“La historia es un supermercado; cada cual elige llevarse lo que prefiere o necesita”. Loris Zanatta

En momentos como los actuales, cuando todas las certezas que teníamos con respecto al mundo se transforman en segundos en magmas trepidantes e hirvientes, resulta harto difícil hacer un análisis unívoco acerca de la realidad, sobre todo cuando estamos inmersos en ella. De todas maneras, y dado el corto espacio del que dispongo en cada nota, me referiré sólo a un aspecto de lo que está sucediendo en América Latina.

Los intereses de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel convergieron con los de Rafael Correa, prófugo, y de allí surgió la sedición contra Lenin Moreno en Ecuador; luego, intentaron derrumbar a Martín Vizcarra, pero el mandatario peruano resistió la embestida y también superó la crisis. Y entonces fueron a por Chile, donde se vio la ferocidad de los terroristas enmascarados como en ningún otro lugar; pero no previeron que la sociedad boliviana –afectada por los mismos problemas económicos de las demás- no aceptaría pacíficamente la tentativa de eternización en el poder ni toleraría el fraude electoral, y perdieron así un aliado fundamental.

Los regímenes de Evo Morales y de Sebastián Piñera tienen diferentes orígenes políticos. El primero permitió el acceso al poder de los indígenas del Altiplano y se sumó al ámbito populista de pseudo izquierda organizado por el Foro de São Paulo y la Unasur. El chileno, por su parte, es representante de la centro-derecha, actora de la alternancia democrática con la centro-izquierda que, durante treinta años, llevó tanto progreso.

Sin embargo, surge claramente una notable coincidencia en los gravísimos conflictos callejeros que están afectando a esos dos países, y que podrían agravarse: los gobiernos recurrieron a las fuerzas armadas para reprimir la protesta, aún cuando las razones de ésta fueran diametralmente opuestas. Y en los dos casos, los militares se negaron a hacerlo hasta contar con un respaldo mayor que la mera decisión presidencial.

La hipocresía canallesca de la que hace gala el Grupo de Puebla, formado por ex mandatarios y que integra nuestro Presidente electo, le permite acusar al Grupo de Lima, que varias naciones crearon para buscar una solución democrática al drama humanitario que vive Venezuela, de intervenir en la política interna de ese país; mientras tanto, se califica al Poder Judicial brasileño de perseguir a Luiz Inácio Lula (cuando está condenado por ladrón), se apoya públicamente al Frente Amplio (que competirá en el ballotage uruguayo del domingo 24) y se reprueba a Donald Trump por festejar la renuncia de Evo Morales.

Es la misma repudiable actitud que lleva a condenar a los militares bolivianos -que sugirieron a Evo Morales renunciar- por golpistas y a aplaudir a sus colegas chilenos por no salir a la calle, en ambos casos desacatando las órdenes presidenciales; sin embargo, la razón de la negativa es la misma: en toda América Latina son muchísimos los soldados que están presos, en nombre de unos derechos humanos tuertos y manipulados, por defender las instituciones republicanas contra la agresión terrorista.

Sobre la protesta pacífica de los ciudadanos, comprensible por razones socio-económicas, se montaron sin dudarlo los mismos que, hace ya cincuenta años, incendiaron la región con la violencia terrorista en el marco general de la “guerra fría”; una vez que Rusia consiguió poner un pie en Cuba, ésta comenzó a exportar su revolución a todo el resto de los países hasta que cada organización guerrillera fue derrotada, sólo bélicamente, por las fuerzas armadas cuyos miembros, prácticamente sin distinción de países, pagaron con la cárcel esa victoria.

Por ello, hoy los ejércitos exigen para obedecer las órdenes de represión prácticamente lo mismo: un inequívoco respaldo político, la vigencia del código de justicia militar y el eventual juzgamiento por tribunales militares. Esto coloca a Piñera en un brete complicado, porque si diera respuesta positiva a dichos reclamos, la izquierda internacional le saltará al cuello y, dada la situación actual de la calle, es probable que se produjeran muchas muertes; en Bolivia, demandan idénticas garantías para salir a controlar, con balas que no son de goma, a los insurrectos partidarios de Evo Morales que quieren incendiar el país.

El miércoles, nuestro Hº Aguantadero, en comisión bicameral, cristalizó –para evitar el libre albedrío de los jueces- las razones que justificarán la aplicación de la prisión preventiva antes de la sentencia definitiva. Rápidamente, el periodismo salió a preguntarse cuántos de los detenidos por las causas de corrupción recuperarán su libertad, pero no escuché a nadie inquirir sobre la suerte de tantos militares ancianos que, incluso sin haber sido enjuiciados aún, están preventivamente presos hace más de una década.

Nada está dicho aún en nuestra América del Sur, pero Colombia parece haberse convertido en el próximo objetivo de esos temibles canallas, ya que el Brasil de Jair Bolsonaro no parece ser un bocado fácil y aquí, en la Argentina, la tranquilidad callejera que trajo aparejada el triunfo del peronismo pegoteado se extenderá, seguramente, por varios meses.