La represión de "mano dura" parece haber fracasado en varios países de América Latina donde existe la desigualdad social y la pobreza, incluido Chile, otrora considerado como un modelo a seguir a raíz de su vertiginoso crecimiento económico.

Sin embargo, desde el pasado 18 de octubre, este país ya no es el mismo luego de que el presidente Sebastían Piñera decidiera aumentar el pasaje del subte de Santiago, provocando el rechazo de trabajadores y estudiantes.

Los disturbios han dejado hasta la fecha por lo menos 28 muertos y 4.903 heridos, 28.000 detenidos y 350 personas con lesiones oculares, según un informe de las Naciones Unidas.

La policía de Carabineros empezó a lanzar gases lacrimógenos, pero luego, ante la magnitud de los incidentes, los militares salieron a las calles, recordando las peores épocas de la dictadura del general Augusto Pinochet.

En una entrevista con la cadena estadounidense CNN en español, a principios de diciembre, el presidente Piñera denunció una "campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de un desorden y de una crisis total ha sido gigantesca".

Generalmente, se justifica la aplicación de la "mano dura" para contener supuestos actos de guerra o de terrorismo, como denunció en su momento Piñera.

Sin embargo, no existe ningún motivo para aceptar la violación de los derechos humanos, como denunció en su momento Amnistía Internacional (AI) en Chile, en un informe que fue rechazado categóricamente por Piñera.

El mandatario chileno, quien convocó a un plebiscito para el 26 de abril para reformar la Constitución de 1980, dijo que muchos de esos hechos "fueron filmados" fuera del país trasandino.

Para Patricio Geli, profesor en Problemas Mundiales Contemporáneos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), "por más que la clase política se ponga de acuerdo, es muy difícil llegar a un consenso debido a la igualdad social".

"El problema central es la representatividad. En general las poblaciones no se sienten representadas por la clase política", afirmó en declaraciones a la agencia de noticias Télam.

El analista explicó que, en el caso de Chile, "el supuesto milagro económico de Pinochet llegó a su fin, pues lo que se ve es una sociedad poco igualitaria", y remarcó que "la represión es lo contrario al consenso".

El primero de octubre pasado, la violencia contra centenares de indígenas en Ecuador dejó por lo menos 7 muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos.

La revuelta estalló luego de que el presidente Lenin Moreno eliminara los subsidios a los combustibles para acceder a un préstamo de 4,2 millones de dólares del FMI.

Moreno decretó el estado de excepción por 60 días y desplegó a las fuerzas armadas por varias ciudades ecuatorianas, registrándose saqueos, destrucción de locales y servicios públicos que dejaron pérdidas millonarias.

Las protestas finalizaron luego de once días de combates callejeros, cuando el presidente Moreno derogó la polémica norma que elevaba el precio de los combustibles.

A este cuadro se suma también los disturbios ocurridos tras el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, el pasado 10 de noviembre, luego de una elección presidencial en la que se denunció fraude, que causaron por lo menos 35 muertos, según la Defensoría del Pueblo.

La "mano dura", por otra parte, ha servido para sostener gobiernos autoritarios como en el caso de Venezuela.

El informe confeccionado por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos, tras visitar Caracas el pasado 4 de julio, es contundente: entre enero de 2018 y mayo de 2019 se llevaron a cabo más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales en ese país caribeño, gobernado por el chavista Nicolás Maduro.

Además, hay otros hechos desafortunados en la región, como el indulto que concedió en Navidad el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que beneficia a muchos policías que habían sido condenados por homicidio.

El perdón se extendió, asimismo, a militares que repriman manifestaciones o que atiendan situaciones de violencia que no puedan ser controladas por los cuerpos policiales.

La violencia y el crimen organizado contribuyen también a desestabilizar las democracias de América Latina, donde más de 80 millones de personas viven en una pobreza extrema.

Sin embargo, los costos para combatir la delincuencia en dicha región y el Caribe llegan al 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI), el doble que el mundo desarrollado, según un informe del diario El País, de Madrid.

"Es muy difícil mantener un régimen político solo con represión, porque, finalmente, duran poco en la historia", afirmó el analista Geli.