En estas horas, el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Justicia, buscan encaminar gestiones para una salida alternativa a una orden judicial de desalojo que dio 180 días hábiles de plazo a tres juzgados federales en lo Criminal y Correccional con sede en un edificio alquilado de la localidad bonaerense de Morón.

Fue una trama que reveló en exclusiva Tribuna de Periodistas el pasado 19 de abril de 2018.

Ahora, a través de una resolución dictada días pasados por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, se dispuso "la desocupación del inmueble sito en la calle Crisólogo Larralde 673/675/677 de la localidad de Morón, en la provincia de Buenos Aires".

Con la firma de los camaristas María Claudia Caputi, Luis Márquez y José Luis López Castiñeira, la resolución ordenó a los juzgados 1, 2 y 3 en lo Criminal y Correccional de Morón desocupar el edificio en el que funcionan, mientras el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo y los propios juzgados aspiran a encontrar una solución.

Fuentes judiciales y oficiales indicaron a la agencia de noticias Télam que "la única salida" sería la expropiación del inmueble, un trámite que, además, involucra al Congreso, dado que se requiere de una ley que declare la "utilidad pública" del edificio.

El expediente en cuestión, que ahora cuenta con un fallo de segunda instancia favorable para el propietario del edificio, data de 2015.

Sin embargo, los incumplimientos del contrato de locación se remontan a 2013, cuando comenzaron a registrarse inconvenientes en el pago del alquiler, que recae en el Consejo de la Magistratura, encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial.

Según consta en el expediente, el contrato de locación se encuentra vencido desde mayo de 2013 y los alquileres impagos desde febrero de 2014.

Si bien en primera instancia el fallo había sido adverso para el propietario, en la resolución dictada el último día hábil de octubre pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón.

En su fundamentación ante la Cámara, el propietario afirmó que se encontraba ante "un verdadero supuesto de denegación de Justicia, toda vez que el Poder Judicial ocupa ilegítimamente el inmueble".

En tanto, el Estado Nacional, el Poder Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura, que constituyen la parte demandada, habían argumentado que una decisión contraria a la permanencia de los juzgados en ese lugar "a afectaría al mandato preambular de afianzar la justicia".

"El actor (en referencia al propietario del inmueble) puede ser compensado por los años que el Poder Judicial haya ocupado en forma irregular el inmueble con más intereses, daños y perjuicios (si los hubiera), mientras que, si se hace a la desocupación inmediata esa decisión conllevará la interrupción del funcionamiento de los juzgados y, con ello, del derecho de acceso a la justicia de miles de ciudadanos", dijeron al responder la demanda.

Por lo pronto, el Poder Ejecutivo avanzaría en la elaboración de un proyecto de ley de expropiación que remitiría al Congreso para su tratamiento legislativo.

No obstante, la solución a este conflicto quedaría atravesada por el cambio de gestión en el Ejecutivo y la renovación en la composición de bancas en el Congreso, por lo que la definición, de concretarse, llegaría en 2020, en una carrera contrarreloj con el plazo legal de ejecución de 180 días hábiles.