Con la expectativa de que sería el último debate en el que participarían los 6 candidatos habilitados a competir en la elección general del 27 de octubre, nos dispusimos a observar el segundo debate el pasado domingo 20, transmitido desde la Facultad de Derecho de la UBA.

El primer tema a abordar, la seguridad, prometía que los candidatos estarían con todas sus energías y ya más familiarizados con la dinámica impuesta por la Cámara Nacional Electoral. Nada más alejado de nuestras esperanzas, la decepción y el aburrimiento nos ganó.

En orden de aparición, podemos mencionar que Nicolás del Caño se centró en recordar el genocidio durante la dictadura, con menciones a la represión, la trata, el narcotráfico. Propuso conformar una comisión que investigara la connivencia policial, política y judicial.

Roberto Lavagna propuso la “mano justa”, sin ahondar en el tema, enfocándose en los delitos de género.

José Luis Espert se posicionó del lado del inocente, prometiendo apoyar a las fuerzas policiales y de seguridad, rechazando el garantismo y prometiendo bajar la imputabilidad a los 14 años.

El siguiente turno fue el del candidato ganador de las PASO, Alberto Fernández. Abordó la causa del delito, que en su opinión es la desigualdad de la sociedad. Impulsará un Consejo de Seguridad Nacional, aunque no profundizó sobre el tema.

Nuevamente Juan José Gómez Centurión mencionó al delito y al narco, acusó al gobierno de CFK de liberar fronteras. Acusó al gobierno macrista de mostrar incautación pero no terminar con el negocio, ya que no muestra a los capos narcos presos. Propuso radarizar.

Mauricio Macri criticó al kirchnerismo al emparentarlo con barrabravas, mencionó que la justicia era una puerta giratoria. Atacó a Fernández con la causa de la efedrina, marcó que dejamos de ser un país exportador de drogas. Propuso instrumentar un mismo Código Procesal Penal como en Jujuy y Salta, expuso la baja en los homicidios del 30% durante su mandato.

A nuestro entender, una política integral de seguridad a nivel nacional, si bien no puede explicarse en dos minutos, requiere mayores precisiones. Existen fuertes interrogantes, propios de nuestra conformación como país federal, que requieren respuestas.

En principio, coincidimos con la creación de un Consejo Nacional de Seguridad y con la necesidad de un Código Penal moderno. Sin embargo, ¿Cuál es el contenido de esos institutos? ¿Cuál es el sentido que tendrán?

Es fundamental recordar que como país federal, el Estado Nacional no puede actuar sobre las 24 policías provinciales, ni imponer un Código de Procedimientos Penales, ya que son atribuciones de las jurisdicciones.

Como venimos insistiendo, el narcotráfico es una empresa criminal trasnacional que tiene rápida financiación para coaccionar al Estado, como vemos en México.

Es fundamental una Agencia Nacional Antinarcóticos (ANA) con capacidad operativa y profesionalización constante.

La incautación de mayores cantidades de droga es auspiciosa, pero no es una política integral. El combate frontal al narco, así como el diseño de políticas integrales de intervención estatal en aquellos lugares donde los dealers pasan a adueñarse del territorio, son la clave para vencer a estas bandas antes que se hagan demasiado fuertes.