Poco después de la sanción de la Constitución de 1994, se organizó un seminario para analizar la distribución de los recursos tributarios entre la Nación y las Provincias.

Entre los participantes, se contó con la presencia de Richard Bird, profesor de la Universidad de Toronto y considerado uno de los mayores expertos del mundo en federalismo fiscal. Su palabra era de las más autorizadas para definir el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, que desde la sanción de su última ley en 1988 no hizo más que acumular parches y modificaciones.

Bird observó el diagrama preparado por los especialistas de la Comisión Federal de Impuestos, con todos los detalles, y dio a conocer una conclusión que se recuerda en la actualidad: “¡Esto es un laberinto!”

Desde entonces, la CFI se encarga de actualizar ese “laberinto”, que periódicamente debe estar sujeto a modificaciones, tanto por el reintegro gradual a las provincias de los recursos de la masa coparticipable destinados durante un cuarto de siglo para financiar el sistema previsional como por el Consenso Fiscal de noviembre de 2017.

Vicente Alberto Pololla, asesor económico financiero de la Comisión, es el encargado de llevar adelante esta ciclópea tarea de expresar en un diagrama los complicados caminos que emprenden los impuestos. Su última modificación ya se encuentra disponible en la página web del organismo y acompaña la presente nota de Nuevas Palabras.

Para aquellos que aún creen que la Coparticipación consiste en un simple reparto “tanto para la Nación, tanto para las provincias”, la lectura y -si se animan al esfuerzo- la comprensión del diagrama que desgrana el laberinto es una tarea tan recomendable como necesaria.

El diagrama explica, por ejemplo, que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que toda la población paga con la mayoría de los bienes y servicios, se distribuye de la siguiente manera: 11% a la ANSES, que a su vez se reparte en un 6,27% a las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 93,73% restante a la propia ANSES y el 89% que queda según la Coparticipación, esto es el 60,86% a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso del impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, la distribución es la siguiente: del producido un 28,69% va a la ANSES, un 10,4% a las provincias, un 15,07% también a las provincias pero a través del FONAVI, otro 10,4% al Tesoro Nacional, un 4,31% al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, un 28,58% al Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte y un 2,55% como Compensación al Transporte Público.

Pero a su vez el 10,4% destinado a las provincias se subdivide en un 60% para obras de Vialidad, un 30% para otras obras de infraestructura y el 10% restante al Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).

¿No se entendió nada? No es para preocuparse. Richard Bird tampoco lo entendió. Quizás el propósito de todo este laberinto es el de no ser comprendido. Es la mejor forma de asegurarse que nadie sepa a ciencia cierta a dónde van a parar los impuestos que paga religiosamente.

De todos modos, la CFI deberá realizar en 2020 por lo menos una nueva actualización, ya que el año próximo se completará la devolución de los 15 puntos de la masa coparticipable a las provincias. Siempre y cuando no se cree un nuevo gravamen, se decida modificar la distribución de la recaudación de los ya existentes o se recurra a la opción menos esperada: que se reduzca un alícuota o directamente se derogue un impuesto.

Todo es posible en la dimensión impositiva, en tanto no se tenga en cuenta el sabio consejo de Leopoldo Marechal, que quizás no entendiera de cuestiones tributarias pero lo que sí sabía es que de los laberintos siempre se sale por arriba.