Un profesor de Lenguas y Señas fue quien hace casi tres años se animó a pedir ayuda en la Legislatura de Mendoza para denunciar las vejaciones que se cometían en el Instituto Próvolo, donde hoy dos curas y un ex jardinero enfrentan a los jueces por 28 casos de abuso sexual y corrupción de menores.

Entre las 29 personas sordas que fueron víctimas también existen menores, y el más chico hoy tiene 5 años.

Se trata de Luis Batistelli, profesor de Lengua de Señas que aquel 18 de noviembre de 2016, en medio de una charla sobre los Derechos del Niño en la Legislatura de Mendoza, tomó coraje y ayudado por un intérprete llamó a la senadora Daniela García (UCR) a un rincón y le contó los hechos aberrantes que ocurrían en el Próvolo.

Batistelli no fue una víctima de abuso sexual, pero sí fue el interlocutor fundamental para acercar 'las voces' de quienes no pueden hablar: "29 hombres y mujeres, varios de ellos que aún son menores de edad y donde el más chiquito hoy tiene 5 años", informó la querella.

La senadora García hoy no puede hablar por ser testigo protegido, pero aquella mañana no dudó en llamar de urgencia a la vicegobernadora Laura Montero para ponerla al tanto de lo que sucedía en el Próvolo, denuncia que esta semana llevó al banquillo de los acusados a los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y al ex administrativo y jardinero Armando Gómez (57), imputados por "abusos sexuales y corrupción de menores".

Montero preguntó si, además de Luis, había chicos o chicas dispuestos a hacer la denuncia y Luis asintió con su cabeza.

Allí, según cuentan en la propia Legislatura, Montero tomó su celular y llamó de inmediato al Procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, y le preguntó qué caminos tomar para garantizar los procesos judiciales en torno a esta causa.

"Hay que dar lugar a un intenso proceso de investigación para que se llegue a definir con precisión los responsables, las responsabilidades institucionales y las fallas del sistema. No queremos un niño más abusado", dijo la vicegobernadora a su interlocutor.

Días después, Batistelli fue a la sede de la Oficina Fiscal 15 de Luján de Cuyo e hizo la denuncia correspondiente acompañado por la vicegobernadora, quien "fue conversando informalmente con familiares y víctimas de lo sucedido y su rostro se desfiguró por completo cuando comenzaron a llegar chicos muy pequeños", relataron en la Legislatura.

Para ello, la labor de los intérpretes de lengua de señas fue fundamental para entender ese horror y se contó con psicólogos y el defensor oficial.

A partir de aquel mes de noviembre de 2016 empezó la investigación formal y el destape de una de las historias más terribles y conmovedoras que vivió Mendoza en los últimos tiempos.

Este es el primer juicio a tres de los cinco imputados directos de los hechos denunciados en noviembre de 2016 en el Instituto Próvolo, dado que esta causa ya tiene como condenado al monaguillo Jorge Bordón, de 51 años, quien confesó en septiembre pasado durante un juicio abreviado que era "autor de 11 abusos" y deberá cumplir diez años de prisión; y Luis Ojeda (41), declarado inimputable en 2017 "por no comprender la criminalidad de los hechos".

En otras dos causas también está imputada, y con prisión domiciliaria, la monja Kumiko, acusada de haber participado en episodios de vejámenes y corrupción de menores hipoacúsicos en el instituto.

Y la tercera, que está en etapa de instrucción y no fue elevada a juicio aún, involucra a la ex directora Graciela Pascual y a la monja Asunción Martínez, por omisión, precisaron desde Xumec, una ONG de origen mendocino que promueve y protege los derechos humanos, constituida como querellante en este caso.