El nuevo presidente ha introducido una importante novedad en el trato que ofrece a sus interlocutores menos complacientes. Habitualmente, lo que hacían (y en verdad siguen haciendo) Cristina y sus acólitos era considerarlos como enemigos del pueblo: “Uds. nos critican porque son oligarcas, derechistas, liberales, y varios etcéteras”.

Entre los cuales ahora suelen agregar “machistas”. En cambio Alberto se ahorra esos calificativos, y en vez de tomarte por un maldito te toma por tonto: “No te calentés, lo que estás sintiendo como tocada de c… es en verdad un abrazo solidario”.

Podría considerarse este giro como un avance en el terreno de la convivencia. Pero también como un sutil giro en dirección contraria: al menos con Cristina te podías sentir reconocido como adversario, del peor modo, pero reconocido al fin; en cambio Alberto te da una patada en la ingle por debajo de la mesa mientras te hace un mimo por arriba, para que todos vean lo mucho que le importa el diálogo, el consenso y la reconciliación, dejándote sin mucho margen para reaccionar y sin saber qué esperar la próxima vez.

El nuevo presidente acaba de anunciar en un programa de radio que “los jubilados van a dejar de perder” frente a la inflación gracias a la ley de emergencia. Y para demostrar lo mucho que le importa la igualdad de trato anunció que enviará a sesiones extraordinarias dos proyectos de ley para terminar con las jubilaciones de privilegio de diplomáticos y jueces.

No aclaró que, aunque esos proyectos se aprueben, no corregirían la desigualdad agravada por la ley de emergencia que él hizo votar a las apuradas, y que rige a partir de ahora para quienes ya están cobrando jubilaciones y pensiones, más allá de lo que suceda con quienes se jubilen en el futuro. Por lo que continuará rigiendo un doble privilegio para jueces y diplomáticos: seguirán siendo los únicos que tendrán asegurada la actualización de sus ya jugosas percepciones, como hasta aquí, mientras los que cobran por encima de 20.000 pesos en el régimen común nacional, las tendrán congeladas.

Tampoco se verán afectados quienes reciben jubilaciones de semi privilegio de cajas provinciales que siempre se han financiado con recursos coparticipados e impuesto distritales, que van camino a incrementarse sustancialmente, a costa de empresas y contribuyentes particulares. Más injusticias, en suma, en un sistema previsional que trata a la gente no según lo que aportó, si no según el poder que consiguió a través de corporaciones, legislaturas locales y afinidades clientelares de los funcionarios de turno, y empeoró sensiblemente en todos estos terrenos desde la década de los 2000, los años de oro del kirchnerismo.

Si realmente Alberto quería evitar esta injusticia debía haber prevenido a sus diputados y senadores de votar semejante trato discriminatorio. O aún podía, después de la votación, vetar ese artículo de la ley. Pero se ve que comparte con sus conmilitones del Congreso la solidaridad de los cínicos.

Para empeorarla del todo ahora nos dice que no hay de qué preocuparse porque gracias a esta ley los jubilados “van a dejar de perder”, acusando al gobierno anterior por el retraso de alrededor de 20% de sus ingresos en los últimos meses. Cosa que es estrictamente cierta. Pero que se hubiera corregido en marzo del año próximo, cuando se debía contabilizar la inflación acumulada durante 2019; y hubiera sido más grave aún de no ser por el mecanismo automático de actualización votado en 2017.

Al mismo tiempo su gestión se vanagloria por lo bajo del ahorro que va a permitir la ley de emergencia en el gasto previsional: algunos calculan que será de alrededor de 2% del PBI, una millonada. Necesita esa carta para sentarse a renegociar la deuda: los acreedores le exigirán que demuestre que, no ahora, pero en un par de años, va a tener plata para pagarles. El problema es que dentro de unos años va a tener también un montón más de juicios de los jubilados afectados por el trato desigual y discrecional. Lo único que pueden esperar en el gobierno, y en el mundo financiero, es que esos juicios se estiren lo suficiente como para que los tenga que pagar el que los siga. Para lo que vendrá bien la ayuda de algunos jueces. Con la que se podrá contar siempre que a ellos los cambios normativos no los afecten demasiado: habrá que ver qué opinan si resulta que a la hora de jubilarse los tratan mucho peor que a sus mayores. Toda una cadena de engaños y espejitos de colores que está bueno llamar “solidaridad social”, porque las alternativas sonarían realmente fulero.

Con el mismo ánimo Alberto y sus funcionarios negaron que se hayan aumentado las retenciones: ellas habrían sido “solo actualizadas”. En tanto la insólita atribución concedida al presidente para que decida por sí mismo aumentos de sueldos en el sector privado, cuyo único antecedente puede encontrarse en la última dictadura, fue presentada como pieza clave del “consenso buscado con los actores sindicales y empresarios”. Martínez de Hoz se habría muerto de risa.

“Impuestazo”, “ajustazo”, claman los opositores. Cuando la verdad es que, de haber ellos ganado las elecciones, serían ahora el objeto de acusaciones parecidas. El cinismo no es exclusivo patrimonio de los que han vuelto a gobernarnos.

Lo que realmente resulta más molesto de ellos es que quieran vendernos gato por liebre, y estén ingeniándoselas para armar un mamarracho legal que, en el mejor de los casos, solo servirá para salir del paso, y no evitará que los problemas que hoy nos aquejan reaparezcan, tal vez agravados, un poco más adelante. “Una política de desarrollo consistente e inclusiva” la llama el sonriente Martín Guzmán. Son geniales.