Carlos Telleldín quiere pasar de cómplice del mayor ataque terrorista de la historia argentina a víctima del Estado argentino. Y esa metamorfosis puede costarnos tres millones de dólares de nuestros impuestos. Es otro capítulo más del gran sueño argentino, que consiste básicamente en engordar los bolsillos prendiéndose, otra vez, a la inmensa e inagotable teta del Estado alegando haber sido afectados por la acción de uno o más funcionarios. De ese mismo plan participan una docena de personas que también buscan convertir en un negocio mucho más grandes, de 20 millones de dólares, las irregularidades en torno a la investigación del atentado a la AMIA.

Telleldín se hizo tristemente famoso cuando fue detenido como proveedor de la Traffic usada para volar la sede central de la entidad comunitaria judía AMIA y acabar con la vida de 85 personas en la mañana del 18 de julio de 1994. Hasta ese momento se dedicaba al negocio marginal de conseguir autos robados para adulterar sus papeles y venderlos como coches “mellizos”. Antes de eso, tuvo un lavadero de coches, un videoclub y un prostíbulo, pero dejó esos negocios para dedicarse de lleno al más lucrativo rubro del doblado de autos. Y en ese trámite, los policías que toleraban sus delitos a cambio de contribuciones regulares, terminaron por traicionarlo e inventarle una causa para que les entregara algunos vehículos como fianza informal.

Uno de esos autos fue la Traffic y le fue reclamada por el comisario Juan José Ribelli. Desde el día 10 de julio hasta la fecha del atentado, la camioneta desapareció del radar y no se sabe con certeza donde fue cargada con explosivos y quienes la llevaron hasta el lugar del ataque.

Cuando la justicia descubrió el motor de la Traffic bomba entre los escombros de la AMIA, no tardó en detener a Telleldín y a los policías que lo extorsionaron. Pasó poco tiempo antes de que comenzara a sospecharse de la participación del gobierno iraní en la maniobra.

El problema es que apenas empezó a investigarse el ataque, se inició también una intensa intervención del gobierno de Carlos Menem y sus soldados de la Secretaria de Inteligencia del Estado para arruinar la pesquisa. Y también de los policías bonaerenses, que plantaron testigos y pistas falsos al mismo ritmo que los hombres del servicio secreto estatal.

La maniobra más exitosa de interferencia fue la intervención de una jueza amiga del menemismo y un represor, todo esto bajo la atenta mirada de Hugo Anzorreguy, el jefe de la central de inteligencia. Es así como el represor Antonio Vergez, que había sido compañero de los grupos de tareas del padre de Telleldín durante los años de plomo, fue la carnada para que la jueza María Luisa Riva Aramayo llegara al doblador de autos y le propusiera un pacto. A cambio de 400.000 dólares, debía confesar todo lo que sabía acerca de los policías bonaerenses. El juez Galeano aprobó la maniobra y con la supervisión de los máximos jefes de la SIDE se concretó el pago.

El asunto saltó a la prensa y se desató el escándalo. Llegó un momento en que tantas interferencias de políticos, espías, testigos falsos y funcionarios infieles, terminó por convertir la causa en un asunto indescifrable. Todo condujo a la anulación del proceso contra los policías por parte del Tribunal Oral Federal N° 3 en septiembre de 2004. La Corte Suprema de Justicia terminó por intervenir en agosto de 2005 y ordenó revisar las actuaciones judiciales y con ello todas las pruebas contra policías y gran parte de lo que se había indagado sobre la participación persa en el ataque.

Telleldín, que mientras estuvo en la cárcel se dedicó a estudiar derecho y se convirtió en abogado, vio la oportunidad y se apuró a meter una demanda contra el estado argentino, pidiendo unos 40 millones de pesos como compensación por haber sido “ilegítimamente preso”. La causa lleva la carátula “Telleldín Carlos Alberto c. Estado Nacional PJN S/Daños y perjuicios” y fue presentada en marzo de 2008. El reclamo se hace contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se tramita en el Juzgado Nacional en Primera Instancia N° 7.

En la demanda de Telleldín, hay algunos elementos en extremo interesantes. El primero, es la cita a un decreto del presidente Néstor Kirchner, el 812/2007, que en su opinión lo habilita a considerarse una víctima más del atentado.

En efecto, Telleldín cita esa decisión política del ex presidente, quien en 2005 decidió reconocer la culpa del Estado argentino por no haber tomado las medidas necesarias para evitar el atentado y haber omitido alertas sobre la posibilidad de un nuevo ataque tras la voladura de la embajada de Israel el 17 de marzo de 1992. También, la culpa por las interferencias del anterior gobierno peronista de Carlos Menem en la causa AMIA. El decreto fue gestionado por el Centro de Estudios Legales y Sociales a pedido de Memoria Activa, una de las entidades que representa a los familiares de víctimas del atentado a la AMIA y que históricamente ha actuado como aliado del kirchnerismo.

Telleldín vio la oportunidad que le daba la admisión de culpabilidad y se aferró a ella para ahorrar camino en la demostración de la responsabilidad del Ejecutivo en los atentados. Luego, sus defensores elaboraron la justificación de su reclamo. Para Telleldín, el estado le arruinó un futuro venturoso al haberlo detenido por sus manejos con autos mellizos y sospechar de su participación en el atentado a la mutual judía. Dice el escrito respecto a la salud financiera del ex detenido “…la ganancia de la que ha sido privado el damnificado constituye el lucro cesante (…) ha sufrido a todas luces la referida disminución patrimonial, ya que previo a su detención el mismo desarrollaba una actividad económica importante y muy intensa, la cual le redituaba altas ganancias y que le permitían vivir cómodamente”.

Los mismos abogados afirman que su representado “ha sufrido los embates del Estado a través del Poder Judicial sin respeto a sus garantías constitucionales” y que durante el proceso judicial “fue sobornado y coaccionado, tal como dijo el tribunal, a efectos de que vinculase a otros al proceso, todo ello en pos de una supuesta pista terrorista local”. Traducido al idioma del llano, se hace referencia a los 400.000 dólares que se le pagó para que confesara su relación con un grupo de policías bonaerenses, asunto en el que intervino la Secretaria de Inteligencia de Estado, el juez de la causa y su abogado en aquello días, Víctor Stinfale.

Más adelante, se lee “…por lo antedicho, surge la reparación que el Sr. Telleldín se merece al ser una víctima a lo que el decreto 812/2005 contempla”. Se refiere al gesto político del ex presidente Néstor Kirchner, que en su abundancia política por acercarse a las víctimas de la AMIA y asumir la culpa estatal, dejó abierto el recurso judicial para que florecieran los pedidos de reparación económica de particulares e instituciones por las consecuencias del atentado, con independencia de su rol en él. Ahora bien, una vez planteada la decisión de reclamarle dinero al Estado, le sigue la parte en la que Telledín justifica su pedido y cuantifica el lucro cesante y el daño civil que en su opinión sufrió por haber sido detenido en el marco de la causa AMIA.

En la foja 57, se comienzan a describir las actividades de Carlos Telleldín en los tiempos previos a su detención. El primero de esos trabajos es la administración de un criadero de chanchos de su propiedad en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Según afirma, explotó esa empresa de cerdos desde “1986 a 1984” (SIC) y por esa actividad recibía 10.000 dólares mensuales. Luego, explica que entre 1990 y 1992 explotó un local de venta de productos electrónicos en la localidad de Villa Ballester, un videoclub en la localidad entrerriana de Gualguaychú y otro negocio de alquiler de películas en la ciudad de Paraná. Solo por la casa de electrónicos, afirma haber obtenido una renta mensual de 3.000 dólares. Además declara que entre 1990 y 1994 recibía 6.000 dólares por mes de la explotación del local de baile “High Life Discoteque” que estaba en la intersección de Callao y Rivadavia y otros 3.000 mensuales de un negocio similar llamado “Siglo XXI” en la calle Portela 56, ambos en la ciudad de Buenos Aires.

No dice cuánto dinero le redituó entre 1992 y 1994 un lavadero de autos en la localidad de Olivos ni un negocio de construcciones que afirma haber manejado entre 1991 y 1993 en la localidad de San Isidro. Solo explica que las unidades vendidas eran dos triplex de 200 metros cuadrados de superficie y que fueron comercializados por las inmobiliarias “Saleme” y “Carles”.

Dos cuestiones en torno a estas afirmaciones que constan en la demanda: la primera de ellas es preguntarse porqué se incluyen negocios que eran muy anteriores a su detención y que difícilmente hubieran sido malogrados por la prisión de su propietario, dado que sencillamente no existían en el momento en que Telleldín fue a dar a prisión. La segunda, es que en la descripción de los ingresos del demandante nos encontramos ante el caso de un exitoso emprendedor cuyos ingresos legales eran suficientes para evitar caer en un negocio turbio como el de hacer autos mellizos que, dicho sea de paso, no es mencionado el ingreso que le reportaba.

Tampoco se menciona el manejo de un prostíbulo que consta en la causa AMIA y en el cual solía cruzarse con alguno de los policías que fueron detenidos en ese proceso judicial. Como sea, Telleldín dice que dado que su vida venía bien y el estado argentino arruinó sus planes de crecimiento personal y económico, debe pagar por el daño provocado. Es más, en el escrito se hace mención al “daño moral” sufrido por el demandante, entendiendo que ese perjuicio provocó “el padecimiento sufrido por el Sr. Telleldin, es decir el dolor, la angustia, la tristeza, la pérdida del deseo de vivir se encuentran ahora instalados en él como una marca indeleble, que sin dudas permanecerá hasta el fin de sus días”.

Luego habla de un lucro cesante que es lo que dejó de percibir por haber estado preso y del “daño psicológico” recibido, una afirmación en extremo compleja y de difícil comprobación. Ahora bien ¿Cuánto vale tanto dolor de Carlos Telleldín? La liquidación aparece en la foja 66 y enumera: Por daño moral: $20.000.000 Lucro cesante y daño emergente: $ 5.000.000 Daño psicológico: $15.000.000 Total: $40.000.000 Cuarenta millones de pesos es lo que considera Carlos Telleldín que vale su paso por la prisión.

Pero esa cifra es la que fue presentada al momento de la demanda y que debe ser adecuada a valores actuales para hacerse una idea de cuánto podría recibir en caso de ganar la demanda. Si se actualiza esa cifra por el valor acumulado de la tasa activa del Banco Nación, llegamos a la suma de $130.406.120, que traducido a dólares da la muy elegante cantidad de 3 millones de dólares. Ese monto es estimativo y conservador, dado que es más correcto hacer un cálculo usando la tasa activa del Banco Nación y luego considerar las costas y honorarios para saber cuánto pagaría el Estado en caso que la demanda de Telleldín obtenga un fallo favorable.

El problema es entonces saber que necesita Telleldín para lograr su objetivo. Lo primero que debe hacer es zafar del juicio que se le sigue por los delitos que le fueron imputados en el marco de la investigación original del atentado a la AMIA. Si bien la Corte Suprema anuló lo actuado en la investigación a los policías, ordenó seguir adelante en el proceso contra Telleldín para investigar todos los ilícitos cometidos en torno a la manipulación de la camioneta bomba usada en el ataque.

Las perspectivas en torno a ese juicio son imprecisas. Las interferencias políticas en el proceso original fueron lo suficientemente fuertes como para dudar si se avanzará en el esclarecimiento. El segundo factor del cual depende esa causa es otro proceso judicial que se está llevando adelante para establecer si hubo encubrimiento en la investigación del atentado. 

El punto que más interesa a la defensa de Telleldín es terminar de romper la tarea que en su momento hicieron de los ex fiscales de la causa, Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman para probar que hubo una conjura policial y que Telleldín proveyó del arma homicida. Dado que la Corte Suprema anuló las actuaciones contra los policías, solo queda la prueba original de los fiscales de la primera causa AMIA como base para acusar a Telleldín de haber sido acusado de cometer un delito tan grave como es el ser cómplice en un ataque terrorista. Si los defensores logran demostrar que hubo impericia o ensañamiento contra Telleldín por parte de los ex fiscales, estarán a un paso de poder demostrar que se trató de la víctima de una conjura y pasar por caja para cobrar los más de tres millones de dólares.

Cuentan para ello con la ayuda de los abogados defensores de los ex policías interesados en un sobreseimiento definitivo, el apoyo de los ex funcionarios kirchneristas y de miembros de Justicia Legítima liderados por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó que actúan dentro la justicia y el respaldo de las querellas de familiares asociadas con esa corriente política. El objetivo de destruir la pista que conduce a la responsabilidad iraní.

Esa actitud tiene sustento en la idea de hacer zafar a sus líderes políticos de la acusación de haber firmado un pacto con los persas para proveerles de impunidad en el ataque. Para unos es dinero, para todos es la posibilidad de salir libres de culpa y cargo. Y todos ellos saben que en los estrados se juegan las últimas fichas para lograr destruir las pistas que podrían conducir a saber quiénes estuvieron detrás del estallido en la mutual judía.

Pero Telleldín no es el único interesado en prenderse a la teta estatal alegando ser víctima de una detención ilegal. En total, hay una docena de causas similares que tienen por denominador común el atentado a la AMIA. Algunos le piden un resarcimiento Estado a través de demandas contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, otros presentaron reclamos civiles contra ex funcionarios, y otros demandaron a una mezcla de ambos.

Es el caso de Miriam Salinas, una de las testigos que en su momento declaró contra Carlos Telleldín y ayudó a mandarlo a la cárcel. En la fase inicial de la investigación, Salinas hizo su declaración en sede judicial inculpando al vendedor de autos mellizos sin mayores inconvenientes. Pero once años después, de repente dijo haber sido por los fiscales Mullen y Barbaccia al momento de dar su testimonio y los denunció ante la justicia. Por supuesto, la demanda fue acompañada con un pedido de reparación millonario que pretende cobrar a la mayor brevedad posible. Lo curioso de su reclamo es que, citada por la sospecha de haber cometido perjurio en su declaración original, Salinas repitió los hechos de su testimonio original y no fue posible establecer cuáles eran los dichos que había sido obligada a relatar bajo presión. La única variación fue el pedido económico.

También el ex comisario Juan José Ribelli inició una demanda y es posible que se sumen otros a reclamarle al Estado, si en el juicio por encubrimiento se dictamina que hubo actitudes deshonestas de funcionarios que afectaron a terceros. Una proyección optimista del total de demandas indica que de prosperar una de ellas y arrastrar al resto a un resultado positivo, el Estado debería pagar no menos de 20 millones de dólares en indemnizaciones. La industria del juicio tendría así uno de sus mayores logros y podría demostrar que incluso la peor tragedia terrorista de la historia argentina puede resultar en una plataforma útil para succionar recursos públicos,

Telleldín cruza los dedos y espera un golpe de suerte. No es que esté pasando un momento de estrechez económica. Tras recibirse de abogado inició una exitosa carrera como abogado penalista y en las redes sociales suele jactarse de haber conseguido una posición de holgura y, en ciertos momentos, una vida con lujos evidentes.

Si gana el juicio y recibe todo o una parte de lo que reclama, obtendrá una recompensa doble. Por un lado, la obvia ganancia económica que la justicia dirá si le corresponde por derecho. La otra ganancia, será el ser reconocido como daño colateral de un atentado que causó inmenso dolor y que fuera provocado por un grupo terrorista que recibió una camioneta de quien resultaría finalmente tratado como víctima. Hay que reconocerle cierta coherencia perversa a todo este asunto.

Como en el negocio de los autos mellizos, se sigue un mismo patrón. Se tomó un mismo modelo que se sospecha proveyó de un auto para cometer el más tremendo ataque terrorista de la historia argentina y se creó un mellizo, que pasó a ser vendido como víctima de un estado culposo. El modelo mellizo, se cotiza en 3 millones de dólares.