Mendoza ha sido epicentro de enfrentamientos entre manifestantes, que defienden el agua y los recursos naturales de su provincia luchando contra los avances de la minería contaminante, y las Fuerzas de Seguridad Provinciales.

La modificación de la Ley 7722/07, que establece la “Prohibición del uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”, que permitiría a las mineras operar aún en contra de los intereses de la ciudadanía, logró reflotar y recrudecer análogamente las graves falencias del sistema y dejar al descubierto el desconocimiento general, sobre las funciones y los roles que los Trabajadores de las Fuerzas de Seguridad se encuentran obligados por ley a cumplir.

Pero, cómo desconocer que muchos de los Servidores Públicos presentes en los dispositivos de seguridad, se encuentran también identificados con las proclamas y manifestaciones del pueblo Mendocino, ya que inexorablemente su propio medio ambiente, su calidad de vida, su salud, y las de sus familias, se verían gravemente afectadas y comprometidas de avanzar las iniciativas impulsadas por los monopolios mineros y respaldadas por algunas facciones políticas, que poseen como único fin lucrar comprando voluntades, explotar los recursos naturales de las diferentes regiones, contaminar el medio ambiente, y violar los Derechos Fundamentales de la población?

Desconoce quizás la Sociedad que las determinaciones para intervenir en manifestaciones y desbordes sociales de tamaña magnitud, son atribuciones no excluyentes y exclusivas del Poder Ejecutivo y Judicial Provincial?

Con estos datos sobre el tapete, aunque ocultados y negados por algunos colectivos, organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos; podemos atribuir a las Fuerzas Policiales una postura arbitraria, ilegal, antidemocrática y represiva?

El día 23 de diciembre se llevó a cabo una movilización por la Defensa de la Ley 7722 que finalizaría frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza. Como establecen los protocolos y previéndose una participación multitudinaria de ciudadanos convocados por la protección del agua y en contra de la minería contaminante, las autoridades políticas y policiales dispusieron una vez mas el despliegue de uniformados y dispositivos de seguridad.

Los titulares mediáticos sobre los acontecimientos de la jornada no dejaban lugar a duda; “la Gobernación de Mendoza y la Policía Provincial reprimieron cobardemente una manifestación legítima del pueblo”. Por diferentes medios y redes sociales circulaba material de todo tipo donde se mostraba el momento exacto del despliegue del Cuerpo de Infantería para dispersar a los manifestantes, aunque sin embargo no existió prácticamente documento alguno de los momentos previos en donde solamente se ven vallas de contención sostenidas por personal desarmado a merced de las agresiones y las piedras de grupos no identificados.

Tampoco existieron registros ni comunicados oficiales donde se exponga como los jóvenes policías que ocupaban los frentes de contención, caían al piso producto de contusiones, o les rompían sus manos cuando los proyectiles impactaban en sus miembros aferrados a los cercos de metal, mientras imploraban a los gritos a sus Superiores y Jefes de Operativo que los resguardaran de esa situación.

Por diversos espacios se difundieron los nombres y apellidos de los manifestantes y actores sociales que sufrieron alguna lesión, e incluso se mencionaba sus situaciones procesales o si se encontraban privados de la libertad, pero jamás se difundió el número exacto de contusos y heridos de la Fuerza Mendocina, como así tampoco la gravedad de los casos y como estas personas hoy continúan con sus vidas, aunque ya habría trascendido que muchos debieron retornar a sus funciones vendados, con yesos, e incluso prótesis.

Menos aún saldría a la luz que un grupo de uniformados antiguos, indignados ante la desprotección y abandono de sus pares y subalternos, “se plantaron” ante los Altos Mandos amenazando con abandonar la posición si no ordenaban inmediatamente repeler los ataques y salvaguardar a sus compañeros.

Otros detalles podrían mencionarse aunque ya son situaciones repetidas y conocidas puertas adentro, como por ejemplo que los convocados al operativo eran en su mayoría trabajadores salientes de guardia que habían cumplido con 24 horas de servicio ininterrumpidas, y que fueron recargados con otras 24 horas más para proteger la Casa de Gobierno y las inmediaciones, que se encontraban exhaustos y en condiciones deplorables, sin relevos, sin agua, sin comida ni baños suficientes, y tirados en el piso a la espera de las disposiciones de sus superiores.

Pero, ¿por qué motivo ningún medio periodístico local o nacional, e incluso los mismos organismos oficiales como la Gobernación o la Jefatura de Policía de Mendoza no informó a la opinión pública, que sucedió realmente el 23 de diciembre frente a la Casa de Gobierno, cuando colocaron en los vallados a policías recién egresados, desarmados, y sin ninguna experiencia previa con manifestaciones?

¿Quiénes tenían la responsabilidad de organizar y desplegar los dispositivos de seguridad, proteger los bienes y patrimonio del Estado, y evitar desbordes?

¿Quiénes tenían también la responsabilidad y obligación de cuidar a los Servidores Públicos afectados al operativo que fueron blanco de los ataques?

¿Cuál es el límite o punto de inflexión que permite determinar, si las Fuerzas de Seguridad solamente deben resistir y contener, o deben utilizar la fuerza proporcional necesaria para dispersar y detener a los manifestantes violentos?

¿Son acaso los Trabajadores de las Fuerzas de Seguridad los fusibles o chivos expiatorios, que deben responder por la corrupción, la desidia, inoperancia e incompetencia de la clase política, poniendo la cara y el cuerpo ante la Sociedad, para que esta descargue sus frustraciones y reclamos muchas veces no pacíficos?

¿Debemos centrar nuestra atención en el accionar de las Fuerzas de Seguridad, cuando en realidad la violencia y el abuso han sido generados y promovidos por los mismos políticos, que han sido empoderados mediante procesos electorales democráticos, que reflejarían en principio la voluntad del ciudadano?

¿Qué postura y cómo deberían proceder los Uniformados ante la encrucijada de acatar leyes y órdenes emanadas de autoridades jurisdiccionales competentes que se presumen legales, cuando existen certezas o presunciones que tales medidas pueden provocar serios perjuicios a la Comunidad de la cual también son parte, o que incluso el cumplimiento de estas órdenes pueden colocar en grave riesgo la integridad y la vida de civiles, y las suyas propias como brazo ejecutor de decisiones gubernamentales, ya que no cuentan con las condiciones para ejercer adecuadamente la función?

¿Qué sucedería si uno, varios, o todos los Funcionarios Policiales, decidieran hacer prevalecer su percepción personal, su Libertad de Opinión, de Conciencia y Reclamo, e identificados con esta justa causa de defensa del medio ambiente o cualquier otra, procedieran sin mas a abandonar sus puestos, y arrojar al piso sus escudos y bastones antidisturbios provistos por el Estado, para plegarse al clamor popular?

Pasada la euforia y la algarabía, ¿qué normativa, institución o sector, velaría por el bienestar de este grupo de “policías insubordinados” que abandonando su zona de confort decidieron no participar de un operativo se seguridad e incumplir las órdenes de sus superiores, que reflejan inexorablemente la voluntad de la clase política gobernante?

¿Podemos reclamar y exigir a un Uniformado que determine una posición cuando como “Sociedad, Jurídica y Políticamente Organizada”, no hemos tenido la voluntad, la visión ni el valor para debatir e impulsar reformas que generen condiciones propicias que formen Servidores Públicos Profesionales, que gocen de bases jurídicas sólidas e instituciones democráticas transparentes, para garantizar sus propios derechos, y por ende los de la Sociedad?

Luego de las presiones sociales locales e internacionales el gobernador de Mendoza por Cambiemos, Rodolfo Suárez, anunció que no se aplicarían las modificaciones a la ley minera 7722, y habría convocado a un amplio debate en el que espera “llegar a un acuerdo para poner en vigencia la norma”, apuntando a una reglamentación “democrática y consensuada”.

Sin una solución definitiva al conflicto, y pese a que el mandatario aseguró que suspendería la reglamentación de la ley con lo cual no entraría en vigencia, los mendocinos permanecieron en alerta observando con desconfianza los siguientes pasos, ya que de ello dependía el futuro del medio ambiente y el agua de Mendoza.

En este punto la vigencia y operatividad de un marco legal que permita operar a mineras con sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras similares en los procesos mineros metalíferos, estaría supeditada a la habilidad y los movimientos de los operadores corporativos y frentes políticos interesados.

Finalmente el 30 de diciembre de 2019, y gracias a la cohesión del pueblo mendocino y su férrea resistencia, la Legislatura Provincial aprobó la derogación de la Ley 9209/09, que fuera sancionada solamente diez días atrás.

Los mendocinos resistieron unidos y se impusieron a los intereses de unos pocos. Es imposible desconocer la importancia de la protección del medio ambiente y la participación ciudadana en las decisiones de los gobiernos, pero tampoco podemos ignorar como cíclicamente resurgen de la mano de los conflictos sociales las problemáticas y fisuras estructurales que históricamente han sido negadas o desestimadas, cuando en cada manifestación las Fuerzas Policiales y de Seguridad deben intervenir por mandato legal, a las órdenes de quienes tienen poder de decisión pero denotan desinformación, desinterés e incluso desidia, permitiendo la preeminencia de un sistema imperfecto y corrupto que pareciera conveniente, siga funcionando de esa forma.

Las mineras contaminantes perdieron en Mendoza, y la provincia continuará con la Ley 7722 más vigente que nunca protegiendo los recursos naturales de los mendocinos. Quizás es ahora el momento de evitar mirar a otra parte y con la evidencia ante nuestros ojos, priorizar como tema de análisis y discusión, “La Realidad del Hombre Detrás del Escudo y sus Vínculos con la Sociedad y el Poder”.