La transparencia y la integridad de una elección son claves para generar resultados confiables que se traduzcan en estabilidad política y social. Mientras Argentina hoy lleva a cabo una transición en relativa calma, tras un proceso polarizado, Bolivia está sumida en una profunda crisis política. Ante este contraste, conviene revisar lo ocurrido en ambos países.

Tras el Análisis de Integridad Electoral que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó sobre las elecciones generales ocurridas el 20 de octubre de 2019 en Bolivia, se llegó a la conclusión que el organismo no podía validar los resultados, y por lo tanto se recomienda "otro proceso electoral". Lo que ocurre hoy en Bolivia parte de unas elecciones que carecen de integridad, transparencia y legitimidad.

Del informe de la OEA se desprenden dos conclusiones importantes. En primer lugar, dio cuenta de que fueron usados servidores que no estaban previstos como parte de la infraestructura tecnológica para procesar los resultados, y que los responsables del órgano electoral habían ocultado.

En segundo lugar, si no hubiese habido un sistema informático para digitalizar el escrutinio, y este hubiese sido totalmente manual, no habría manera de contrastar resultados. Es decir, los resultados oficiales habrían sido los manipulados. Y dado que en Bolivia no existe la posibilidad de recontar los votos porque se procesan las actas electorales (igual que en la Argentina), no habría manera de validar estos resultados.

Con respecto a los otros dos componentes auditados por la OEA, autenticidad y confiabilidad de las actas de escrutinio; y la cadena de custodia integral de todo el material electoral, aquí es donde más puede el Tribunal Electoral de Bolivia tomar nota de la reciente experiencia argentina.

Transparencia Electoral recomendó a las autoridades argentinas tras las elecciones legislativas de 2017 implementar una solución para maximizar la precisión de los telegramas transcritos y reducir el sesgo en la carga de estos telegramas.

Anteriormente, una vez realizado el conteo manual y confeccionado los documentos electorales, los presidentes de mesa entregaban al Correo Argentino los telegramas; que viajaban en camionetas bajo la custodia del Comando General Electoral hasta los centros de digitalización y transmisión, para escanearlos y trasmitirlos hasta el centro de gestión de datos. Seguirle la pista al documento era una tarea difícil o prácticamente imposible para los fiscales generales, partidarios e informáticos. Todo aquel que tuviese malas intenciones seguramente esperaría este momento para actuar. En ese momento se daba un punto ciego para los encargados de fiscalizar el proceso, por lo que se abría una ventana para las irregularidades.

En las dos elecciones ocurridas este 2019, los agentes se ahorraron el traslado físico del telegrama; al menos 10.500 de las 15.000 escuelas de votación pudieron transmitir los telegramas directamente al centro de gestión de datos. Esta nueva modalidad permitió lograr una carga de transmisión más amplia de información y, por lo tanto, más homogénea y representativa del resultado de la elección. Además, los telegramas provenientes de zonas rurales pudieron cargarse con los telegramas provenientes de zonas urbanas.

Con este nuevo esquema de transmisión desde las escuelas, a las 22.30 del día de la elección ya se habían cargado el 91,30% de los telegramas; mientras que, con la modalidad anterior, a esa hora solo se había cargado el 39%.

Los telegramas escaneados y transmitidos fueron publicados en la página web de difusión de resultados, para que los fiscales de los partidos políticos y autoridades de mesa pudieran compararlos con sus copias (certificados físicos).

Para mayores garantías, la Cámara Nacional Electoral aprobó que los fiscales partidarios acreditados en cada mesa de votación tomasen fotografías de los telegramas y actas de escrutinio en los centros de votación. Esto con el fin de atender las solicitudes de los partidos políticos y dar mayor transparencia al proceso.

Si bien abundaron campañas de desinformación antes de las elecciones, la realidad es que la disponibilidad, acceso y auditabilidad del proceso y de los telegramas generaron confianza en las organizaciones políticas y no hubo ninguna observación al respecto.

La inestabilidad y la politización del TSE de Bolivia, los despidos en áreas sensibles y la falta de transparencia en un contexto de polarización, anticipaban unas elecciones conflictivas.

Gracias a la tecnología, consultoras privadas, así como el equipo de especialistas de la OEA, pudieron desnudar el fraude. En vísperas de unas nuevas elecciones, las nuevas autoridades del órgano electoral que asumirán en lo inmediato tienen la oportunidad de comparar experiencias e incorporar mecanismos que garanticen la transparencia y de esta manera producir resultados legítimos. En las elecciones de América latina no hay más lugar para abusos, fraudes y opacidad. Los ciudadanos reclaman que se respete su voto y la tecnología bien aplicada es su aliada para lograrlo.