La precarización o precariedad laboral, es la inseguridad, incertidumbre y la falta de garantía de condiciones socioeconómicas mínimas y suficientes para una supervivencia digna que afecta a los trabajadores y repercute en su entorno familiar y social.

Estas situaciones son causadas por relaciones humanas, culturales y sociales, por estructuras y sistemas políticos y económicos, laborales, comerciales y financieros que generan desigualdad e injusticia social, pero; ¿cómo se originan estas condiciones que precarizan, degradan y explotan a los trabajadores? Existen de manera casuística y desordenada, o son planificadas y promovidas por los propios Estados y grupos de poder como mecanismos de dominio y control? ¿Qué fines persiguen?

La crisis económica atraviesa y afecta a muchos sectores, inclusive a los integrantes de las Instituciones Policiales. Desde hace mucho tiempo los Servidores Públicos Uniformados de la República Argentina, y contrariamente con lo que sucede en países del primer mundo, han debido recurrir a actividades paralelas a su profesión para generar recursos para mantener a sus familias.

Quienes tienen la suerte de contar con un título, oficio o comercio, encontraron los espacios para emprender, adaptándose claro está a las exigencias y vicisitudes de la profesión, y en los últimos tiempos tomaron especial relevancia las actividades privadas de traslado de pasajeros dado la flexibilidad que las mismas ofrecen, permitiendo incluso la utilización de vehículos particulares, tales los casos de las agencias de remises barriales y las innovadoras pero a la vez cuestionadas aplicaciones de Uber, Scabify, entre otras.

Enero de 2020. Crónica. Provincia de Buenos Aires: “Policía remisero eliminó a disparos a ladrón que intentó asaltarlo”

Octubre de 2019. Infobae. Provincia de Buenos Aires: “Es gendarme, trabajaba como chofer y cuatro pasajeros quisieron robarle: mató a dos”

Las alternativas enumeradas no guardan ningún tipo de relación con la función policial, y son elegidas por aquellos que no desean quizás su mundo, se limite exclusivamente al ámbito de la seguridad, tal vez por conocerlo en profundidad. Existen sin embargo otras alternativas para generar ingresos vinculadas con la profesión elegida; los Servicios de Seguridad Adicionales.

De manera desregulada o bajo el amparo de legislación vaga y difusa, las Fuerzas Federales, Provinciales, Locales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecen pautas de contratación de coberturas para eventos entre entidades públicas o privadas con el propio Estado, laboradas por Servidores Públicos Uniformados a cambio de una remuneración no negociable, al menos no por estos últimos.

Adicional, Servicios Adicionales de Seguridad, Servicio Extraordinario, Policía Adicional (Polad), entre otras, son algunas de sus denominaciones.

Debemos necesariamente diferenciar estos servicios con las llamadas “horas extras”, que en principio “intentarían reconocer” el tiempo de recargo o excedente trabajado por los uniformados cuando superan el máximo fijado por ley para las “Guardias o Servicios Ordinarios”, la actividad policial cotidiana, como el caso de la “Compensación por Recargo de Servicio (CORES)” previsto por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

Existen también muchas Fuerzas de Seguridad, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en la cual se encontraría vigente un sistema de recargo que impone a sus miembros el cumplimiento forzado, compulsivo y arbitrario de horas extras a modo de “Refuerzos”, valiéndose de limbos jurídicos convenientes para el Estado que jamás terminan de definir la cantidad máxima de horas laborables exigibles, características, particularidades y modalidades de implementación, propiciando la interpretación subjetiva e improvisación de los cargos jerárquicos que “abusan reiterada y sistemáticamente de los trabajadores”, que desprovistos de certeza, respaldo legal y representación idónea, son violados en sus derechos y privados no solo de la retribución pecuniaria correspondiente, sino además del descanso físico y mental necesario que a mediano o largo plazo, afectará su salud física y mental, debilitando finalmente por ende los Sistemas y Controles de Seguridad Ciudadana. Contribuye a propiciar este panorama, la inexistencia de iniciativas y políticas para diseñar regímenes modernos y profesionales, que adopten modalidades de trabajo sustentados en estudios médicos y científicos, y en parámetros legales acordes al ámbito y función.

Ahora bien, pareciera a simple vista que se aborda aquí un tema de injerencia exclusiva para las partes intervinientes; los Entes Públicos o Privados requirentes, y el Estado en todos sus niveles encarnado por el Poder Ejecutivo, Ministerio de Seguridad, y la Institución Policial que negocia y celebra los contratos, organiza los dispositivos, y selecciona y provee la “mano de obra estatal”, lo que nos lleva a preguntarnos; ¿de qué manera afectan estas contrataciones y mecanismos a la Comunidad y la Seguridad Pública? ¿Cómo podrían los Adicionales o Servicios de Seguridad perjudicar a los Uniformados, si con estos incrementan su poder adquisitivo y mejoran la calidad de vida de sus familias de manera lícita?

La Policía de la provincia de Mendoza cuenta entre sus filas con aproximadamente 10.000 efectivos, de los cuales 6.000, un 60% del organismo, ha realizado o realiza “Servicios Extraordinarios” produciendo ingresos millonarios no susceptibles de retenciones o cargas impositivas, que la Gobernación y el Ministerio de Seguridad Provincial administran discrecionalmente, ya que la Sociedad y los mismos efectivos saben muy poco al respecto. ¿Existen irregularidades o inconsistencias?

Asociaciones que nuclean a Trabajadores y Familiares de Fuerzas de Seguridad de Mendoza basadas en planteos y denuncias previas de policías y deudos, esgrimieron serias dudas en cuanto al funcionamiento y la administración de la oficina de Servicios Extraordinarios creada por Ley 7120/2003, dependiente del Ministerio de Seguridad Provincial.

Consultadas al respecto Liliana Noemí Cortez, presidente de la “Unión de Trabajadores y Familiares de Fuerzas de Seguridad de Mendoza”, y Lorena Vanesa Guidolin, quien encabeza la “Asociación de Esposas y Familiares de Policías de Mendoza”, de manera coincidente manifestaron que existen “demoras dudosas” en los pagos a los trabajadores e incluso retrasos de doce meses o más, como en los casos del “Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)”, más conocido como PAMI Mendoza, y el “Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)”, con el agravante que la ley prevé un porcentaje destinado específicamente para cubrir posibles incumplimientos de los contratantes. En tal sentido también habrían quedado en evidencia diferentes situaciones de apremios y maltratos a los uniformados, que al no percibir el pago por el trabajo realizado debieron viajar largas distancias, -ya que el sector competente no informa ni recibe reclamos por otro medio-, para consultar a la oficina ministerial sobre la situación de lo adeudado, recibiendo en cambio agravios e intimaciones para desistir las peticiones.

De izquierda a derecha: Liliana Noemí Cortéz; Vanesa Lorena Guidolin

Sostuvieron que entre otras irregularidades, muchas de las instalaciones o puestos de control destinados a prestar servicios no cubren las exigencias mínimas de seguridad, higiene y confort, por lo cual el Policía debe permanecer muchas horas sin agua, baño, luz, e incluso expuesto a condiciones climáticas extremas.

Finalmente, hicieron especial énfasis en la falta de claridad y publicidad de los “ingresos millonarios” generados con el trabajo de los policías, y en como se utilizan los “porcentajes extras” abonados por los mismos contratantes, que en principio deberían destinarse a la “cancelación de servicios no abonados”, y a la “adquisición de equipamiento, bienes y servicios para dar cumplimiento a las prestaciones esenciales del sistema provincial de seguridad pública”.

Con lo expuesto quedaría en evidencia que desde julio de 2003, con la entrada en vigencia de la Ley 7120, y hasta el presente, se desconocerían en detalle los activos ingresados, movimientos, ítems y criterios de afectación, de los fondos generados con la prestación de Servicios Extraordinarios de la Policía de la Provincia de Mendoza.

Contactado por este tema y ya en conocimiento de la situación, el diputado nacional de la provincia de Mendoza Dr. José Luis Ramón, manifestó que “los aspectos vinculados con las condiciones laborales y humanas de los Uniformados son centrales, e inciden directamente en el buen funcionamiento de la Seguridad Pública” y que, “no podemos permitir la continuidad de Estados que dispongan libre y discrecionalmente de fondos destinados únicamente a la adquisición de cámaras, patrulleros, armas y municiones, pretendiéndose así disminuir los índices de violencia e inseguridad, cuando existen aspectos primarios a resolver como la selección meticulosa de quienes protegerán a los ciudadanos, y su formación académica y perfeccionamiento constante, que garantizará que ya en funciones, cumplan fiel y eficientemente con su importantísima misión social”.

En el mismo sentido marcó que se deben establecer como prioridades para los Agentes, la “eliminación de toda forma de precarización laboral ya que condiciona el desempeño de los mismos, impulsándose reformas que establezcan salarios acordes y suficientes, sistemas de salud integrales, y políticas institucionales modernas que permitan profesionalizar a sus trabajadores”.

Señaló, “la incoherencia de exigir resultados y estándares cada vez más altos, mientras se obliga a los uniformados a trabajar muchísimas horas en condiciones precarias e incluso de abandono, para solamente cubrir las necesidades básicas de sus familias”, trayendo como ejemplo las similitudes que existirían con los Docentes de la provincia de Mendoza y el “ítem aula”.

Por último y enfáticamente resaltó, que “la Sociedad tiene una deuda pendiente con las Fuerzas Policiales y de Seguridad”.

Sobrados son los escándalos por corrupción que incluyen maniobras fraudulentas e ilegales en diferentes jurisdicciones e instituciones del país, que evidencian delitos de diversa índole vinculados con contrataciones de servicios adicionales que engrosan “fondos y cajas negras gubernamentales y privadas”, valiéndose de la demanda de privados y entes estatales, y la necesidad de los Trabajadores de Fuerzas Públicas;

Noviembre de 2019. La Voz. Provincia de Córdoba.

“Investigan malversación en el pago de adicionales en la Policía de Río Cuarto”. Por estas horas, hay demoras para que los policías cobren los servicios adicionales de seguridad y vigilancia en la ciudad de Río Cuarto. Las computadoras que tienen cargado el sistema para el pago fueron trasladadas a una fiscalía de instrucción. Se investiga una presunta malversación en la millonaria cuenta de tales fondos, constituida con aportes de bancos, del Estado nacional y provincial y de privados que organizan espectáculos públicos.

Julio de 2019. Agencia Nova. Provincia de Buenos Aires.

“Policías bonaerenses arriesgan su vida por 50 pesos la hora”. Luego de que se conociera la noticia de que algunos efectivos de la policía bonaerense estaban siendo asignados a las “zonas calientes” del conurbano bonaerense sin el armamento reglamentario, otros uniformados se animaron a manifestar de forma anónima su malestar por la estructura salarial que se mantiene vigente con salarios de hambre en territorio bonaerense. Ahora los uniformados, están evidenciando su malestar por el valor que la provincia la asigna a las horas extras, conocidas como “Horas Cores”, por corresponder con el sistema de Compensación por Recargo de Servicio (CORES), que alcanza apenas los 50 pesos, o “menos de los que valen tres turrones en un kiosko”.

Julio de 2019. El Tribuno. Provincia de Jujuy.

“Malestar policial por falta de pago de adicionales”. Se adeudan servicios desde marzo del año pasado y las coberturas son abonadas por anticipado.

Junio de 2018. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa. Provincia de Formosa.

“A partir de denuncias de no pago de servicios adicionales y presuntas amenazas y sanciones a policías, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa impulsa acciones para esclarecer los casos”.

Marzo de 2017. La Nación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“El gobierno porteño investiga casos de corrupción policial”. Las autoridades analizan si la dependencia bajo auditoría cometió irregularidades en el momento de informar la cantidad de efectivos en servicios adicionales. Si bien la sede del Doucad es la base de operaciones de los grupos de contención de protestas, esa unidad está integrada ahora por unos 1700 efectivos al agruparse los diferentes cuerpos especiales, como la caballería y la infantería, que fueron fusionados desde la Policía Federal y la Policía Metropolitana. El Doucad había sido uno de los primeros grupos en ser transferidos a la ciudad, con su paso concretado en mayo del año pasado. Las autoridades porteñas estiman que la defraudación cometida por efectivos de esa unidad puede ser millonaria.

Octubre de 2016. El Patagónico. Provincia de Comodoro Rivadavia.

“Se busca centralizar todos los servicios adicionales de Policía en una sola oficina”. La puja que existe entre suboficiales y oficiales por el reparto de los servicios adicionales, un trabajo rentado que se ofrece a instituciones públicas y privadas, lleva a que se desaten problemas en el interior de las comisarías de Comodoro Rivadavia. La situación genera rencillas y recelos entre los mismos compañeros. Hay “camarillas” y se dictan traslados ante las mínimas acusaciones. Así, según informaron fuentes policiales, se analiza la creación de una oficina que centralizará todos los servicios adicionales y los distribuirá equitativamente hacia todas las reparticiones policiales. Hoy la organización de los adicionales está en manos de los jefes de cada repartición que los distribuyen a su arbitrio.

Junio de 2016. Diario Uno. Provincia de Mendoza.

“Corrupción policial en Mendoza: la Tropa denunció a los comisarios”. Así trascendió desde la Inspección General de Seguridad tras la suspensión de tres jefes policiales por el manejo irregular de Servicios Extraordinarios. Los uniformados revelaron que debían hacerlos y que no se los pagaban.

Septiembre de 2014. Diario Democracia. Provincia de Buenos Aires.

“Egreso con polémica de fondo por recorte en adicionales”. Una resolución oficial prohíbe asignar horas CORES y POLAD a quienes tomen licencia por enfermedad.

Septiembre de 2015. Mendoza Post. Provincia de Mendoza.

“Policía denuncia ante la Fiscalía esclavitud laboral dentro de la Fuerza”, expone sobre las horas de prestación de servicio dentro de la Policía de Mendoza a partir de la denuncia de un uniformado de la Institución, Oficial Auxiliar 1° PP Darío Daniel Donoso, al Fiscal de Estado Fernando Simón.

Año 2010. Canal SN. Río Provincia de Negro.

“Sargento de las Fuerzas Especiales de la Policía de la Provincia de Río Negro” Carlos Roquer, inició una larga marcha hacia Viedma para entrevistarse con el Jefe de la Fuerza y fue captado por las cámaras, a partir de diversas denuncias contra la cúpula policial de graves irregularidades y hechos de corrupción que incluiría la administración fraudulenta de Servicios de Seguridad Adicionales.

La información y los antecedentes obrantes son abrumadores y dejan al descubierto un sistema de contratación y administración de seguridad estatal imperfecto, o “inmejorable según la perspectiva de los beneficiarios”.

El aparato se sostiene necesariamente manteniendo en condiciones laborales precarias y niveles salariales indignos a los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Los beneficios aparentes son insignificantes cuando se comprende que la situación profesional del Policía dista del ideal, y que sus haberes son insuficientes para sostener una familia cumpliendo un duro trabajo que coloca en riesgo permanente no sólo la integridad física y emocional del funcionario, sino también su vida misma.

Los ingresos provenientes de Servicios Adicionales a corto plazo pueden significar progreso para el Servidor Público, pero a mediano o largo tiempo el esfuerzo no tendrá injerencia en ítems esenciales como Suplementos, Sueldo Anual Complementario (SAC), Licencias, Indemnizaciones Profesionales, y menos aún en los Haberes Previsionales de Retiros y Pensiones.

Continuarán vigentes las especulaciones y los cobros irregulares, y se incrementaran los casos “no resueltos” de Violencia Institucional, persecución y hostigamiento, contra quienes se atrevan a denunciar reclamando transparencia y respeto por sus derechos.

La incompatibilidad y superposición de tareas, funciones e intereses, jugarán en detrimento de la Seguridad Ciudadana, dado que el próspero negocio estimula a los altos funcionarios de “uniforme y de traje”.

La Violencia Estructural y Económica perpetrada de manera dolosa por el Estado en contra del Uniformado ávido de ingresos para vivir, salvo honrosas excepciones, logrará subordinarlo y someterlo a directivas y usos y costumbres “dudosos e implícitos”, doblegando su voluntad y vocación de servicio, a la vez que lo apartará del camino de ideales alguna vez emprendido.

Analizar, comprender y solucionar la grave situación de Precarización Laboral de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, constituye probablemente un paso fundamental para transparentar las instituciones y el accionar de sus miembros. La eliminación de “cajas negras” desalentará la utilización vil de los recursos del Estado destinados a satisfacer el Bien Común, evitando la proliferación de hechos delictivos, daños y muertes innecesarias. Sólo resta saber, quienes asumirán el reto.

© Todos los derechos Tribuna de Periodistas