La “SS” de la Ley de Salud Mental, sale a interceptar las declaraciones de quien firma esta nota, el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre, con la intención de justificar su actitud frente a la opinión pública, que los juzga con extremo rigor por dejar en la calle a cientos de miles de adictos que terminan en cárceles, hospitales o muertos, debido a que en lugar de enseñarles que tienen derecho a una vida sin drogas, los empujan a quedar en las garras de los vendedores de sustancias ilegales.

El Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, conocido ya como La Gestapo o la SS de la ley 26657, tiene como único objetivo externar a la totalidad de adictos que se encuentran bajo tratamiento. Para esto utilizan interpretaciones jurídicas inventadas, presión extrema sobre las personas internadas, amenazas directas a profesionales de la salud que van desde sacarle el título habilitante a procesos penales por secuestro con condenas de 8 a 15 años de cárcel. Llaman a los familiares de las personas internadas acusándolos de renunciar al cobijo del internado y los amenazan con procesarlos por abandono de persona. La clara intención de estos señores es cerrar todos los centros de rehabilitación de adictos en toda la Nación.

Se refieren en su comunicado a la Resolución 5/19 de Sedronar en forma falaz, dado que la instrucción emanada del Presidente de la Nación Mauricio Macri es dejar sin efecto el cierre de los centros de rehabilitación, para lo cual SEDRONAR da un plazo de 5 años para que estos espacios de rehabilitación se adecuen a las nuevas normativas. Aclaramos que la gran mayoría de los pacientes son enviados a esos espacios por sus jueces de origen.

El Órgano de Revisión, lejos de acatar la orden Presidencial, siguen atacando los espacios de rehabilitación de adictos sin descanso, como es el caso Ibicuy, los centros Cristianos y los grupos de autoayuda como el de Merlo, provincia de Buenos Aires, entre otros.

Buscan cualquier excusa para allanar estos espacios convenciendo a jueces neófitos o ineptos, apoyados en lo que ellos interpretan sobre la ley de Salud Mental.

Así lograron que el interno Exequiel Palleres de Mendoza al ser externado, al abandonar su tratamiento y medicación, se convirtiera en homicida al ultimar a la periodista mendocina Paula Giglio, muerte que han intentado disimular desde el día en que se extinguía su vida.

El caso de Micael Funes conocido alcohólico y cocainómano de Rió Tercero, que gracias a la ley de Salud Mental eligió dejar el tratamiento en el Centro de Rehabilitación Virgen de Lujan, terminó el pasado 15 de junio de 2019 asesinando a sus dos abuelos en Cosquín, para luego acostarse a dormir y al día siguiente al tomar conciencia de sus actos se entregó ante la policía cordobesa.

Son más de 10 mil casos similares en la República Argentina. Esta actitud de la Gestapo de la Ley de Salud Mental, condenan al sufrimiento a cientos de miles de familias a lo largo y ancho de todo el País que internan a sus familiares como un recurso cierto para salvarles la vida ya que son peligrosos para sí y para terceros.

La mayoría de los pacientes están internados por orden de los jueces de origen que conocen de cerca la problemática del afectado, sin embargo el Órgano de Revisión escondidos tras el Juez amigo de Pranacito interviene sobre estos internos desatando la paranoia en estos enfermos y sus familiares, pero se han encontrado con la queja de los jueces de origen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En lo que va del año el mecanismo perverso e inmoral de la Justicia de Villa Paranacito, que solo se dedica a externar sin el menor miramiento a la salud, ha hecho que varios residentes sean sacados de Ibicuy para ser manicomializados en instituciones psiquiátricas por breve tiempo y uno de ellos con el agravante que ni siquiera lo volvieron a internar y se encuentra hoy en silla de ruedas producto de un intento de suicidio. Una menor que estaba internada en Ibicuy y que fue externada por estos supuestos cuidadores de los derechos humanos, hoy se encuentra desaparecida y según algunas pesquisas indican que fue tomada por quienes ejercen la trata en esa Provincia. Otros externados, cuyo nombre reservamos para entregarle en persona al Dr. Emilio Castrillon Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, ingresaron nuevamente en el devastador consumo de drogas con final incierto.

La guerra propuesta por el Órgano de Revisión y sus adláteres se encuentra en su primer etapa, la que concluirá con el encarcelamiento definitivo de estos señores como participes necesarios de los delitos que cometan estas personas externadas arbitrariamente.

Mientras el Presidente Municipal Gabriel García, junto a la Secretaria de Gobierno María Jensen y el Director Municipal de Consumo Problemático de Drogas Ceferino Falcón realizan una campaña preventiva junto a los recuperados de Ibicuy en el Club Isleños Independientes para jóvenes de los colegios secundarios, el Juez Adolfo Weimberg ataca infundadamente al centro de rehabilitación. Estimado lector, saque usted sus conclusiones.