La izquierda latinoamericana ha instalado un uso del concepto de “golpe de Estado” que le es extremadamente favorable. Pero no se trata del uso correcto. Simplemente le sirve para legitimar su autoritarismo y para deslegitimar los movimientos de resistencia y rebelión civil contra las dictaduras.

Lo primero que hay que señalar es que la izquierda latinoamericana está hegemonizada por sectores autoritarios o radicales. Desde luego, existe una izquierda democrática y moderna, pero la agenda de discusión, el uso de los conceptos y los alineamientos internacionales son sistemáticamente impuestos, hasta ahora, por el ala extremista. Esto se debe, probablemente, a que la producción científica y académica de la izquierda autoritaria es infinitamente mayor que la de la izquierda democrática. Los sistemas educativos y los medios de comunicación tienden a verse muy influidos por los postulados de la primera.

En los sectores de derecha (liberalismo, conservadurismo, nacionalismo, etc.), los grupos democráticos son mucho más numerosos que los autoritarios. Los nacionalismos autoritarios y las dictaduras militares están, afortunadamente, muy desacreditados, y carecen de legitimidad social. Es lo que debería ocurrir con todo autoritarismo. También con el de izquierda.

Sin caer en el reduccionismo de pintar a un sector como intrínsecamente bueno y a otro como intrínsecamente malo, hay que decir que las fuerzas de izquierda tienden más al autoritarismo que las de derecha en la Latinoamérica de hoy. Esto se refleja en varios hechos:

Las únicas dictaduras del continente son de izquierda (como Cuba, Venezuela o Nicaragua). Asimismo, las manifestaciones de la izquierda (como las de Chile) son bastante más violentas y, para colmo, tienen espíritu golpista (exigen a viva voz la renuncia de presidentes perfectamente legítimos y constitucionales).

Otro reflejo de la preeminencia del autoritarismo en la izquierda latinoamericana es su uso del concepto de “golpe de Estado”. Es un uso parcializado (es golpe sólo si el presidente saliente es de izquierda) y formalista (analiza la legalidad formal sin atender a los principios jurídicos en juego, a los hechos y al contexto).

En el Congreso argentino la izquierda colocó en estos días dos carteles contradictorios: “No al golpe en Bolivia” y “fuera Piñera”. El formalismo se observa cuando se condena un supuesto golpe contra Evo, pero se omite decir nada sobre su evidente fraude electoral. Sobre este último punto, es muy ilustrativa la actitud de la oposición izquierdista de Argentina, que se negó de forma intransigente ante la propuesta del oficialismo de incluir en un comunicado del Congreso, sobre la situación de Bolivia, la condena al fraude de Evo.

La tesis formalista del golpe de Estado es la que le permitió a Hitler establecer una dictadura en Alemania. Respetó el derecho positivo o legalidad formal, pero contrariando principios jurídicos básicos y sustanciales, que son el fundamento de la legalidad formal, como la división de poderes, la democracia y el Estado de Derecho.

No es raro que la izquierda autoritaria de Latinoamérica se sirva de este tipo de conceptualización. Esto le permite decir que Evo no incurrió en fraude porque todavía no hay ninguna condena firme de tribunal boliviano afirmándolo (aunque sí hay expresiones de la OEA). También le permite decir que hubo golpe contra Evo porque no hubo juicio político de destitución, o que su reelección era legítima porque un tribunal (controlado por él mismo y contra la letra de la propia constitución y el veredicto del referéndum popular) se lo permitió.

La realidad social y los principios jurídicos básicos también son parte del Derecho. No contrarían las reglas formales, sino que son su fundamento y su criterio de interpretación. Evo violó la Constitución cuando se presentó a un nuevo mandato (el cuarto) desconociendo el resultado del referéndum que le había dado en contra. Eso fue un golpe de Estado, porque, de hecho, así define este concepto la Real Academia Española: “Destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de quien ostenta el poder político” o bien “desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido”. Y aclara: “Puede ser autor de un golpe de Estado el propio presidente del Ejecutivo si, por ejemplo, disuelve el Parlamento fuera de los supuestos previstos en la Constitución”.

Es decir, cuando Evo se presenta a un cuarto período, y esto es avalado por un tribunal bajo su control político en contra de la letra de la Constitución, se está violando la ley y accediendo al poder ilegítimamente, lo cual es un golpe. Asimismo, cuando se practica un fraude electoral alevoso para evitar la segunda vuelta (que le era desfavorable a Evo), se está manteniendo en el poder ilegítimamente y desmantelando la institución más básica de la democracia, que es el acto electoral. Otro golpe.

En esta situación, el pueblo salió masivamente a la calle, y de manera bastante pacífica dada la gravedad de la ilegalidad concretada (mucho más pacífica que en Chile, donde se protestaba por una suba legal del precio del subte o por no estar de acuerdo con las políticas de Piñera). Ante la contundencia de las protestas y lo esencial de su reclamo, los policías se negaron a reprimir a los ciudadanos. Posteriormente, las fuerzas armadas dieron a entender, a través de un comunicado, que también se negarían a una represión inconstitucional ordenada por un gobierno también inconstitucional. Policías y militares hicieron lo correcto: obedecieron a la Constitución antes que al gobernante, consagrando el principio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien ejerce el gobierno.

Lo que ocurrió en Bolivia es la definición más pura que puede haber de la resistencia civil no violenta: una movilización ciudadana tan masiva y contundente, con un reclamo tan obvio y elemental, que las autoridades de la fuerza pública se negaron a reprimirla y le quitaron su apoyo al dictador en el poder. Evo no era un dictador, sino un doble dictador. No era un golpista, sino un doble golpista. La salida de Evo, por su propia renuncia (no por un acto de fuerza), fue consecuencia de las masivas y persistentes movilizaciones populares, de una resistencia civil no violenta (si bien hubo grupos aislados violentos de ambos bandos) y de la pérdida de legitimidad de un gobierno doblemente inconstitucional. Si de aquí en más hubiera irregularidades del nuevo gobierno, habrá que condenarlas, pero por ahora no las hay y sí las hubo, muchas y muy graves, de parte de Evo Morales. La salida de Evo fue un triunfo del pueblo, de la Constitución y de la democracia.