, conformaron y administraron en su beneficio las sociedades Ocean Silver INC, en el estado de Delaware, EEUU, y Ocean Silver of South Florida INC. Así mismo, dejan constancia que fueron adquiridas con dinero ilícito 2 inmuebles en EEUU, y las siguientes propiedades en Mar del Plata: Paunero 2150, Gascón 2674, y Boulevard Marítimo 5059, este último por parte solamente de Todisco, quien ya se encontraba divorciado de Muñicoy. Aquí surge un dato llamativo: en octubre de 2014 Todisco le habría vendido dicha propiedad a Luis Solimeno, el poderoso empresario de la pesca local. Muñicoy, a su vez, también continuó adquiriendo inmuebles y conformando sociedades por su cuenta. En la ciudad balnearia, también constituyeron las firmas Desarrollos Serliz SA e Inversiones Aquiles Corp SA.

En el dictamen se ofrecen 114 pruebas, entre informes de la Unidad de Información Financiera, del Banco Central, Registro de Migraciones –donde constan los numerosos viajes a EEUU de algunos de los imputados-, además de denuncias, allanamientos y declaraciones. Entre ellos, se hace referencia a las actuaciones de la Fiscal de Mar del Plata Laura Mazzaferri, en las cuales se incluyen constancias de transferencias secuestradas en los allanamientos al grupo Jonestur, que dan cuenta de la existencia de sociedades off shore y movimientos significativos de dinero entre la banca de Andorra, el Bank of América y el Trust Bank of Florida.

Cabe destacar que tanto Ortiz Muñicoy, como Pochetti, Todisco, Gellert, y Campillo se acogieron a la figura de imputado colaborador, regida por la Ley 27304. Por su parte, el financista Carlos Cortez y también presunto testaferro de Daniel Muñoz, declaró que se encontraba con aquel en su domicilio de la calle Rivera, de la ciudad de Buenos Aires, aclarando que “se trata de un edificio de 2 o 3 plantas, que incluía una cochera y oficinas anexas en planta baja, y creo que había más cocheras arriba. Cuando iba a recibir dinero, metía el auto en esas cocheras…..me daba la plata en fajos de 10.000 dólares, recuerdo que los billetes venían con olor a humedad y con sellos de distintos bancos”.

Sergio Todiscó manifestó que él le aconsejó a Muñoz enviar el dinero al exterior, utilizando las casas de cambio de Mar del Plata Jonestur y La Moneta, afirmando que retiraban el dinero del domicilio del ex secretario presidencial “de a 500.000 dólares contenidos en bolsos”. Al igual que Cortéz, asegura que a veces los billetes estaban húmedos.

Los Panamá Papers

“Se ha probado de que a partir de que se hiciera pública la información proveniente de la investigación periodística conocida como Panamá Papers, el 3 de abril de 2016, Carolina Pochetti, Carlos Gellert, Ortiz Muñicoy, los abogados Miguel Ángel y María Jesús Plo, y Federico Zupicich, con la participación secundaria de Isidro Bounine –ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Kirchner y acercado por Juan Manuel Campillo-, intervinieron en el proceso de venta de gran parte de las propiedades adquiridas con fondos ilícitos”, señala el dictamen fiscal. Para demostrar tal afirmación, detallan 25 operaciones que acreditan aquellos movimientos. “El objeto de esta investigación se encuentra conformado por varios hechos de distinta envergadura, algunos de los cuales son sumamente complejos”, sostienen los Fiscales Stornelli y Rívolo.

“Las pruebas reunidas en el curso de esta investigación han permitido conocer que los imputados integraron una asociación ilícita cuyo objeto fue conformar, en la República Argentina y en el extranjero, una estructura societaria y bancaria, ideada por Héctor Daniel Muñoz y Carolina Pochetti, e integrada por el resto de los imputados, a los efectos de administrar y poner en circulación parte del dinero ilícito obtenido como consecuencia de las maniobras investigadas en la causa 9608/18 e integrarlos al circuito económico bajo formal apariencia de licitud”, reza el escrito en otro de sus párrafos más salientes. Y agrega: “Las conductas desplegadas por los imputados no pueden analizarse en forma aislada”.

Carolina Pochetti, Elizabeth Ortíz Muñicoy, Sergio Todisco, Carlos Gellert, Carlos Cortez, Leonardo Llaneza, Ruben Llaneza, Miguel Angel Plo, María Jesús Plo, Federico Zupicich, deberán responder como coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por conformar miembros de una asociación ilícita. Jorge Isidro Bounine, y Marcelo Danza, por lavado de activos en carácter de partícipe secundario. Y Elba Muñicoy y Osvaldo Parolari, solamente como coautores del delito de lavado. Juan Manuel Campillo, es acusado por encubrimiento.

Debido a la declaración como arrepentido del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, los Fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, solicitan avanzar a una siguiente etapa en la investigación: “Las revelaciones brindadas por este imputado han abierto un panorama mucho más amplio sobre la hipótesis de lavado que se habría diagramado en el plano nacional”, concluyen.

El capítulo vinculado a Mar del Plata en la compleja causa de los cuadernos aún no está cerrado. Resta saber qué pasará con Patricio Gerbi, titular de la empresa constructora Coarco, quien fuera procesado recientemente por el Juez Claudio Bonadío, junto a 99 empresarios más, por los delitos de asociación ilícita y cohecho por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas. Cabe recordar que Gerbi se convirtió también en arrepentido en agosto de 2018 reconociendo que entregaba dinero a cambio de ser beneficiado en las licitaciones. El Observador